El Gobierno elude enviar al Consejo de Estado las reformas del sector energético

Los empresarios de estaciones de servicio amenazan con recurrir a Competencia si el Gobierno no equipara la legislación de las cooperativas con la de las gasolineras

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID./
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Plan de Dinamización de la Economía e Impulso de la Productividad, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de febrero, recoge un programa de reformas económicas que se centra en cinco áreas: la defensa de la competencia, los mercados de bienes y servicios, los mercados de factores, el impulso de la I+D+i, la calidad y eficiencia de las finanzas públicas, y el marco regulatorio y la transparencia.

El Consejo de Ministros dio luz verde a un primer paquete con más 100 medidas, contenidas en un real decreto ley, tres proyectos de ley y un acuerdo de Consejo de Ministros. Estos textos han sido remitidos al Consejo de Estado, salvo los que se refieren al sector energético, según ha confirmado este periódico.

Este hecho no ha gustado al sector eléctrico, que ya se ha quejado del, según ellos, distinto trato que reciben en ese Plan de Dinamización si se les compara con los sectores gasista y petrolero.

Los ctc estaban en el Libro Blanco

Además, las eléctricas se han sorprendido de que se hayan incluido medidas sobre cuestiones que iban a ser debatidas en el Libro Blanco, como el de los costes de transición a la competencia (ctc). El Gobierno ha decidido «congelar» hasta 2006, precisamente hasta que esté acabado el Libro Blanco, el cobro de los ctc de 2004.

El sector eléctrico denuncia que mientras las medidas anunciadas por el Gobierno tienen un carácter dispositivo y están ya ultimadas, muchas de las que afectan a los otros sectores energéticos están pendientes de estudios posteriores.

Las eléctricas critican también que son obligadas a reducir su participación del 3% al 1% en REE (el operador del sistema) mientras el Gobierno no adopta ninguna decisión similar en Enagás y CLH.

En el sector de los carburantes, una medida que está siendo muy criticada es la de que las cooperativas agrarias puedan vender gasolinas a terceros no socios, además de gasóleo agrícola.

Las primeras quejas partieron de los empresarios de estaciones de servicio. A ellos se les han sumado las compañías petroleras. El secretario general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, le dijo públicamente al secretario general de la Energía del Ministerio de Industria, Antonio Fernández Segura, que esa medida no va a dar más competencia al sector, sino que «va a distorsionar la competencia». Mazarrasa advirtió de que la medida afectará sobre todo a las gasolineras de zonas rurales.

Las mismas condiciones

Representantes de los empresarios de estaciones de servicio han expuesto el problema a distintas instancias del Gobierno, exigiendo que la nueva normativa recoja por escrito que, si se aprueba que las cooperativas agrarias pueden vender gasolinas, que esas organizaciones separen la contabilidad de venta de carburantes y la propia de cooperativa para que se les aplique los mismos impuestos que soportan las estaciones de servicio. También han pedido que se les aplique a las cooperativas las mismas normas urbanísticas y de seguridad que a las gasolineras.