El Gobierno completa la reforma de la estiba casi dos años después

La norma articula la subrogación obligatoria de los estibadores tras la desaparición de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que tenían el control del personal de la estiba hasta la apertura del sector. Además, se modifica la ley de las empresas de trabajo temporal (ETT) para que estas puedan dar servicios en los Centros Portuarios de Empleo (CPE), que sustituyen a las Sagep.

Eso sí, el decreto-ley establece la condición de que los CPE cuenten con una licencia de empresa estibadora para «garantizar la vinculación del propietario con la actividad que se realiza y con ello el máximo nivel de profesionalidad». De esta forma se limita la entrada de ETTs en el sector a aquellas empresas relacionadas con la industria.

La norma abre la puerta asimismo al uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores. Así, los alumnos que estén cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión podrán beneficiarse de un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas.

Respecto a las ayudas pendientes, el decreto-ley desbloquea una subvención valorada en 120 millones de euros para que el sector –que emplea a unos 6.150 trabajadores– se adapte a la apertura del mercado. El objetivo en este caso es facilitar las prejubilaciones voluntarias de los trabajadores a los que les queden sesenta meses para llegar a la «edad ordinaria» de jubilación.

En este contexto, el Consejo de Ministros ha acordado la tramitación urgente del proyecto de real decreto por el que se establecen las normas para la concesión estas ayudas.

Fomento ha destacado la «intensa labor de diálogo» que se ha llevado a cabo tanto con el sector como con la Comisión Europea para concretar esta reforma. No hay que olvidar que la liberalización del sector era una petición de Bruselas que todavía no había sido completada por España.

El decreto del Gobierno completa la reforma de la estiba que comenzó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en mayo de 2017 a través de un real decreto que liberalizaba el sector y daba un año para adecuar los convenios colectivos a la nueva regulación. Fue la respuesta del Gobierno de entonces a la conflictividad que había estallado en el sector –que vivió importantes jornadas de huelga– por la incertidumbre jurídica que suponía la liberalización del sector.

La reforma, sin embargo, no se completó (de hecho, las protestas continuaron) ya que determinados aspectos de la ley, como las ayudas para prejubilaciones de trabajadores o la constitución de los nuevos Centros Portuarios de Empleo (CPE) no se desarrollaban en profundidad. El propio real decreto-ley condicionaba su aplicación a la aprobación de un reglamento posterior que lo desarrollase.