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El Gobierno debe a las eléctricas 4.142,5 millones de euros por los CTC desde 1998

Las compañías eléctricas han acusado al Ministerio de Economía de discrecionalidad y falta de interés porque no reciben las cantidades previstas por el concepto de Costes de Transición a la Competencia. Entre 1998 y 2001 deberían haber cobrado 6.651,23 millones de euros y sólo han ingresado 2.508,75 millones.

El aula del IESE reunió esta semana, de izquierda a derecha, a los presidentes de Hidrocantábrico, Manuel Menéndez; de Unión Fenosa y Unesa, José MaríaAmusátegui; de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio; de Endesa, Rodolfo Martín Villa; el director general del I

MADRID. Los máximos responsables de las compañías eléctricas han pedido reiteradamente en los últimos días al Gobierno que modifique «urgentemente» el actual marco legal del sector. Entienden que se dan situaciones «perversas» en las tarifas, en la retribución del mercado de distribución y en su comparación con la normativa gasista. También han denunciado que no están cobrando los Costes de Transición a la Competencia (CTC) previstos.

Los CTC son los costes de generación de las compañías eléctricas reconocidos por la Administración que no van a poder ser recuperados por aquellas al pasar de un mercado intervenido al actual liberalizado. Tras diversas modificaciones y quitas, su importe ha pasado de 11.951,49 millones de euros (1,98 billones de pesetas) a 8.663,60 millones de euros (1,44 billones de pesetas).

La Ley del Sector Eléctrico de 1997 establecía la percepción, por parte de Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico, Viesgo y Elcogás, de una retribución fija que se calcularía como diferencia entre los ingresos medios obtenidos a través de la tarifa a la actividad de generación de las centrales y la retribución que la propia ley reconoce a la producción y que comprende el precio del mercado, la garantía de potencia y servicios complementarios. La disposición transitoria sexta de la citada ley establecía un periodo de 10 años e indicaba que si el coste medio de generación superaba las 6 pesetas el kWh., el exceso se deduciría del importe a percibir.

La primera modificación realizada por el Gobierno un año después a esa disposición permitía que una parte de los CTC se recuperara a través de la factura eléctrica (4,5%) y que las compañías pudieran ceder sus derechos de cobro a terceros, es decir, su titulización. Estas dos cuestiones fueron suprimidas por el Gobierno en mayo de 2001.

Las eléctricas se quejan de las «continuas modificaciones, algunas contradictorias» que ha sufrido la legislación sobre los CTC. La disposición transitoria sexta ha cambiado tres veces, dos de ellas en el último año. Fuentes de estas compañías han manifestado a este periódico que «muchas de las modificaciones han sido introducidas de forma discrecional por la Administración y parecen responder más a presiones externas puntuales -como es el de favorecer más a las instalaciones de carbón nacional que al resto- que a la adaptación a una realidad cambiante pero intentando mantener los criterios definidos inicialmente».

Las mismas fuentes afirman que «las continuas modificaciones y su discrecionalidad nos permiten afirmar que ahora no existe una metodología de cobro de CTC ni de cálculo tarifario, lo que aumenta el riesgo de los agentes, incumpliendo el mandato expreso de la ley al Gobierno».

Añaden que «con el paso del tiempo, la Administración ha perdido el interés por la recuperación de los CTC, que han pasado de ser un derecho reconocido de las empresas a una herramienta utilizada por la Administración en función de sus intereses macroeconómicos y políticos».

Advierten que «esta actitud» de la Administración «no sólo tiene repercusiones en el corto plazo para las empresas, derivadas de la disminución de ingresos, sino que a largo plazo los inversores valorarán negativamente la excesiva discrecionalidad de la Administración exigiendo a cambio una prima de riesgo elevada, que determinará una subida de precios para los consumidores».

Las fuentes consultadas explican que la Administración «no está estableciendo cantidades de CTC a recuperar en la tarifa suficientes como para cumplir con el compromiso de recuperar las cantidades máximas al finalizar el periodo previsto». Ello ha ocasionado que mientras la Memoria de la ley preveía que en 2001 ya hubieran cobrado 6.651,23 millones de euros (1,10 billones de pesetas), la previsión de cierre de las cantidades a cuenta cobradas es de 2.508,75 millones de euros (417.421 millones de pesetas), es decir, 4.142,5 millones de euros (689.251 millones de pesetas) menos.

CTC «virtuales»

Estas diferencias han hecho que el vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Galán, calificara hace unos días los CTC como «virtuales». El presidente de esta compañía, Íñigo de Oriol, decía en una jornada sobre mercados energéticos organizadas por el IESE, que los CTC «son costes reconocidos, no sólo por la legislación española, sino también por la CE». Subrayaba que «esta carencia de recuperación de CTC no es debida al mecanismo de protección de precios previsto por el Gobierno, sino a que estos costes vienen siendo empleados por la Administración para financiar otro tipo de costes o las reducciones tarifarias».

En ese encuentro, José María Amusátegui, presidente de Unión Fenosa y de Unesa, la patronal eléctrica, dijo que «no queremos tener derecho a los CTC, sino cobrarlos». Por su parte, tanto el presidente de Repsol YPF como el de Gas Natural, Alfonso Cortina y Antonio Brufau, respectivamente, acusaron a las eléctricas de gozar de unos CTC «por unos activos de generación que estaban fuertemente amortizados» e inexistentes en el sector gasista.

Los CTC, utilizados como arma política por los partidos de la oposición, volvieron a dar que hablar esta semana en el Congreso, donde el PSOE no logró el respaldo de la mayoría para suprimir de la actual normativa esos costes. El pleno del Congreso rechazó el martes una moción socialista que instaba al Gobierno a crear un sistema de tarifas eléctricas basado en reglas «objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias» y a suprimir la actual regulación de los CTC.

Garantías eléctricas

Esta moción, apoyada por IU y el grupo Mixto, tenía como objetivo garantizar la seguridad y calidad del suministro de energía eléctrica y eliminar la «incertidumbre regulatoria existente sobre el régimen retributivo de la actividad de distribución eléctrica estableciendo un modelo estable basado en reglas objetivas, transparentes y no discriminatorias», informa Efe.

Para ello, se instaba al Ejecutivo a elaborar «urgentemente» un informe en el que se indicaran los planes puestos en marcha para paliar «los problemas e incidencias acaecidos y posibles relacionados con la seguridad y calidad del suministro».

También se le pedía que presentara cuanto antes un plan de desarrollo de las conexiones de transporte eléctrico entre España y otros países fronterizos, especialmente con Francia, que incluyera un programa de actuaciones y el calendario relativo a las iniciativas de cooperación con el Gobierno francés y a las actividades que debe llevar a cabo REE.

Tanto CiU como el PSOE también solicitaban al Gobierno que aplicara con «rigor y eficacia» las atribuciones que le confiere la legislación vigente en materia de sanciones.

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