Así funciona el mercado del CO2 que alimenta la disparada escalada de la luz

Fuentes del sector eléctrico explican que en torno al 25% del coste del megavatio generado en ciclo combinado se debe al precio de las emisiones de CO2. Pero, como la electricidad que se consume procede de fuentes de generación diversas, el impacto en el recibo es algo menor.

En cómputo global, el experto Alberto Martín , socio responsable del área de Energía y Recursos Naturales en la consultora KPMG, cifra actualmente en unos 25 euros por megavatio la repercusión del CO2 en la cotización del mercado mayorista de la electricidad. Es decir, unos 25 euros en un precio por megavatio que esta semana ha superado los 140 euros en el mercado mayorista.

Ese coste por emitir CO2 se paga desde el año 2005. Fue cuando la UE implantó este gravamen , esta penalización a ciertos sectores emisores de gases de efecto invernadero. Entre ellos, las eléctricas.

Desde entonces, cada año se ponen en circulación, mediante subastas, un cierto número de derechos de emisiones de CO2 . La UE fija la cifra tope de derechos que saca a subasta, que cada vez es menor, lo que hace que su precio sea cada vez más alto.

Las eléctricas, como entidades obligadas a pagar por sus emisiones de CO2 , acuden a esas subastas. Hay un mercado primario, controlado por la UE, y otro secundario, en el que son las propias empresas las que negocian entre sí por vender los derechos que les sobran o comprar los que les faltan para sus procesos productivos.

El precio de los derechos de emisión de CO2 se ha disparado en los últimos años. «La UE quiere un precio alto del CO2 y se ha dotado de los mecanismos para elevarlo si no sube por sí solo en el mercado de emisiones», explica Alberto Martín. Las dos herramientas fundamentales es, por un lado, reducir paulatinamente el número de derechos que hay en circulación; y, por otro, el llamado «mecanismo de estabilidad», por el que la UE puede intervenir directamente para restringir aún más los derechos de emisión disponibles, si ve que su precio no alcanza el nivel que considera deseable para empujar a los sectores productivos a invertir en descarbonización. Es decir, para que quienes pagan por el CO2 les salga más a cuenta invertir en descarbonización que pagar la penalización por sus gases contaminantes.

El problema es que, en el caso del recibo de la luz, el precio del CO2 acaba cayendo sobre el bolsillo del consumidor final en vez de sufragarlo las eléctricas como coste no repercutido. Así, e l CO2 se convierte en una suerte de impuesto forzoso para hogares y empresas cada vez que usan la luz.

Por una parte, las compañías trasladan al precio de la electricidad el coste de sus derechos de emisiones. Y, por otra, los gobiernos se lucran de ese mercado de emisiones, por la creciente recaudación que obtienen con ese gravamen. Y los consumidores, en medio.

Basta ver la evolución del precio de la luz y el de las emisiones de CO2 para comprobar esa correlación directa que hay entre uno y otro. En lo que va de año, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha duplicado; el del CO2, también. Y la escalada suma y sigue, con un horizonte poco tranquilizador.

Atendiendo estrictamente a la estrategia de descarbonización marcada por la UE, el experto Pedro Linares , director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas, cree que no es descabellado pensar en una cotización de incluso 100 euros por tonelada de CO2 dentro de diez años. «Actualmente, precios de entre 30 y 50 euros por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera parecen razonables a razón de la senda de descarbonización fijada por la UE. Y si en el horizonte del año 2030 el precio se sitúa entre los 50 y 100 euros también parece coherente» atendiendo a esa hoja de ruta que se han marcado las autoridades europeas», afirma Pedro Linares.

A juicio de este experto, este modelo de gravar las emisiones de CO2 que hay implantado en Europa «es una estrategia acertada». Pero ve necesario introducir compensaciones para que, al final, eso no recaiga de forma injusta en la sociedad, en sectores especialmente vulnerables. Linares considera que se deben introducir medidas efectivas para proteger a «los hogares vulnerables, a familias para las que la luz supone un coste muy importante que sacude su presupuesto familiar». Y también velar por que la repercusión en la industria no sea dañina a futuro.

El experto Alberto Martín, de KPMG, incide en el mismo sentido. «Debemos proteger a los consumidores mas vulnerables, y el Gobierno dispone para ello del dinero que obtiene por la recaudación de derechos de emisión. Además, se tienen que fomentar las inversiones en eficiencia energética y ampliación de plantas de energías renovables». Insiste en que «hay que construir muchas más instalaciones de energías renovables, y no se está haciendo, básicamente, por las trabas administrativas a las que se enfrentan los promotores».

Francisco Benedito , CEO y fundador de la empresa Climate Trade, apuesta por una solución más drástica: intervenir el mercado de la electricidad para que las compañías no trasladen el coste del CO2 a los consumidores con las consecuencias tan gravosas que está teniendo. Benedito conoce de primera mano el mercado de los derechos de emisiones de CO2. Su empresa gestiona una plataforma digital de compraventa de títulos de descarbonización para entidades que voluntariamente quieren reducir su huella de carbono. Además, Climate Trade también opera como broker para compañías que tienen que operar obligatoriamente en el mercado de emisiones de CO2.

A juicio de Benedito, se pervierte el modelo ideado por la UE si las eléctricas trasladan el coste de sus emisiones al consumidor. La UE fijó los derechos de emisiones de CO2 como una forma para gravar a quienes contaminan y moverles a ser más sostenibles.«Pero eso no se produce si el que contamina no lo nota en su cuenta de resultados porque se lo traslada al consumidor final», reflexiona Francisco Benedito. Considera que el asunto es todavía más grave si se tiene en cuenta que está afectando a la electricidad, «que es un bien social básico».

Por su parte, desde el sector eléctrico piden que el esfuerzo sea compartido por el Estado . Destacan que el Gobierno recauda cada vez más dinero con los derechos de emisiones de CO2 , y piden que esa creciente recaudación se utilice para amortiguar el aumento de los costes de generación de la electricidad. Fuentes del sector aseguran indican que ese aumento del precio de las emisiones de CO2, marcado por las autoridades europeas, va a reportar al Gobierno español este año unos 2.400 millones de euros. Son unos mil millones más que hasta ahora. Según estas fuentes, si el Gobierno destinase esos mil millones a financiar costes del sector, «la parte regulada del recibo de electricidad podría reducirse el 7,5%, que en la factura final del consumidor supondría un ahorro cercano al 4%».