El Gobierno autorizó el asalto de empresas públicas de China y Emiratos Árabes a compañías españolas

ABC ha accedido, a través de una solicitud al Portal Transparencia, a la lista de inversiones para las que se ha solicitado autorización al Gobierno desde marzo hasta el 1 diciembre. Un total de 22 operaciones, de las cuales el 100% han recibido luz verde del Ejecutivo, aunque por distintos procedimientos. Ocho de esas inversiones de sociedades ajenas a la UE se han autorizado en Consejo de Ministros por la cuantía que abarcan, al superar los cinco millones de euros (entre ellas están, por ejemplo, la opa de KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvil); las catorce restantes han recibido el «OK» en un procedimiento simplificado bajo la batuta de la directora general de Comercio Internacional e Inversiones, María Paz Ramos Resa . Su superiora inmediata es la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y en un escalafón mayor la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Las operaciones que más destacan están incluidas en el procedimiento simplificado por ser de entre uno y cinco millones de euros. La nueva normativa sobre el control previo de inversiones aprobada por el Ejecutivo en marzo establecía que serán objeto de análisis aquellas que provengan de empresas públicas o fondos soberanos, con independencia del sector de que se trate, cuando la operación suponga tomar el control de la compañía española o adquirir un 10% o más de la misma. Fuentes consultadas por este periódico destacan que uno de los objetivos de esta regulación, que proviene de Europa, es vigilar y poder vetar la entrada de Estados como China y otros países árabes .

En la lista de operaciones autorizadas figuran siete que pertenecen a empresas estatales o fondos soberanos de zonas teóricamente más vigiladas. Cuatro de China , una de Abu Dabi (Emiratos Árabes), una de Dubái (Emiratos Árabes) y una de Kuwait. Precisamente cuatro territorios sobre los que se quería ejercer especial control cuando llegaran inversiones, indican las fuentes consultadas. Las empresas o fondos públicos que han recibido el aval del Gobierno de Sánchez son: Abu Dhabi Developmental Holding Company (Emiratos Árabes), China National Chemical Corporation (China, y figura en dos operaciones), ISS Global Forwarding (Emiratos Árabes), Kuwait Petroleum Corporation (Kuwait), China Road and Bridge Corporation, (China) y CRCC International Investment Group (China).

Las que provienen de los citados países árabes son empresas y fondos soberanos que actúan en diferentes sectores, y con presencia internacional. En el caso de los conglomerados chinos, controlados por el régimen de Xi Jinping, son enormes grupos químicos y de infraestructuras en dicho país con fuerte expansión también en el extranjero. Asimismo, como figura en la documentación a la que ha accedido ABC, en el caso de China National Chemical la inversión no se realiza directamente sino a través de Bluestar Adisseo Nutrition y Syngenta; en el caso del vehículo de inversión utilizado por Abu Dabi, también se realiza la operación a través de una filial. En todo caso, el sistema de control de nuestro país establece que podrán vetarse inversiones realizadas a través de filiales incluso españolas si detrás se encuentra un grupo extranjero.

Así, las empresas que soportaron el asalto del capital público de estos países fueron Al Dahra Group Sole Proprietorship, Sustainable Nutrition, Valagro Iberia, CC Proyectos de Navegación, Estaciones Cabenín, Puentes y Calzadas Grupo de Empresas y Grupo Aldesa. Sociedades de muy diversa índole dedicadas a la química alimentaria, logística de grandes proyectos, infraestructuras, energías renovables...

Desde la Secretaría de Estado de Comercio defienden que «en ninguna de las operaciones citadas se aprecia por la naturaleza de la operación riesgo alguno para los bienes jurídicos colectivos que se pretenden proteger: salud, seguridad y orden público». En todo caso, afirman que «no se trata de un test de competencia ni de proteccionismo». Y añaden que «los inversores públicos son bienvenidos» . En el Gobierno, pese al objetivo intrínseco de la norma y la procedencia de esas inversiones de países como China, están cómodos con estas operaciones. «Sigue siendo prioritaria la captación de inversiones», resumen en Comercio, sin importar su procedencia.

Lo cierto es que antes del verano de 2019 el Ejecutivo invitó a una delegación de cuatro personas de Estados Unidos para compartir su conocimiento sobre cómo controlan allí estas llegadas de capital foráneo. Las autoridades americanas se vieron con representantes del Ministerio de Comercio y también de Asuntos Exteriores para intercambiar su «expertise», con especial foco en el citado país asiático. Entonces los estadounidenses de la delegación dijeron que su norma no estaba enfocada solo a China, pero que era una evidencia que analizaban muchas operaciones provenientes de aquel territorio.