El Gobierno abre la puerta a volver a subir el salario mínimo en 2020 aunque esté en funciones

Eso sí, en plena negociación política aún no hay nada decidido, tratándose de una opción sobre la mesa, apuntan estas fuentes. De esta forma, la convocatoria de elecciones no sería un obstáculo para una nueva alza del SMI, ya que no es necesario aprobar el incremento por decreto-ley –que un Gobierno en funciones no puede aprobar– sino que basta con un real decreto, ya que el Estatuto de los Trabajadores habilita al Gobierno a subirlo en base a indicadores como el IPC, la productividad media, la participación del trabajo en la renta nacional o la mera coyuntura económica, aunque reclama «previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas». Unos contactos que no se saldaron en acuerdo en la última alza de 2019, ya que el Ejecutivo lo pactó con Podemos rompiendo el pacto que alcanzó el Gobierno de Mariano Rajoy con CEOE, UGT y CC.OO.

Pese a que los datos de agosto recogen una destrucción de la afiliación de 212.984 empleos, en el peor octavo mes desde 2008, el Ejecutivo no cree que la subida del SMI un 22% en 2019 haya afectado al mercado laboral. «Cuando tenemos un mercado de trabajo que lleva tanto tiempo con congelaciones de subida del SMI y no existe tanta diferencia en España entre el SMI y el salario medio, una subida del salario mínimo es difícil que tenga los impactos apocalípticos que se dijeron por algunas instituciones», apuntó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, hace unos días, en referencia al Banco de España, que calculó que la medida supondría frenar la creación de empleo en 125.000 puestos de trabajo .

Así, tras las elecciones, el Ejecutivo continuaría incrementando el SMI, cumpliendo así su programa electoral incluso estando en funciones. Eso sí, esto no se aplicaría en el caso de la revalorización de las pensiones con el IPC, ya que los Presupuestos de 2018, que se prorrogarían en los primeros compases del año que viene, prevén que las prestaciones por jubilación se vuelvan a revalorizar un 0,25% en 2020, como recogía la reforma de las pensiones de 2013.

¿Qué postura tiene el Gobierno para esto si sigue en funciones? En este caso debería ser el Congreso de los Diputados el que, utilizando su iniciativa legislativa, lo aprobase en forma de ley, mandando la norma al Senado y, posteriormente, refrendándolo. Si hay elecciones y las Cortes se constituyen, como pronto, a principios de diciembre, el año próximo empezaría con una revalorización del 0,25% siendo después cuando entraría la norma que aprobase el Congreso. Ello es así porque, a diferencia del decreto -ley que aprueba el Ejecutivo con efectos inmediatos para que después las Cortes lo validen, en el caso de las leyes se deben seguir los plazos de presentación de enmiendas , que son más largos y suelen alcanzar los tres meses desde que se inicia el procedimiento legislativo hasta que se aprueba por completo.

Ha habido muy contados precedentes de gobiernos en funciones que aprobaron un decreto-ley: uno de ellos fue bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en diciembre de 2011 elevó la aportación máxima legal de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos . Exceptuando casos que afecten a la «urgencia o el interés general», la Ley de Gobierno limita al «despacho ordinario de los asuntos públicos» el perímetro de acción de un Ejecutivo en funciones. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también aprobó en funciones por decreto-ley en 2016 la prórroga del Plan Prepara a parados de larga duración y la subida de las retenciones en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas para contener el déficit.

En el caso de las pensiones, pese a los números rojos de la Seguridad Social , que este año superarán los 17.500 millones según la información que el propio Gobierno ha remitido a Bruselas, el Ejecutivo quiere seguir ligando las prestaciones con el IPC. De hecho esta postura fue la única a la que llegó a acuerdo la Comisión del Pacto de Toledo –utilizando el ambiguo concepto de «IPC real»–. A ello también ayuda que la inflación está en mínimos de hace tres años: en agosto cerró en el 0,3%, su cota más baja desde septiembre de 2016. Frente al 1,7% que registró el año pasado y que costó 1.888 millones de euros para revalorizar las pensiones este año, en estos momentos la inflación media de 2019 se sitúa en el 0,7%. Todo un jugoso ahorro para la Seguridad Social, que se puede unir a un aumento de ingresos mediante un nuevo alza de las bases máximas y mínimas de cotización si se vuelven a subir ante el incremento del salario mínimo.

«Yo confío en que pueda haber Gobierno antes del 23 de septiembre, que tome la decisión sobre la revalorización de las pensiones», apuntó Granado hace unos días, «y, si no es así, habrá que abordar un nuevo escenario, con la posición de los grupos políticos sobre cuánto tienen que revalorizarse las pensiones en 2020». En el caso del factor de sostenibilidad , que limita las pensiones actuales en base a variables como la esperanza de vida o el crecimiento para asegurar más años el cobro de la pensión, si bien tenía que entrar en 2019 los Presupuestos de 2018 postergaron su ejecución hasta 2023.

El otro asunto sobre la mesa es el aumento de la retribución de los empleados públicos. El acuerdo que firmó el Gobierno de Rajoy con los sindicatos a tres años comprometía una subida fija del 2%, que puede escalar hasta el 3,85% si el PIB de 2019 crece más que el 2,5% –si se cumpliera el 2,2% que augura el Gobierno, la subida escalaría al 2,4%– y si se cumple el déficit. Desde Función Pública recuerdan que un gobierno en funciones puede desarrollar por decreto lo contenido en una Ley ya aprobada, y si bien el acuerdo cerrado con los sindicatos se publicó como una resolución en el BOE, esto no tendría rango legal suficiente. Los Presupuestos de 2018 no hacían referencia a la subida trianual , así que se debería aprobar mediante la iniciativa del Congreso, como ocurre con las pensiones.