La norma autoriza a los empleados públicos a desarrollar otra actividad
La norma autoriza a los empleados públicos a desarrollar otra actividad - AFP

Los funcionarios de Portugal ya pueden prejubilarse desde los 55 años con el 100% de su sueldo

El país vecino aprueba un decreto-ley que beneficia a 130.000 empleados públicos y les permite desarrollar otra actividad remunerada

Corresponsal en LisboaActualizado:

A partir de ahora, los funcionarios de Portugal pueden acogerse a la fórmula de la prejubilación desde los 55 años con el derecho intacto a percibir hasta el 100% del sueldo que tenían asignado. Así se recoge en la Ley General del Trabajo de la Función Pública, promulgada por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, el pasado 29 de enero y publicada en el Diario de la República este miércoles 6 de febrero.

Por tanto, acaba de entrar en vigor esta medida, que afecta en una primera fase a unos 130.000 trabajadores, al menos de manera potencial puesto que se trata de casos que deben ser pactados de antemano, claro está.

Pero es que, además, la norma autoriza a los empleados a desarrollar otra actividad igualmente remunerada, siempre que se respeten las reglas de la incompatibilidad.

Esta circunstancia significa que los profesionales que se apunten al nuevo plan no pueden ejercer en un sector «con contenido idéntico al de la función pública» porque esa hipotética similitud entraría en «conflicto con su labor acumulada». Más aún, esta nueva faceta no puede en ningún momento causar «perjuicios» al interés público.

Con todo, los expertos consideran que los trabajadores pueden acumular «exactamente lo mismo» que antes de prejubilarse. Eso sí, los profesores de Universidad o los médicos se hallan en una posición más ventajosa porque están capacitados para beneficiarse de «regímenes especiales de acumulación».

Precisamente, este último constituye uno de los aspectos más polémicos del decreto-ley, aunque Portugal espera una verdadera avalancha de solicitudes para formar parte de semejante programa.

Metas

Los objetivos principales se resumen en tres, a grandes rasgos: conciliar la vida profesional y personal de los trabajadores, favorecer un buen ambiente para el desempeño de cada profesión en el ámbito común y mejorar la gestión pública.

El texto legal establece que la remuneración a percibir no puede superar el salario base que cobre la persona en cuestión y, por la parte baja, en absoluto puede concretarse como inferior al 25% del total.

El aumento anual de la cantidad acordada se realizará de forma automática, en función del Índice de Precios al Consumo. En consecuencia, se trata de la misma subida que cada persona disfrutaría de continuar en el «pleno ejercicio de sus funciones», de acuerdo con el lenguaje legal utilizado. En todo momento, se exige la autorización previa del Ministerio de Finanzas, expresada por escrito. Un hecho que ha avivado la controversia en torno al asunto en Portugal.