El Gobierno alemán firma un paquete de 1.000 millones de ayudas a los agricultores

Los líderes de la CDU y el SPD también acuerdan en el documento pactado facilitar el uso de beneficios laborales a corto plazo en sectores con serios problemas estructurales, con un amplio conjunto de programas, instrumentos y medidas para promover innovaciones y desarrollos tecnológicos, finanzas corporativas y para promover el desarrollo económico y la creación de nuevos empleos, según el periódico. El documento solicita al gobierno federal que examinará «cómo se debe adaptar y mejorar el conjunto de instrumentos existente». La ministra de Medio Ambiente, Svenja Schulze, quiere por su parte reformar la distribución de los subsidios agrícolas para ayudar mejor a los agricultores. El dinero está ahí, porque el año pasado Alemania registró un superávit récord de 13.500 millones de euros en el presupuesto federal, apoyado por las bajas tasas de interés y el pleno empleo.

Agricultores y ecologistas llevan meses bloqueando la capital alemana con sus protestas en las calles de Berlín, en fines de semana alternos y apoyados por una opinión pública crecientemente sensibilizada sobre las cuestiones medioambientales. «Recuerden que la agricultura nos alimenta», «Agricultores arruinados: alimentos importados» y «no hacen nada, pero saben más nosotros», es lo que se lee en las pancartas que portaban habitualmente los tractores para reclamar un «cambio del modelo agrícola» tras la llamada del colectivo ecologista «Wir haben es Satt» (¡Estamos hartos!), que pide una «reforma de la política agrícola» en favor de las «pequeñas explotaciones», la «protección de los suelos», la «biodiversidad» y el «bienestar animal», según explica Saskia Richartz, portavoz del colectivo.

Otro de los habituales de las protestas es el colectivo de agricultores «Landschaft Verbindung», que se manifiesta en todo el país contra la política medioambiental de Berlín y critica especialmente las restricciones de uso de fertilizantes para luchar contra la contaminación de los cursos de agua, así como contra el plan de protección de los insectos anunciado a principios de septiembre por el gobierno de Angela Merkel, que implica una prohibición del uso del glifosato para 2023 y la prohibición, antes de 2021, de los herbicidas e insecticidas en las zonas «ecológicamente vulnerables». Según el colectivo, estas normas «amenazan a las empresas agrícolas alemanas», lo que «aumentará las importaciones de productos alimenticios extranjeros».