El Gobierno bajará el precio de la luz interviniendo los ingresos de las eléctricas

Así, en los contratos a largo plazo (nuevos o renovaciones) que firmen a partir de ahora las eléctricas con las empresas, el ministerio detraerá los ingresos de las eléctricas que superen el precio de 67 euros el megavatio hora (MWh). La medida no será retroactiva. El dinero obtenido con esa minoración se ingresará en el sistema eléctrico para hacer frente los costes del mismo y contribuir a rebajar los precios.

Hace meses, el Ejecutivo intentó aplicar esta medida con los contratos que hacían las eléctricas en el mercado mayorista o pool, lo que supondría un recorte de unos 2.000 millones de euros, pero tuvo que dar marcha atrás porque esas empresas justificaron que el 90% de la energía subastada respondía a contratos a largo plazo con precios muy inferiores a los actuales.

Además, Transición Ecológica detrae otros 1.800 millones de euros de los ingresos de las renovables al actualizar este año la liquidación de las rentabilidades de esas plantas, revisión que tendría que realizarse en 2023. Desde el ministerio explican que la previsión que se hizo del precio de la electricidad para 2022 era de 48 euros el MWh y actualmente supera los 200 euros. Esos 1.800 millones servirán para reducir en un 55% los cargos (déficit de tarifa, subvenciones renovables, extrapeninsulares, etc.) de la factura de la luz de los consumidores, según fuentes ministeriales La reducción de esos cargos supondría una rebaja media de 6 euros en la factura.

Sobre la fijación de un límite para el precio del gas que se utiliza para generar electricidad, medida estrella propuesta por Pedro Sánchez en el reciente Consejo Europeo, la ministra no ha dado más detalles . Ha insistido en que esta misma semana enviarán la propuesta (conjunta con Portugal) a la Comisión Europea para contar con su aprobación. Su repercusión en el precio de la luz sería a finales de abril o principios de mayo.

Por último, respecto al bono social eléctrico , que es un descuento que se aplica a la tarifa regulada o pvpc a determinados colectivos, se va a facilitar el acceso a más ciudadanos, en concreto, a unos 600.000, según el ministerio. En cualquier caso, los más de 200 millones de euros al año que supone este bono es sufragado por las comercializadoras eléctricas y, a partir de ahora, tras aplicar una sentencia del Tribunal Surpemo, por todas las compañías del sector.