El Gobierno aprueba la tasa Google, la Tobin y deroga el despido por bajas justificadas y reiteradas

Díaz ha criticado que este despido era una «anomalía española» frente a los países de nuestro entorno. Si bien la ministra ha lamentado la "inseguridad jurídica" del artículo 52d), lo cierto es que el Constitucional avaló esta fórmula de despido.

Como informó ABC , su utilización es residual y, desde que se produjo la sentencia del TC, en octubre del año pasado, se han producido una decena de casos. La reforma laboral, por un lado, individualizó el absentismo necesario para justificar este despido en la empresa, pero también detalló el plazo de bajas requeridas para respaldar el uso de este punto. Desde mañana la acumulación de bajas médicas no será un motivo para despedir a 20 días , aunque no beneficiará a aquellos empleados que estén en pleno litigio judicial con la empresa por este tipo de fórmulas.

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado los proyectos de ley del impuesto a las transacciones financieras (la llamada tasa Tobin ) y sobre los servicios digitales (la tasa Google ). Para la primera prevé una recaudación de 850 millones de euros mientras que para la segunda ha reducido su estimación de 1.200 a 968 millones, debido a, en palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la «desaceleración» y la consulta del impacto de impuestos similares en «otros países». En todo caso estas cifras son de recaudación durante los doce meses: en 2020 Hacienda admite que no llegará a estos objetivos.

El otro cambio es que en la tasa Google, en lugar de que el cobro sea trimestral como preveía el anterior anteproyecto, el primer año será distinto y la liquidación no se realizará «al menos» hasta el 20 de diciembre, ha asegurado Montero. La razón de esta dilación es que así el Ejecutivo busca que se alcance un acuerdo internacional en el seno «del G-20 y la OCDE» que así evite que España sea el primer país en aplicarlo, con las consiguientes consecuencias diplomáticas y económicas frente a Estados Unidos, que h a prometido aranceles del 25% sobre los coches de aquellos países que aprueben estos impuestos.

Pese a ello, Montero ha rechazado que haya riesgo de nuevas barreras comerciales a España si finalmente el impuesto sale adelante antes de que el consenso internacional de luz verde y ha explicado que al atrasar su entrada en vigor se permite la adaptación de las empresas afectadas.

Como fuere, el impuesto aspira, como mucho, a entrar en la segunda mitad del año. El gravamen, al ser de nueva creación, no entrará en vigor hasta tres meses después de que las Cortes aprueben el proyecto de Ley. La tramitación suele durar, asimismo, otros tres meses, por lo que incluso en el escenario más positivo, la tasa ya llega tarde para recaudar la mitad de lo previsto en un año. Como hasta que no entre en vigor no se aplicará –y las empresas no pagarán hasta el 20 de diciembre–, el impacto recaudatorio se antoja residual. Algo parecido ocurre con la tasa Tobin, cuya liquidación será mensual.

En el caso de la tasa Google, el tipo será del 3%, siendo un impuesto indirecto sobre prestación se servicios de publicidad online , venta de datos generados a partir de información proporcionada por los usuarios y servicios de intermediación que permitan localizar a otros consumidores. Afectará a empresas con una facturación global de hasta 750 millones o que tengan una cifra de negocio de más de 3 millones solo en España.

«Los ciudadanos a veces reciben llamadas telefónicas procedentes de una base de datos de las que no son conscientes que participan, porque estas empresas venden estas bases de datos », ha incidido Montero.

La tasa a las transacciones financieras establecerá un tipo del 0,2% sobre la compraventa de acciones de empresas españolas cuya cotización supere los mil millones de euros. Por tanto, no afectará únicamente a los bancos, sino también a todo tipo de intermediarios financieros, brókeres y demás. Su liquidación estaba prevista que fuera mensual , además de que gravaría el saldo neto al final de la jornada de las operaciones intradía, sin importar la residencia de los intermediarios financieros.

Montero ha achacado este impuesto a razones «de justicia social» ya que, en sus palabras, «afecta al sector financiero que durante la crisis recibió un importante apoyo del Estado». Y ha detallado que el impuesto excluirá a los derivados, ya que en los tributos aprobados en los países de nuestro entorno, aunque ha abundado en que si la OCDE acuerda incluirlos, el Ejecutivo está «abierto a ello».

El Ejecutivo también ha aprobado recomendar el nombramiento de Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por un mandato de seis años, a lo que las Cortes deben dar su visto bueno. Herrero es presidenta interina del organismo desde que su predecesor, José Luis Escrivá, abandonó el cargo para convertirse en ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Hasta entonces había sido directora de la división Presupuestaria del organismo y es funcionaria del cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado e inspectora de Hacienda en excedencia. Desde la institución se alaba su prestigio y buen hacer.