La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero - EP

El Gobierno, enfrentado por el impuesto al diésel

Cuatro ministros esgrimen sus motivos a Sánchez para aplicar o no el tributo

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Ni en el mismo seno del Gobierno se ponen de acuerdo sobre cómo articular un nuevo impuesto a los carburantes. En concreto, al diésel. Discrepancia interna entre cuatro ministerios a cuenta de la aplicación de un impuesto que está exento de toda popularidad entre los ciudadanos y empresarios de los sectores afectados.

Según ha podido saber ABC, varios miembros del Ejecutivo de Sánchez argumentan al presidente, tanto en público como en privado, sus motivos sobre la necesidad o no de esta subida tributaria. Eso sí, dependiendo siempre de los intereses del departamento que dirigen. Hablamos de Hacienda, Industria, Transición Ecológica y Agricultura. Por un lado, señalan el afán recaudatorio necesario para afrontar una política de más gasto público, por otro, como herramienta disuasoria de agresión al medio ambiente que hay que solucionar, mientras que los que están en contra elevan la voz de los afectados que se quejan por un impuesto que afectaría a los de siempre: a todos los ciudadanos, sobre todo, a la maltratada clase media y a los empresarios del sector de la automoción y derivados.

Ayer mismo, fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que volvía a la carga para apuntalar el tema y, en una entrevista en Cope, explicaba que todos los impuestos medioambientales se discuten de manera responsable, y que «no tiene que haber diferencias entre gasolina y diésel» por lo que apostó «por una equiparación progresiva».

Y es que desde que el presidente del Gobierno anunciara que en las líneas presupuestarias que se enviarán a Bruselas y que servirán para estructurar las Cuentas Generales del Estado para 2019 se incluirá un impuesto al diésel, el enfrentamiento interno ha sido patente. Para dos de las carteras afectadas -Hacienda y Transición Ecológica- la razón de ser del nuevo impuesto es la que esgrime el propio Sánchez como uno de sus mantras incluidos en su ideario populista: un Gobierno «ecologista, comprometido con la transición ecológica». Y en esa línea es en la que ambos ministerios dicen trabajar.

Una línea en la que efectivamente trabaja también la ministra del ramo, Teresa Ribera, que llegó a sentenciar a principios de agosto al carburante: «los días del diésel están contados», al tiempo que avanzaba que el Gobierno buscaba ya fórmulas, «fiscales y regulatorias», para acompañar a las grandes ciudades que buscan ser cada día más sostenibles. «Durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas en lo que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida», explicó.

Sin embargo, poco después de que el presidente volviera a recordar que ese alza tributaria al diésel es necesaria -el pasado 3 de septiembre, en otra entrevista radiofónica-, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su intervención en el 32 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic, ponía en duda incluso de que lo hubiera anunciado Sánchez: «Se ha hecho un globo sonda pero estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada», afirmó. La ministra se ha quejado de las presiones que recibe de los empresarios del sector de automoción, muy preocupados por las consecuencias de este «ataque» directo a las tripas de su producción, que auguran el cierre de factorías ante la falta de pedidos y la amenaza que eso supone para decenas de miles de puestos de trabajo.

Dudas que también tienen en el Ministerio de Agricultura liderado por Luis Planas, que está intentando por todos los medios que esa posible subida excluya a parte de los «parroquianos» bajo su paraguas: a transportistas y agricultores.