Los funcionarios acorralan al Gobierno y exigen elevar hasta el 3,5% su subida salarial para este año

Así se lo transmitieron este pasado viernes los sindicatos CC.OO. y UGT a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán , según confirman a ABC fuentes sindicales. También le trasladaron que de no cumplir ese mínimo los sindicatos le aplicarán al Gobierno la misma receta que ya han prescrito a la CEOE : presión en las calles y campaña de movilizaciones y protestas hasta que el Gobierno se avenga a compensar el impacto de la inflación en las nóminas de los cerca de tres millones de empleados públicos que hay en España.

En la reunión no se habló de cifras concretas, pero los sindicatos han ido dejando claro al Gobierno en los contactos que se han mantenido en los últimos días que no aceptarán ninguna revisión salarial para este año que se quede por debajo del 3,5% . Una referencia que consideran cauta en un contexto en el que la inflación media puede acabar entre el 6 y el 7,5% según las proyecciones de los analistas.

«Exigimos la negociación de un acuerdo plurianual que recupere el poder adquisitivo de los empleados públicos», aseguraron ayer CC.OO. y UGT en un comunicado. «No estamos dispuestos a consentir que los más de tres millones de empleadas y empleados públicos se quedan sin revisión salarial », subrayaban en el mismo texto.

Al margen del espacio bilateral de la unidad de acción, el sindicato CSIF ha sido el primero en situarse a la cabeza de la manifestación contra el Gobierno por su indolencia a la hora de actualizar las retribuciones de los empleados públicos y este próximo miércoles se echará a la calle para exigirle que se siente con los sindicatos y negocie el modo en que se va a compensar al personal público por la escalada de la inflación.

«El Gobierno no puede rehuir la negociación colectiva con los legítimos representantes de los empleados públicos para abordar la situación actual, blindando los servicios públicos y reconociendo la labor que prestan a la sociedad», señalan desde el sindicato.

De momento, las declaraciones que han salido desde el ámbito del área económica del Gobierno han remitido cualquier negociación sobre los salarios, incluida la eventual compensación por la desviación del IPC de este ejercicio, al año 2023.

Los sindicatos, sin embargo, no aceptan ese escenario y exigen un guiño por parte del Gobierno este mismo año para evitar que se cierre con una pérdida de poder adquisitivo que puede oscilar entre los cuatro y los cinco puntos.

Alegan que los empleados públicos acarrean ya una pérdida de poder adquisitivo de 15 puntos desde la gran crisis financiera de hace más de una década y que en los últimos 15 años han regalado entre 15 y 18 meses de trabajo a la Administración por este efecto.

La amenaza de movilizaciones en las calles no ha impresionado al Ministerio de Hacienda –que ha recuperado las competencias de Función Pública tras la última crisis de Gobierno–, que de momento ha remitido cualquier negociación sobre el particular a la finalización de las mesas de negociación sobre la oferta de empleo público y sobreestabilización de los trabajadores, y aunque se ha comprometido a convocar a la mesa de negociación de Función Pública todavía no prevé ninguna cita concreta para tratar el asunto.

El Gobierno tiene sus motivos para dilatar el asunto. El impacto económico que tendría la medida para las arcas del Estado no es ni mucho menos menor. Si la subida del 2% ya fijada en los Presupuestos Generales del Estado supondrá un coste de 3.000 millones de euros para las arcas de todas las Administraciones Públicas, elevar en 1,5 puntos extra la subida de los empleados públicos de 2022 elevaría esa factura hasta los 5.250 millones de euros . Es decir, esta última reivindicación de los funcionarios para acercar la actualización de las nóminas al avance del IPC supondría destinar otros 2.250 millones de euros de recursos públicos.

La medida se llevaría a cabo, además, en un contexto en que los sueldos de los 2,8 millones de empleados públicos que registra la Seguridad Social ya le suponen a las arcas públicas cerca de 140.000 millones de euros anuales, una factura que no hace otra cosa que crecer. Con esto, el total de trasferencias del Estado, sumando las pensiones públicas, alcanza ya los 290.000 millones de euros cada año.

Como advierte el profesor de Finanzas del CEF, Juan Fernando Robles, esta circunstancia supone «una elevada carga para el contribuyente» que irá a más si continúa la senda de sobredimensión de la estructura del Estado. Solo las revalorizaciones de pensiones y salarios del sector público han costado 9.000 millones de euros, cifra que se podría elevar hasta los 11.250 millones de llevarse a término la pretensión de los sindicatos, lo que equivaldría a un punto del PIB invertido solo en revalorizaciones. El total de las transferencias públicas equivalen a un coste del 24,1% del PIB.

En las últimas semanas, organismos como el Banco de España han advertido de los efectos potencialmente perniciosos para las arcas públicas y para la inflación de indexar las rentas públicas, pensiones y sueldos de los funcionarios.

Los sindicatos de la Función Pública llevan dos años presionando al Gobierno para reabrir la negociación salarial después de que en 2020 venciera el acuerdo plurianual firmado con Cristóbal Montoro en marzo de 2018. Su objetivo es recuperar la pérdida casi estructural de poder adquisitivo que se generó por el tijeretazo de entre el 5 y el 10% que el Gobierno Zapatero aplicó a sus nóminas en 2010 y por la congelación salarial entre 2011 y 2015.