Galán dice que garantizar el suministro de luz hasta 2030 costará 110.000 millones

A. I. S. | MADRID
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El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, advirtió ayer de que asegurar el suministro de electricidad durante los próximos 20 años requerirá de inversiones por 110.000 millones de euros que podrían dispararse hasta los 145.000 millones si el país decide prescindir de la energía nuclear. Sólo en redes de distribución, transporte e interconexiones, el sistema nacional requerirá de refuerzos por 50.000 millones, según el ejecutivo.

Durante una jornada de comparecencias de los primeros ejecutivos del sector energético en el Congreso de los Diputados, Galán exigió al Gobierno que aclare su política energética para los próximos años si quiere evitar «problemas de suministro eléctrico en la década de los 20 a los 30». En esta línea, reclamó a los partidos políticos unidad en torno al «mix» energético del país .

Tras Galán, dieron su visión sobre la estrategia energética que debe seguir el país, a puerta cerrada, los presidentes de Enagás, Antonio Llarden; CLH, José Luis López de Silanes; la Asociación Empresarial Eólica, José Donoso; y el consejero delegado de Gas Natural-Unión Fenosa, Rafael Villaseca. Todos ellos reconocieron la importancia de apostar por las energías renovables si bien la mayoría coincidió en los crecientes costes que reportan al sistema frente a energías convencionales como la nuclear, que resultan más económicas.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, no estaba presente en la sesión pero no tardó en contestar. Desde Oviedo, subrayó que la actual legislación deja la puerta «abierta» a la construcción de centrales atómicas y aunque reconoció que el Gobierno no animará a las empresas para que levanten nuevas plantas atómicas, remachó que ninguna empresa eléctrica ha solictado el permiso para hacerlo.

Unos 1.200 millones al carbón Dentro del debate sobre la política energética actual, la Comisión Nacional de Competencia volvió a avivar ayer la polémica sobre las últimas ayudas que diseña el Gobierno para el sector del carbón.

El organismo que preside Luis Berenguer hizo ayer público su informe en contra de la entrega de estas subvenciones para las que estima un coste de 1.200 millones que tendrán que asumir los consumidores. Además, advierte de que vulneran la competencia e interfieren en la fijación de precios por lo que estudiará recurrir su aplicación ante los tribunales si el Gobierno las aprueba sin cambios.