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El FROB discute a Caixabank pérdidas que atribuye al EPA de Banco de Valencia

Una comisión revisará algunas de las operaciones que el banco ha cargado al esquema de garantías que le dio el Estado

Moncho Veloso

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El Estado usó 5.498 millones de euros en sanear Banco de Valencia antes de venderlo por un euro a Caixabank en noviembre de 2012 , pero no fueron las únicas ayudas públicas comprometidas en ese rescate. El FROB concedió a la entidad catalana una garantía por la que le cubre parte de las eventuales pérdidas que sufra en algunos créditos concedidos por el banco absorbido . Según ha podido saber ABC, el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Caixabank no están de acuerdo en algunos de los quebrantos imputados ya por el banco a ese esquema de protección de activos (EPA).

El FROB ha contratado al despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo como experto independiente para que le asesore en la creación de una comisión mixta en la que, según las fuentes consultadas, se discutirán esas operaciones en las que banco y fondo discrepan. Es un mecanismo contemplado en el protocolo de medidas de apoyos financieros firmado en el marco del plan de resolución de Banco de Valencia.

El fondo de rescate español otorgó a Caixabank un EPA que cubre el 72,5% de las posibles pérdidas derivadas de una cartera de préstamos de Banco de Valencia por valor de 5.192 millones de euros. Los primeros 212 millones de pérdidas los asume Caixabank, y a partir de ahí y hasta el importe total cubierto, la factura es para el Estado .

La garantía aún no cuesta dinero al Estado

A día de hoy este esquema aún no ha supuesto ningún desembolso para el FROB, pues no se han superado esos 212 millones iniciales. Sin embargo, la entidad pública y Caixabank no habrían llegado a un acuerdo sobre algunos impagos ya incluidos en ese primer tramo del EPA. En todo caso, y según las fuentes, son unas pocas operaciones, no se discute el EPA en su generalidad y esa comisión mixta es un procedimiento habitual.

El FROB, según informó recientemente su presidente, Jaime Ponce, en el Congreso de los Diputados, estima que ese esquema le supondrá a su vencimiento, en 2022, una pérdida de unos 500 millones de euros, de una estimación máxima de 1.100 millones.

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