El Gobierno aprobará un decreto ley con las entregas a cuenta pero necesita el visto bueno de la Abogacía del Estado

Es decir, adelantará las entregas a cuenta a las regiones, unos 4.700 millones de euros en plena campaña electoral. Sánchez había insistido en que las entregas no son posibles con un Gobierno en funciones pese a que existen caminos alternativos legales que sí lo hubieran permitido. De hecho, el propio Gobierno se acogió a un informe de la Abogacía del Estado en el que se detallaba que un Ejecutivo en funciones no podía aprobar la medida vía decreto. Las regiones más beneficiadas de este reparto serían Valencia (con 2.052 millones menos de los 4.739 totales), Madrid (732,9), Galicia (527,9), Extremadura (434,5), Murcia (265,2), Asturias (223,8), Canarias (223,1), Baleares (177,3) y Cantabria (128,6).

Tras cinco meses de interinidad #-y cuatro con plenas funciones, antes del 28-A- será a pocas semanas de la nueva convocatoria cuando lo apruebe Hacienda. Fuentes autonómicas y conocedoras del procedimiento apuntan a ABC que la solución llegará antes de que acabe octubre, es decir, antes del 10-N. Al menos esa es la intención del Ministerio, que quiere encontrar la vía de escape para entonce s y así evitar que las autonomías más damnificadas por el modelo de financiación -Valencia y Murcia- enfrenten problemas de tesorería a finales de octubre.

Desde el Gobierno explican que al estar en funciones el mecanismo consistirá en un decreto ley. Pero aunque se apruebe esa norma se requiere el visto bueno de la Abogacía del Estado, que había emitido su criterio contrario a la posibilidad de actuar ahora en esta dirección. Dos son las premisas que el Gobierno pretende argumentar ante la Abogacía del Estado: que la decisión que se tome no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria. El Gobierno interpreta que esos criterios se cumplen.

En primer lugar se refieren a la complicada situación de dos regiones en concreto: la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que pueden entrar en breve en una situación de problemas para atender a sus gastos más básicos. Esa situación de previsible colapso financiero será uno de los argumentos que el Gobierno utilizará para justificar su actuación , después de haber estado semanas negando la posibilidad de actuar. El «interés público» formaría parte del informe anexo que acompañaría al decreto ley que aprobaría las entregas a cuenta.

El nudo gordiano de este conflicto es que la Abogacía del Estado no compare esta situación con otras decisiones de gasto que puedan comprometer a un nuevo Gobierno. Por tanto, todavía quedan por dar esos pasos. Hacienda ultima pero no ha terminado esa argumentación a la que la Abogacía debe dar luz verde.

Ese decreto ley tendría que ser posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. En el Gobierno son conscientes de que hacerlo en este periodo suscitará críticas, por electoralismo y por su rotunda negativa anterior, pero se confía en que el apoyo del PP, ante las necesidades de sus regiones , y las de las propias comunidades evite que la polémica se extienda.