Garamendi (CEOE): «Las empresas necesitan estabilidad, seguridad jurídica y un marco regulatorio predecible»

¿Cree que en España falta un liderazgo institucional sólido que dé un impulso definitivo a la digitalización?

La digitalización es un proceso muy transversal que se debe impulsar y coordinar al máximo nivel ejecutivo. Por eso es fundamental que ocupe una posición prioritaria en la agenda política, económica y social del Gobierno. Sólo desde un liderazgo de alto nivel, con visión multidisciplinar, será posible definir las líneas de acción y los plazos en los que ha de ejecutarse la estrategia que ha de marcar el rumbo de España en materia de digitalización.

¿Sería necesario un pacto de Estado para afrontar con garantías la disrupción digital?

Desde CEOE entendemos que la digitalización es un elemento imprescindible para España, por lo que, efectivamente, resulta absolutamente necesario contar con un pacto de Estado o con lo que hemos denominado un gran «Acuerdo para la Digitalización de la Sociedad Española», que involucre al Gobierno, a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Esta es la principal recomendación que se recoge en el Plan Digital 2025, elaborado en CEOE, que recopila más de 300 propuestas para el impulso de la digitalización en España.

¿Se echan especialmente de menos proyectos emblemáticos auspiciados desde la administración que ejerzan de efecto tractor para el tejido productivo?

Sí, creemos que es necesario poner en marcha lo que hemos definido como macroproyectos tractores, que son proyectos que tienen como objetivo liderar el cambio tecnológico para mejorar la competitividad de la economía española. Al mismo tiempo, de esa forma se podrá avanzar hacia nuevos modelos de negocio. Estos macroproyectos, debidamente respaldados, deberían ser capaces de generar un significativo impacto económico, tecnológico y en términos de creación de empleo.

En este sentido, entre las medidas recogidas en el Plan Digital 2025, se encuentra la propuesta de desarrollar una serie de estos macroproyectos, garantizando su viabilidad con la dotación de recursos suficientes y la gestión adecuada.

Como ejemplo, queremos impulsar la economía digital en las zonas turísticas y la transformación digital en la atención sanitaria y en el sector agroalimentario.

¿Considera que las empresas están afrontando con convicción la transformación tecnológica?

El tejido empresarial español es plenamente consciente de la necesidad de apostar por la digitalización y la innovación para mejorar su competitividad e internacionalización. Sin embargo, han existido importantes obstáculos en esta carrera. España ha salido de una de las peores crisis económicas de su historia reciente, donde las empresas estaban más preocupadas por sobrevivir que por iniciar un nuevo ciclo de inversiones. Además, el marco regulatorio y de apoyo a las actividades de I+D+i por parte del sector público no ha sido, en la última década, todo lo consistente que se hubiera requerido.

A pesar de ello, y gracias a la voluntad de los empresarios españoles, ha habido avances. Si nos fijamos en los datos que publica la Comisión Europea, España ocupa una posición intermedia en el índice DESI que mide el nivel de digitalización de los países europeos. Estamos en la posición número 11 en 2019, frente a la posición 14 que ocupábamos en 2014.

¿Han aceptado realmente que la digitalización es más una obligación que una opción o aún falta mucho para que el cambio impregne definitivamente en la cultura organizacional?

Para los empresarios españoles no es una opción, sino una necesidad. Pero también somos conscientes de que es necesario continuar trabajando en sensibilizar a los que todavía no han entendido lo que nos jugamos con la digitalización. En este sentido, es necesario que este cambio en la cultura de la organización sea respaldado desde la cúpula de las empresas.

¿Cómo pueden las empresas liderar el proceso de digitalización en España? ¿Qué actividades de carácter transversal o sectorial se pueden desarrollar? 

Hay un aspecto absolutamente básico para que las empresas puedan actuar: la estabilidad. Las empresas necesitan estabilidad, seguridad jurídica y contar con un marco regulatorio predecible. Sólo de esta manera las empresas podrán avanzar en la digitalización y en el resto de los aspectos que harán crecer nuestra economía y nos permitirán ser competitivos en los actuales mercados internacionales. También creemos que es necesario definir y desarrollar programas de acción sobre sectores estratégicos.

Apostamos por la puesta en marcha de un plan de actuación cuatrienal con acciones de concienciación y ayuda para la transformación digital de los sectores productivos más intensivos en empleo y contribución al PIB o el establecimiento de un marco regulatorio y legislativo que ofrezca las condiciones adecuadas para que esta transformación sea un éxito.

¿Las características del tejido empresarial español, en el que predominan las pymes y las micropymes, son un obstáculo a la innovación? ¿Cómo se puede impulsar la transformación digital de las pequeñas compañías, tan centradas en su supervivencia en el día a día?

Es evidente que el tamaño de las pymes españolas es menor, en términos generales, que el tamaño de las pymes alemanas, por ejemplo. Y también es cierto que en España hay un gran número de micropymes. Todo ello condiciona la capacidad de inversión de nuestro tejido empresarial y, especialmente, la capacidad de inversión en I+D+i. Con todo, se puede decir que las empresas españolas sí son relativamente innovadoras, incluidas las pymes, y, en todo caso, la pregunta que cabría hacerse es si son lo suficientemente innovadoras para competir con los países de nuestro entorno y con terceros países.

¿Cómo se puede sellar la brecha de talento que existe entre las capacidades que se adquieren en las aulas y las necesidades de las empresas?

Para poder dar solución a este problema, desde CEOE apostamos por que la educación y la formación sean una política de Estado prioritaria y por crear un marco normativo educativo estable a lo largo de los años.

Con ese punto de partida, habría que desarrollar una formación profesional más vinculada a la producción y al empleo y, por tanto, a las empresas; impulsar la formación dual, tanto en el ámbito de la formación profesional como en el ámbito universitario, y desarrollar una normativa a nivel nacional que dote de homogeneidad al sistema.

En este sentido, habría que transformar el actual modelo de Formación Profesional para el Empleo, lo que se conoce como formación continua, sobre la base del acuerdo de los interlocutores sociales, para que se pueda dotar a los trabajadores de las competencias que están requiriendo las empresas debido, entre otros, al proceso de digitalización y robotización en el que están inmersas. 

¿Ha mejorado España en los últimos años en el objetivo de forjar un ecosistema emprendedor digital sólido o todavía queda mucho camino por recorrer? 

Aún queda trabajo por hacer en la creación de un ecosistema emprendedor digital sólido, a pesar de que se han producido ciertos avances como, por ejemplo, la puesta en marcha de la Red Cervera, un programa dotado con 500 millones de euros en créditos para proyectos de I+D realizados por pymes, en colaboración con centros tecnológicos. No obstante, entendemos que hay que reforzar el apoyo al emprendimiento digital, uno de los tres pilares junto con la innovación y la educación sobre los que se asienta nuestro Plan Digital 2025.

En particular, proponemos medidas como la simplificación y digitalización de los trámites que tienen que ver con la constitución y puesta en marcha o cierre de una empresa; medidas a medio plazo de carácter fiscal, regulatorio, financiero y de apoyo para startup tecnológicas; o fomentar el emprendimiento digital a través de incubadoras, aceleradoras o parques tecnológicos, entre otras.

¿Cómo se puede conseguir el equilibrio entre una legislación que no ponga barreras al desarrollo digital y unas reglas del juego idénticas para todos los actores que participan en el mercado, también a nivel impositivo?

Actualmente las reglas de juego son las mismas para todos, lo que no es igual es el tipo de negocio. En este sentido lo que ocurre es que la normativa que regula la fiscalidad internacional (esto es, el lugar en el que tributa una determinada actividad que desempeñan varias empresas del mismo grupo establecidas en distintos países) no está diseñada teniendo en cuenta las nuevas formas de negocio, llamémoslas digitales, por lo que, en determinadas circunstancias, pueden no ser eficaces, aunque son las mismas para todos. Para resolver las insuficiencias del sistema actual, lo ideal es modificarlo globalmente, mediante las iniciativas que está desarrollando la OCDE. En este sentido, cualquier medida unilateral, ya sea de un país concreto o de la Unión Europea, será peor que una solución global, que es la única que puede resolver definitivamente el problema.

¿Tiene sentido imponer impuestos a los robots, como plantean algunas voces?

Ese es un debate que yo creo que habrá que abordar en un futuro y que en este momento es prematuro. En cualquier caso, lo que se está debatiendo sobre todo es si deberán pagar cuotas sociales para sostener el Estado del Bienestar. Sólo puedo decir que imponer más cargas fiscales añadidas a los costes de producción da lugar a pérdidas de competitividad, y ese es un punto de partida desde el que se debe enfocar todo debate en este sentido.

¿De qué modo se puede minimizar el impacto laboral que la disrupción tecnológica tendrá en la mano de obra menos cualificada?  

La forma de hacerlo, y también de aprovechar las oportunidades que se presentan, es contar con recursos humanos preparados. La competencia por el talento digital será creciente. Y más aún en un contexto en el que el mercado laboral está cambiando y cambiará más radicalmente a medida que se vayan implantando nuevas tecnologías.

En España hay una oferta de 10.000 puestos vacantes en posiciones relacionados con la Economía y la Industria Digital sin cubrir y este número se incrementará en función del ritmo de adopción de las nuevas tecnologías, por eso es necesario un modelo de formación que provea los conocimientos y capacidades suficientes para entrar en el nuevo mercado laboral.

¿Es la generación de desigualdades sociales el gran peligro de la Revolución 4.0?

Creo que hay que huir de una visión tan pesimista. El temor a que las máquinas sustituyan a las personas en los empleos tradicionales o a que se generen grandes brechas sociales por causa de avances tecnológicos ya ha sucedido antes.

Entendemos que en la actualidad pasará lo mismo, y más que una destrucción de empleo y un incremento exponencial de las desigualdades, se producirá una adaptación del mismo, creándose puestos de trabajo de mayor valor añadido en los que se eliminen actuales tareas rutinarias. Pero, insistimos, eso depende de nuestra capacidad para modernizar el sistema de formación.