Frente común del PP contra la armonización fiscal del Gobierno

La reacción de las comunidades autónomas del Partido Popular será prácticamente unánime, dentro de las posibilidades existentes a día de hoy tras la convocatoria de elecciones en Castilla y León. Según ha podido confirmar ABC, Madrid, Andalucía y Murcia llegarán hasta el último extremo para defenderse de una posible armonización fiscal.

Esto significa que las tres comunidades acudirán a la Justicia si el Gobierno limita su autonomía a la hora de poder bonificar o bajar estos impuestos. Pasando por el Tribunal Constitucional, principalmente, aunque las tres regiones hablan en términos también generales de llegar a la Justicia para paralizar las intenciones del Ejecutivo.

En el caso de la Comunidad de Madrid se está preparando, como publicó ABC, una iniciativa legislativa para obligar al Ejecutivo a tener que negociar cara a cara con el gobierno regional si quiere implantar medidas como éstas en la región capitalina. Una suerte de intento de blindar su autonomía fiscal y dotarla de armazón jurídico.

Por su parte, J uan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía , fue tajante en una entrevista con ‘Economía Digital’. ¿Cómo se protegerán frente a la armonización fiscal? «Defendiendo la autonomía y si hace falta yendo a los tribunales. Ya se le ha ganado alguna vez al Reino de España , por ejemplo en el IVA (pendiente de 2017). (...). Nosotros pensamos que se pueden bajar impuestos, no quitar, sino disminuirlos y controlar el gasto público», afirmó el consejero.

Castilla y León es otra de las comunidades que lideraba el PP y que apostaba por una reducción de estos impuestos, a la vista de sus decisiones. Sin embargo, la convocatoria anticipada de elecciones deja el frente de los populares en ‘solo’ tres autonomías.

Galicia es la otra región del PP que bien podría pensarse que se sumará a este planteamiento, aunque su posición es menos beligerante contra la armonización fiscal del Ejecutivo. Eso hace que no se plantee acudir a los tribunales si el Ejecutivo termina por imponer su tesis en cuanto a estos tributos. Lo que quiere es autonomía fiscal.

Así las cosas, en lo que sí se logró el compromiso de Galicia fue para un comunicado que se emitió tras reunirse los consejeros de Ceuta, Andalucía, Murcia, Galicia, Castilla y León y Madrid sobre el nuevo sistema de financiación autonómica hace poco, implicando también materia impositiva: «El futuro sistema de financiación autonómica deberá respetar la autonomía fiscal y financiera de las CC.AA ., y su capacidad normativa, como mínimo en sus niveles actuales, de manera que las CC.AA. puedan seguir haciendo una política para bajar el esfuerzo fiscal en beneficio de los ciudadanos». En otras palabras, todas coinciden en que se mantenga la autonomía de las regiones y que al menos el margen se mantenga como hasta ahora.

El problema que ve Hacienda viene de lejos, pero tiene como objetivo claro atacar a Madrid, la comunidad que más bonifica los impuestos. Por ejemplo, el Impuesto de Patrimonio es como si no existiera en esta autonomía al estar bonificado en su totalidad, lo que provoca mudanzas fiscales a la capital como polo de atracción gracias a su fiscalidad; algo similar ocurre con los impuestos de Sucesiones y Donaciones , con bonificaciones que llegan casi al 100% cuando la transmisión es entre familiares muy directos (padres a hijos, etc.).

Otras regiones del PP, más allá de Madrid, también cuentan con bonificaciones, y hay quién ha ido más allá que el resto con nuevos anuncios recientes. Murcia comunicó hace pocas semanas que prácticamente eliminará en 2022 Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. La tendencia de estas autonomías es ahondar en esta política impositiva... y ahí topan con el Gobierno , que entiende que estas decisiones solo benefician a las clases altas.

La ministra Montero acusó a estas regiones de «populismo fiscal» en un foro organizado por ‘CincoDías’ hace pocas semanas. Asimimo, criticó que bajar cada vez más los impuestos supone dejar a la ciudadanía a su suerte ya que los servicios públicos se ven afectados negativamente. La titular de Hacienda recuperó su discurso más duro contra lo que ella cree que es «dumping fiscal» de estas regiones para atacar las bajadas continuadas de impuestos.

El objetivo del Gobierno, así, es evitar que las autonomías tengan margen para evitar ciertos impuestos a sus ciudadanos. Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda reconocen que la clave estará en lo que dictaminen los expertos en su informe sobre la reforma fiscal del próximo febrero, pero entienden que todo está enfocado a culminar en 2023 una armonización fiscal.

La intención del Ejecutivo es escudarse en este grupo de expertos y sus recomendaciones para llevar a cabo estas medidas, aunque con la amenaza de las regiones del PP todo parece que acabará en los tribunales. Es por ello que, al ser preguntada por medidas específicas, Montero siempre rehúye dar una respuesta concreta y pone pie en pared con que todo dependerá del informe de los expertos.

«Los ciudadanos tienen que tener unas cargas fiscales homogéneas en función de su capacidad económica y su nivel de renta, vivan donde vivan. La armonización fiscal no agota la capacidad normativa de las comunidades. Lo que se busca es que no se provoque un efecto atracción de empresas y rentas en determinadas comunidades que provoque que se vacíe el resto de España», afirmó en diciembre de 2020 la ministra de Hacienda. El año 2023, según fuentes consultadas por ABC, sería el año que más cuadraría para esta reforma fiscal.

Sin embargo, esta no es una idea que solo parte de la rama socialista del Gobierno, sino que Unidas Podemos lleva años ya haciendo fuerza sobre ello. Igual que ERC . En las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de este año y el próximo ya quedaron cristalinas las intenciones de estas dos últimas formaciones políticas.

Primero fue ERC la que quiso en las cuentas de 2021 incluir la armonización fiscal, en este caso del Impuesto de Patrimonio . Y de cara a las cuentas de 2022 ha sido Podemos el que más fuerza a hecho, tras fracasar la iniciativa el año anterior. El grupo morado presentó una enmienda al proyecto de Presupuestos de 2022 en la que propuso crear una cuota estatal, al margen de la normativa de cada región, para que no pueda haber bonificaciones totales. Pese a todo, aquello no ha llegado a buen puerto ya que Podemos retiró todas sus enmiendas antes de que fueran analizadas. No llegaron a estudiarse, evitando así a la rama socialista tener que mojarse en este momento.

Asimismo, cabe recordar también que Ximo Puig, presidente valenciano, y José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social , plantearon la posibilidad de imponer un impuesto específico para Madrid, enfocado a sus rentas altas. En ese caso Hacienda salió pronto al paso para negar que esa sea la intención del Gobierno y enmendaron al titular de Seguridad Social.

Así las cosas, el caldo de cultivo para ir asentando la idea de que el golpe fiscal a las autonomías del PP ya se ha creado. Y la preocupación entre las grandes fortunas está ahí, según confirman fuentes jurídicas a ABC. En los despachos de abogados se lleva ya tiempo recibiendo consultas sobre lo que una armonización fiscal puede ocasionar a sus patrimonios, de cara a poder tomar alguna decisión, como deslocalizar su patrimonio líquido hacia jurisdicciones más benefiosas.

Por el momento no se han tomado decisiones como el traslado de activos a otros países como Luxemburgo, uno de los territorios más atractivos para las grandes fortunas, pero en los despachos de abogados dan por descontado que una vez el Gobierno ponga en marcha su esperada decisión, el aluvión de consultas volverá a incrementarse. Febrero será una fecha clave.