El Gobierno aprueba la parte 'light' de una reforma de pensiones que traerá un ajuste de 30.000 millones

La parte amable de la reforma incluye la eliminación de los aspectos más polémicos de 2013, como el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en casos de déficit, o el llamado factor de sostenibilidad. Este último, eso sí, deberá ser reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional aún sin definir y que Gobierno y agentes sociales deberán tener listo antes del 15 de noviembre. Además, se vuelven a ligar las pensiones al IPC, lo que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sistema.

Esta es precisamente la parte más compleja, y que se abordará en la siguiente etapa de las negociaciones. De partida, esta medida costará 2.400 millones de euros anuales, según cálculos de Fedea, cantidad que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, espera neutralizar con los ingresos que logre en la segunda parte de la reforma y que incluyen la subida de impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros, la ampliación de los años que se toman en cuenta para calcular las pensiones, actualmente en 25 años, o los ahorros que consiga con la jubilación demorada. El ajuste global que persigue Escrivá -y al que se ha comprometido con Bruselas- es de 3 puntos del PIB, el equivalente a 30.000 millones.

Además, la garantía a los jubilados de la revalorización de sus nóminas con el IPC impone además importantes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro. En la siguiente fase se revisará también el sistema de cotización de los autónomos, que fue excluida de este acuerdo tras una fuerte polémica tras una propuesta de Escrivá que este colectivo tachó de «inaceptable».

Otras de las palancas utilizadas por Escrivá para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, que ahora se anota unos número rojos de más de 20.000 millones, son los ajustes contables. Los denominados ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social se trasladan con la reforma a los impuestos a razón de unos 21.000 millones al año, el equivalente al 2% del PIB. A finales de este año se habrán inyectado ya casi 14.000 millones, tal y como estaban recogidos en los Presupuestos, y cada año el dato irá aumentando hasta la cifra acordada con Hacienda. Todas estas proyecciones están, no obstante, muy cogidas con pinzas dado el dilatado escenario previsto para la aplicación de los cambios y la incertidumbre que ello comporta.

A continuación sigue una lista de las medidas con las que se busca hacer sostenible el sistema:

Se garantiza la revalorización con el IPC del año anterior para los jubilados. El Gobierno ha renunciado a exigir ajustes en su paga cuando los precios bajen. Se deroga así el índice de revalorización de la reforma de 2013 que obligaba a revalorizar las nóminas un 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas.

Retirarse antes de tiempo tendrá un coste para el trabajador. El diseño de los coeficientes reductores se endurece para los que jubilen 24 o 23 meses antes del límite legal y alcanzará el 21% (la rebaja de la pensión es ahora del 16%) y a partir de ahí el castigo desciende en algunos casos. Por ejemplo, quien deje el mercado laboral 22 meses antes de su edad legal de jubilación verá que su pensión mengua en un 14,67% y no en el 16%. El esquema se repite entre quienes han cotizado durante más tiempo, aunque con menores penalizaciones. Así, a quienes han cotizado entre 38,6 años y 41,6 años se les aplicaría un coeficiente reductor del 19% en el mes 24 y del 16,5% en el 23, frente al 15% actual en el trimestre correspondiente. El cambio en las penalizaciones, pasando de un cálculo mensual a uno trimestral, también se aplicará al de la jubilación anticipada forzosa. En esta, el trabajador puede retirarse hasta cuatro años antes de la edad legal y debe haber sido despedido en un ERE, de forma objetiva o por la quiebra de la empresa. Se fija un sistema para estos casos que reducirá la pensión entre un 30% para el caso de un adelanto de cuatro años con menos de 38 años y seis meses cotizados, y un 0,5%, para aquellos que lo anticipen un mes con 44 y seis meses o más cotizados.

Habrá nuevos incentivos monetarios para quien siga trabajando más allá de la edad legal de jubilación. Recibirán una prima que se abonará de una sola vez de hasta casi 11.000 euros (en el caso de 37.567 euros de pensión) por cada año de retraso. En el caso de que el trabajador haya cotizado al menos 44,5 años o más, este incentivo alcanzaría los 12.060 euros por cada año de aplazamiento. Así, por ejemplo, en una pensión de 9.569 euros (683 euros al mes) este pago único sería de 4.786 euros y de 5.264 con más de 44,5 años cotizados. Mientras que en una pensión media de 20.000 euros al año, esta prima única sería de 7.482 y 8.230 euros, respectivamente en función de los años cotizados. La norma dará opción al trabajador de elegir esta fórmula o también optar por un aumento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%). Podrán mezclar las dos posibilidades, una parte en pago único y otra como alza de la pensión vitalicia.

Ni las empresas ni los trabajadores con más de 65 años que siguen trabajando pagan cotización por contingencias comunes, salvo incapacidad temporal. A partir de ahora los periodos no cotizados se computarán como cotizados para la futura pensión.

Los despedidos antes del 1 de abril de 2013 que no hubieran encontrado empleo seguirán accediendo a la jubilación a los 61 años, es decir con las condiciones fijadas antes de la reforma de 2011, que elevó a 67 años la edad legal de retiro. Se da una solución definitiva a estos damnificados por la crisis financiera.

El factor diseñado en 2013, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, será derogado este año y será sustituido antes de diciembre por un mecanismo de equidad intergeneracional que operaría a partir de 2027. Deberá estar definido cuando entre en vigor la ley.

El texto aprobado prohibe que estas cláusulas se establezcan en los convenios colectivos de las empresa para trabajadores menores de 68 años, aunque introduce algunas excepciones orientadas a mejorar la presencia de las mujeres en determinados sectores, así como la calidad de sus trabajadores. En concreto, la jubilación forzosa antes de los 68 años será legal solo para aquellos sectores en los que las mujeres representen menos del 15% de las personas ocupadas y siempre que, además, se cumplan dos condiciones. La primera, que la baja laboral deberá llevar aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de al menos una mujer y, la segunda, que la persona jubilada tenga derecho a cobrar el 100% de la pensión ordinaria de jubilación.

Además, el acuerdo deja una vía de escape a las cláusulas de jubilación forzosas vigentes ahora mismo y que han proliferado en muchos convenios colectivos en los últimos dos años y recoge que podrán seguir siendo aplicadas hasta tres años después de lo pactado en sus convenios.

Esta cláusula introduce la excepción a la norma pues, en España, la jubilación es siempre voluntaria. Cuando se alcanza la edad legal del retiro, actualmente entre 65 y 66 años, la empresa no puede obligar a un empleado a darse de baja sin pagarle antes una indemnización o sin tener una justificación legal que le ampare. Es por ello que esta cláusula ha estado entrando y saliendo de la legislación en los últimos años, derogándola los gobiernos populares y rescatándola los socialistas.

Los autónomos también tendrán novedades en su sistema de cotización, pero será a partir del 1 de enero de 2022, momento en que se pondrá en marcha el sistema de ingresos reales. Tras el fuerte revuelo creado por la propuesta de unas tablas de cotización por parte de Seguridad Social, el texto simplemente recoge ahora que se establecerán unos tramos a los que los autónomos se acogerán en función de sus ingresos y que podrán modificar hasta seis veces. Se remarca, eso sí, que estos tramos se acordarán en el marco del diálogo social y se da un plazo de doce meses para abordar las diferencias entre el régimen general y el de los autónomos para equiparar la protección social entre ambos. Los tramos se establecerán además en función de sus rendimientos y, si una vez hecha la declaración anual hubiera diferencias entre ambas cantidades, se podrá solicitar la devolución de la cotización.

La reforma aborda también la situación de otros colectivos, como los becarios y la viudedad en parejas de hecho. El documento se compromete a abordar en el plazo de seis meses una regulación para dar acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho para lograr equiparar las condiciones de este colectivo a la que disfrutan los matrimonios. En la mitad de tiempo, tres meses, se deberá desarrollar también un reglamento que garantice que la actividad de los becarios, incluso si no es remunerada, esté incluida en la Seguridad Social. Se establece, eso sí, un descuento del 75% en la cotización de estas prácticas.

Igualmente, se establece que en el plazo máximo de seis meses se deberá establecer la financiación para compensar las cuotas de los cuidadores de personas en situación de dependencia que han reducido su jornada laboral para atenderlas puedan seguir manteniendo íntegras sus bases de cotización.

El mismo plazo de seis meses es el marcado para aprobar un proyecto de ley que ponga en marcha la Agencia Estatal de la Seguridad Social, uno de los mandatos del Pacto de Toledo, que deberá ser la encargada de modernizar el sistema y mantener su equilibrio. Precisamente, para garantizar los ingresos del sistema, la norma culmina la separación de fuentes de financiación iniciada este año. Establece que tanto en el año 2022 como en 2023 se incrementará la transferencia anual aprobada en los Presupuestos (casi 14.000 millones este año) hasta cubrir todos los gastos impropios.