El Gobierno deja sin repartir la mitad de los 18.000 millones para salvar empresas

Así las cosas, los 18.000 millones dispuestos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas estratégicas (10.000 millones), el de recapitalización de pymes (1.000 millones) y el de ayudas directas para pequeñas empresas y autónomos (7.000 millones) han dejado serias dudas. El fondo de rescate para empresas estratégicas de la SEPI es el que más dinero ha dejado sin repartir. Ha gastado 3.255 millones de euros de los 10.000 que tenía disponibles, poco más del 30%. Lo que ha generado cierto malestar entre las grandes empresas españolas. Hasta 39 han sido rechazadas, más que las 30 que han recibido el apoyo del Estado. Lo que ha abocado al concurso de acreedores a 27 filiales de Abengoa o a la hotelera de Kike Sarasola, Room Mate.

Los problemas de actividad en este mecanismo surgieron a partir de la judicialización del caso Plus Ultra el año pasado. Entonces, los funcionarios del holding público dejaron de firmar expedientes por miedo a acabar en los juzgados. Fueron varios meses de parón, que retrasaron la llegada de las ayudas a varias empresas que agonizaban con la economía en cuarentena, y que cambiaron la dinámica del fondo hasta su final que llegó la semana pasada. Tras el rescate a la aerolínea, Belén Gualda, entonces presidenta de Navantia , cogió los mandos del holding público para recomponer su funcionamiento: reordenó todos los procedimientos, como así denunciaron varias empresas solicitantes a este periódico y nombró a un director para la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee) .

La SEPI pensaba otorgar tan solo en los seis meses que estuvo en actividad durante 2020 alrededor de 3.000 millones de euros, según reconoció en las memorias del fondo. Esa es prácticamente la cantidad que ha acabado repartiendo en dos años de funcionamiento.

También un sabor agridulce ha dejado el decreto de ayudas directas aprobado el año pasado por Sánchez para pymes y autónomos, los más perjudicados por el parón económico del Covid-19. De esta partida, las comunidades tenían para devolver hasta el pasado 30 de junio los 1.800 millones no ejecutados, el 25% de los 7.000 millones que dispusieron. Pero lo cierto es que casi la mitad de las regiones no han sido capaces de ejecutar ni la mitad del dinero. Autonomías como Murcia (35%) (Castilla - La Mancha (39%), Comunidad Valenciana (48%), Aragón (46,12%), Asturias (44%), País Vasco (43,68%) y Navarra (35%). Otras tantas apenas han rebasado la mitad como Cantabria, Extremadura y Castilla y León. Las únicas en consumir todos los fondos han sido Baleares y Canarias , regiones muy tocadas por su exposición al turismo, que flexibilizaron al máximo el acceso al dinero.

Como ya adelantó este periódico en repetidas ocasiones, autónomos y pequeñas empresas vinieron denunciando durante toda la vigencia de estas ayudas (caducaron el 31 de diciembre de 2021) la rigidez para acceder a ellas . El decreto del Gobierno exigía a los solicitantes haber tenido una caída de como poco el 30% de la facturación, no haber registrado pérdidas en 2019, además de la presentación de facturas sin pagar durante los meses del primer estado de alarma en 2020. Unos requisitos imposibles de cumplir para una buena parte de estos colectivos, a pesar de la flexibilización llevada a cabo por autonomías como Andalucía y Cataluña.

El otro gran handicap ha estado en el 'sudoku' burocrático que requería cada ayuda, que ha conseguido que miles de pymes y autónomos desistan de tan siquiera pedir el dinero por los costes administrativos y el tiempo de espera para recibirlas. A modo de ejemplo, las comunidades primero debían cotejar con la Agencia Tributaria cada solicitud a modo individual; luego hacer el pago a la compañía solicitante y que esta les mandase el justificante de vuelta con lo que había pagado y el modo de hacerlo; y al final justificarlo a la Administración. Un caos que ha lastrado la ejecución.

El único mecanismo del Gobierno que ha salido airoso de la contienda ha sido el de recapitalización de pymes (Fonrec) dirigido por Cofides (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Aunque no sin polémica. El rescate a la discoteca Pachá con 18 millones de euros levantó polvareda entre el tejido empresarial, cuando muchas compañías llevaban casi un año esperando el apoyo estatal de la SEPI y otras habían sido rechazadas. Pero en apenas un año de existencia, el Fonrec ha sido capaz de repartir el 78% de los 1.000 millones disponibles y apoyar a 89 firmas . Entre ellas, algunas rechazadas por el fondo de rescate para empresas estratégicas como la aerolínea Albastar y la hotelera vasca Silken . A este bote salvavidas podían acogerse empresas con una facturación entre 10 y 400 millones.