Imagen de archivo de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Imagen de archivo de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - IGNACIO GIL

Cinco vecinos ponen en jaque el futuro de Barajas

Un fallo del Tribunal Supremo contrario a los intereses del aeoropuerto respecto a los ruidos de los vuelos en una urbanización le obligaría a reducir un 30% su capacidad operativa o cerrar una de sus cuatro pistas

MADRIDActualizado:

AENA ha ganado uno de los tres frentes judiciales que mantiene abiertos por la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas. El Tribunal Supremo acaba de avalar la tasación hecha de las expropiaciones de los terrenos para llevar a cabo esas obras, lo que le permite liberar 446,3 millones de euros de los casi 1.000 que había provisionado para esos tres pleitos.

La compañía espera que, tras esta primera sentencia favorable, las otras pendientes también le beneficien. La resolución de ambas causas, detalló ayer AENA, «se espera de manera inminente». Una de ellas tiene que ver también con la tasación de los terrenos para la ampliación del aeropuerto madrileño. El otro está relacionado con las reclamaciones hechas por una serie de vecinos de Barajas en contra de la huella de ruido por los sobrevuelos que se producen cuando se utiliza una de las pistas en el barrio de Santo Domingo (Algete).

Esta última sentencia es la de mayor trascendencia para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pues puede suponer una importante variación en su operativa. Cinco vecinos de la urbanización Santo Domingo, en Algete (Madrid), demandaron a la empresa por los elevados ruidos que provocan los aviones que sobrevuelan el citado barrio al aterrizar.

Un fallo favorable a los demandantes, que consideran vulnerado su derechos «a la intimidad domiciliaria», mermaría la actividad y el empleo del aeropuerto. La consecuencia inmediata sería que Barajas tendría que reducir su capacidad en un 30% y, en el peor de los casos, cerrar una de sus cuatro pistas, retrotrayendo la capacidad del aeropuerto a la situación previa a la ampliación de la zona de rodaje de los aviones en 1998. Todo esto reduciría el tráfico en 70 millones de pasajeros e impediría crear 42.000 empleos en toda España hasta 2030.

El Supremo ordenó en 2008 al operador modificar su «modus operandi», y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, insatisfecho, impuso una reducción del 30% de la actividad en la pista 18R, la más larga del aeropuerto de la capital de España. Al ser la usada principalmente para el despegue de las aerolíneas que operan vuelos transatlánticos, afectaría en mayor medida a Iberia y Air Europa.