José Folgado, en rueda de prensa con Luis de Guindos y Carmen Becerril. Javier Prieto

El Gobierno considera que con las condiciones impuestas, la fusión Endesa-Iberdrola es viable

El Gobierno considera que las condiciones adoptadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros para aprobar la fusión entre Endesa e Iberdrola, las dos principales eléctricas españolas, hacen viable la operación, a pesar de las reticencias que han mostrado ambas compañías. Añaden que se abre la puerta a la reestructuración de todo el sector para mejorar la eficiencia y la competencia.

MADRID. P. Ruiz Montero
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Aunque la primer reacción de las empresas afectadas por la decisión del Gobierno no ha sido muy positiva, y analizan este fin de semana si siguen o no adelante con su proyecto de fusión, el Ejecutivo considera que son asumibles y que hacen viable la fusión.

En este sentido, la practica totalidad de la plana mayor de los Ministerios de Economía y Hacienda hicieron ayer balance de las condiciones que ha impuesto el Gobierno a la fusión entre las dos eléctricas y coincidieron en señalar que de esta operación saldrá beneficiado tanto el sector, como los consumidores.

LíMITES HASTA 2005

Endesa e Iberdrola no podrán crecer hasta mediados del 2005 por encima de los porcentajes establecidos por el Consejo de Ministros que son el 42 por ciento para generación, el 48 por ciento para distribución y el 40 por ciento para comercialización.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró que las condiciones no le parecen «fuertes», ya que son las que el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía consideran «imprescindibles» para garantizar la competencia en España.

Rato reiteró que, por un lado, estas condiciones del Gobierno permiten que se cree «la mayor» empresa de electricidad que será la «más importante» de España, y a la vez, «pone límites para que haya mejor competencia».

También el secretario de Estado de Economía, José Folgado, compareció en rueda de prensa, junto con el secretario general de Política Económica, Luis de Guindos, y la directora general de Política Energética, Carme Becerril, para explicar los pormenores de la decisión del Gobierno, que consideraron que «no son suaves» y están en sintonía con la Comisión Nacional de la Energía y el Tribunal de Defensa de la Competencia. En opinión de Folgado, «la dimensión de esta operación permite una reestructuración de todo el sector mejorando la eficiencia y la competencia».

Entre las condiciones que los responsables de Economía consideraron más importantes e incluso calificaron de «agresiva», está el límite de comercialización del 60 por ciento en las zonas en la que ya distribuye Endesa e Iberdrola. Esto afecta a los clientes cualificados que van al mercado libre y que no se rigen por la tarifa. En contraprestación, Folgado aseguró que la empresa resultante de la fusión puede entrar en el territorio de otros operadores para conseguir nuevos contratos de comercialización.

Las desinversiones en comercialización serán las únicas que, en principio, no se rijan por el régimen de subastas. Las empresas ajustarán sus cuotas hasta el 40 por ciento en todo el mercado nacional no renovando contrato ya existentes o no celebrando contratos nuevos.

MIX DE GENERACIÓN

También destacaron que los activos de generación que mantengan, para rebajar su cuota en este negocio hasta el 42 por ciento (el tamaño actual de Endesa) deberán tener un equilibrio tecnológico conforme a la media nacional. Es decir, que la composición media de la generación que la empresa fusionada mantengan deberá alcanzar alrededor de un 40 por ciento de térmicas, 32 por ciento de hidráulicas, 18 por ciento de nuclear y 6 por ciento de bombeo.

Esto supondrá que la empresa fusionada tendrá que vender una gran parte de activos hidráulicos procedentes de Iberdrola. Actualmente la entre ambas controlan alrededor del 90 por ciento del agua y se quedarían en un 42 por ciento.

TRASPARENCIA

En cuanto al procedimiento destacaron que «se ha tenido especial cuidado» en que haya trasparencia y que se desarrolle con plazos tasados y rápidos, en un máximo de 14 meses. Asimismo, afirmaron que el sistema de venta tendrá garantizada la «neutralidad» y que por ese motivo, además de por exigencias de Bruselas, se prohibe el intercambio de activos que podrían dar lugar a situaciones de dominio.

El objetivo del Gobierno es que tras el proceso de enajenación de activos haya en el mercado español al menos dos nuevos competidores con capacidad de competir.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que el papel del Gobierno en la operación de fusión entre las dos eléctricas es establecer las condiciones para que se mantenga un nivel de compentencia elevado en el mercado eléctrico español y se mejore la calidad y los precios. «El Gobierno estableció las condiciones para que nazca una nueva empresa eléctrica y que pueda mantenerse un nivel de competencia elevado en nuestro país, para que al mismo tiempo aparezcan nuevos operadores en el sistema eléctrico. De esta manera tendremos, no sólo una nueva empresa española grande e internacional, sino más empresas operando en el sistema eléctrico a través del aumento de la competencia», dijo.