La Generalitat se enfrenta a Hacienda por un litigio millonario con Acciona

Cataluña tiene hasta el 31 de enero de 2019 para iniciar la gestión de este pago, que pretende acometer el año que viene, recalcan fuentes de la Administración catalana. Sin embargo, la última palabra la tiene la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, y como inciden fuentes conocedoras de la negociación, el departamento que dirige María Jesús Montero prefiere que la Generalitat pague este año para que la operación no ponga en peligro el cumplimiento del déficit el año que viene, lo que tendría consecuencias mayores de cara a Bruselas que si impacta en 2018.

Una opinión en la que coincide con Hacienda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que afirma que si Cataluña paga este año, el déficit del conjunto de las administraciones se iría en 2018 al 2,8% del PIB, una décima más de lo que estima el Gobierno frente al 3,07% en el que acabó 2017. Pese a ello, este año Bruselas solo reclama al Ejecutivo que baje del 3% , la frontera del brazo corrector de Bruselas, el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), por lo que las consecuencias serían menores.

Desde el Ministerio señalan incluso que ante el espectacular incremento de la recaudación este año, si el gasto de la Generalitat impactara este año el aumento de ingresos lo compensaría de sobra .

Aunque la operación tiene efecto sobre el déficit de Cataluña, y no en el del Estado, influye en el desequilibrio conjunto de las administraciones que vigila la Comisión Europea. La situación se complicaría si el pago de la Generalitat impacta en las cuentas el año que viene, cuando el objetivo de déficit que quiere aprobar el Gobierno es del 1,8% del PIB, en lo que supone un ajuste de 12.000 millones de euros en 2019. Máxime cuando el 0,4% del PIB de ajuste estructural que promete el Gobierno no satisface a Bruselas , que cree que el recorte será nulo.

Hacienda no quiere arriesgar. Pese a que en el plan presupuestario que remitió a Bruselas incluía este gasto de 800 millones en el déficit de 2019, fuentes del Ministerio apuntan que aún no han decidido si la operación impactará este año o el siguiente. La propia Autoridad Fiscal señalaba, a tenor de la información que había recibido diez días después de que el Gobierno enviara el plan, que los más probable es que la indemnización se incluyera en 2018. «Con la información disponible a la fecha, la Airef estima que existe una mayor probabilidad de que se resuelva el traspaso de los activos antes de la finalización de 2018 », recoge el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas publicado a finales de octubre.

El pago a Acciona se debe a la concesión en 2012 al grupo del contrato de Aguas del Ter Llobregat por el Govern de Artur Mas, lo que posteriormente revocaría el Supremo. Ante ello, la Generalitat ha dispuesto que desde 2019 este contrato pase a una sociedad 100% pública, lo que ha provocado que Acciona reclame una indemnización millonaria por el incumplimiento del contrato y los daños ocasionados. Desde la Generalitat rechazan que haya diferencias ni negociación con Hacienda en el año en el que impacta en déficit, e insisten en que la indemnización no es firme aún.

Pero, ¿por qué Cataluña prefiere pagar en 2019? El principal incentivo que tiene el Govern de Quim Torra para oponerse a las preferencias de Hacienda y la Airef es que así este año podría cumplir el objetivo de déficit público, del 0,4% del PIB, y la regla de gasto, algo inédito desde 2006, lo que se traduciría en que Hacienda tendría que levantar parte del control sobre las cuentas catalanas .

La Autoridad Fiscal señala que el cumplimiento de Cataluña tanto de déficit como de la regla de gasto es factible si no liquida la indemnización a Acciona este año: de hacerlo, el organismo cree que su déficit se dispararía en tres o cuatro décimas por encima de la meta.

Ello implicaría prolongar los controles. Ahora mismo el Ministerio vigila a la Generalitat a través de dos armazones : uno es el control reforzado que existe solo para la región desde noviembre de 2015 para evitar que destine dinero público al independentismo, y que se materializa en un informe mensual de la interventora validando que no hay ilegalidad, y el pago directo a proveedores con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Esta vigilancia se mantendría y la propia Montero descartó hace unos días reducirlo.

El control que finalizaría si Cataluña cumple es el que se aplica a todas las regiones incumplidoras que piden los créditos baratos al Estado a través del FLA. Esta vigilancia se traduce en que el Govern remite a Hacienda planes de ajuste en los que describe las medidas que va a aplicar para sanear su situación y « desnuda » sus presupuestos. Junto a ello, la Generalitat debe detallar a Hacienda el destino de los recursos del sistema de financiación y el Ministerio puede obligar a la comunidad a aplicar medidas para reducir el gasto . Un control que ya no existiría.

Pese a que saldría del FLA, Cataluña seguiría recibiendo préstamos «blandos» del Gobierno, pero a través del Fondo de Facilidad Financiera, el mecanismo reservado para las regiones cumplidoras que no conlleva control adicional. Cataluña es la comunidad que más préstamos ha pedido al Gobierno desde 2012 , con 80.312 millones de euros, una tercera parte del total suministrado a todas las comunidades, de los que 9.434 millones corresponden a este año. Moody’s estima que Cataluña pedirá otros 8.400 millones de euros al Estado en 2019.

Como telón de fondo a un enfrentamiento meramente contable entre la Generalitat y Hacienda, el próximo viernes se celebrará el Consejo de Ministros en Barcelona en pleno clima de tensión por la amenaza de los CDR.