El Gobierno congela la parte regulada del recibo de luz para paliar el alza del precio

Es el quinto año consecutivo en el que el Ejecutivo de turno decide mantener invariables esos costes. Normalmente son decisiones políticas, como en este caso, en el que los precios de la luz están por las nubes. Este año, hasta hoy, la electricidad es un 9,5% más cara que en 2017.

Al congelar los peajes, el Ministerio de Transición Ecológica trata de mitigar los elevados costes de la luz, máxime cuando estamos a pocos meses de la celebración de las elecciones europeas, autonómicas, municipales y, quién sabe si también, nacionales.

De todas formas, esta ha sido la última vez que el ministerio toma una decisión sobre los peajes, ya que esta cuestión pasará a manos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en las próximas semanas, tal y como exige la Comisión Europea y se ha comprometido el Gobierno socialista.

El anterior Ejecutivo del PP se negó a traspasar esta competencia a la CNMC, lo que le costó un serio apercibimiento de la Comisión Europea y una denuncia de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal.

La orden ministerial sobre los peajes ha sido duramente criticada por la asociación de empresas eléctricas Aelec porque «supone llevar al sistema eléctrico a un desajuste temporal».

La orden aprobada también contempla la supresión de la regulación del servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad. Se trata de un servicio destinado a mantener disponibles las instalaciones requeridas para asegurar la cobertura de las puntas de demanda eléctrica y de los periodos de baja producción renovable, de modo que el suministro quede garantizado en todo momento.

«La supresión de ese servicio es incomprensible y no se acomoda a lo establecido en la regulación vigente », que reconoce que el precio del mercado es una señal insuficiente para garantizar la cobertura del suministro de electricidad, subraya Aelec. En este sentido, considera que «no cabe anular el servicio de disponibilidad actual hasta que no se definan y desarrollen unos mecanismos de capacidad acordes con la regulación europea y en línea con todos los países de nuestro entorno, para mantener la seguridad en el suministro de energía eléctrica».

Asimismo, el texto aprobado establece que la retribución de la distribución se liquidará a cuenta hasta que no sea aprobada la orden correspondiente para el 2019. «Por ello, los ingresos de la actividad de distribución de energía eléctrica siguen siendo provisionales, lo que significa que las empresas de distribución no están percibiendo la retribución que les corresponde por las inversiones efectuadas desde 2015». Y añade que estos retrasos se están produciendo igualmente en la aprobación de los planes de inversión de las distribuidoras, de forma que, a diciembre de 2018, estas empresas no tienen aún aprobadas las inversiones a acometer en el propio 2018.