Fondos europeos: el Gobierno español y la Comisión Europea incumplen su promesa de transparencia

Pocos repararon entonces en que apenas dos semanas antes de esas aseveraciones de Pedro Sánchez él mismo había firmado un artículo en el diario El País, fechado el 7 de marzo de 2021, donde adelantaba la formación de un consorcio público-privado del Gobierno con el Grupo Volkswagen e Iberdrola para poner en marcha una fábrica de baterías. Esa iniciativa se encuadra dentro del plan estratégico del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) de los fondos europeos, cuyo presupuesto máximo de la ayudas será de 1.425 millones de euros en forma de préstamos y 1.550 millones de euros en forma de subvenciones hasta 2023.

Moncloa viene insistiendo en que la selección de los proyectos beneficiarios de los fondos europeos se realizará de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y la Ley de Subvenciones en convocatorias y licitaciones competitivas y transparentes. Pero, entonces, surge un problema de transparencia y congruencia política cuando las bases reguladoras para aspirar a esas cuantiosas ayudas del PERTE VEC se publicaron el 28 de diciembre pasado en el BOE, nueve meses después de que Sánchez adelantara el nombre de algunos de sus beneficiarios. Un portavoz del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, institución de la que depende la ejecución del plan para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos, asegura que siempre «se adjudicará en concurrencia competitiva». Añade: «Todo el mundo que tenga un plan lo podrá presentar, incluido el consorcio de Volkswagen e Iberdrola».

El portavoz del Ministerio de Industria insiste a ABC en que al margen de que cualquier consorcio de empresas haya presentado proyectos mediante las llamadas manifestaciones de interés o 'calls of interest', esto «no genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para el apoyo de proyectos tractores, ni ninguna obligación a la Administración».

Ese anuncio del Gobierno de Sánchez sobre una pre-adjudicación sin concurrencia competitiva lo califica Luis Garicano como un «escandalazo total». Garicano, además de eurodiputado por Ciudadanos, es miembro del Grupo de Trabajo de Seguimiento de los Planes de Recuperación del Parlamento Europeo. Añade lo siguiente: «No se puede adjudicar a dedo a nadie una proyecto así, no lo veo correcto y no me pareció en absoluto consistente con las normas europeas».

Preguntado sobre este tema, un representante del Grupo Volkswagen no entró a valorar los anuncios públicos del Ejecutivo y dijo a este diario que «es una buena noticia para España y para la industria del automóvil que el Gobierno haya aprobado las bases reguladoras del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado». Añadió: «Una vez abierta la convocatoria, la estudiaremos con detalle».

A propósito de este asunto y otros, mediante una petición de información pública a través del Portal de Transparencia, solicitamos a la Secretaría de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda los documentos emanados de las comunicaciones y encuentros entre el Gobierno y otros actores en la gestación y negociación del plan nacional para los fondos europeos, actores que incluyen empresas, la CEOE, sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales. Hacienda refirió al artículo 18 1.b) de la Ley de Transparencia para denegar información que tenga carácter auxiliar «como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas».

Los reporteros del proyecto #RevoveryFiles *, una alianza periodística internacional que investiga cómo se gastan los 724.000 millones de euros de los contribuyentes europeos del macroplan concebido para aliviar los daños económicos causados por la pandemia, ya han apelado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la decisión gubernamental de no entregar esa información que arrojaría información relevante a los ciudadanos sobre unos fondos concebidos para transformar y modernizar la economía española.

Existe jurisprudencia del Tribunal Supremo y otros órganos judiciales superiores que considera estricta e inoportuna la interpretación del artículo 18 para negar información que es relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación. A los ciudadanos españoles les podría interesar una gestión transparente de los 82.014 millones de euros en transferencias no reembolsables que recibirá el Estado de los fondos europeos Next Generation EU entre 2021 y 2023 y la oportunidad de solicitar otros 67.300 millones en préstamos. España ya recibió 29.037 millones de euros de ayudas directas en 2021, según informa el Ministerio de Hacienda.

También se solicitó a Hacienda un listado de las instituciones públicas y las partes privadas que hasta la fecha se han beneficiado de ayudas, subvenciones y licitaciones gracias a los fondos europeos. En su respuesta, Hacienda remitió a consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público y la Base Nacional de Datos de Subvenciones. El sitio web que ha creado el Gobierno para el plan nacional de los fondos europeos recoge las licitaciones y las convocatorias de las ayudas, pero no así las resoluciones de las administraciones central, autonómicas y municipales que ayudarían a una mejor rendición de cuentas.

En el informe de seguimiento de la CEOE de los fondos europeos de enero 2022 precisamente se recomienda que el sitio web oficial del plan nacional comunique una información más centralizada y completa porque, entre otros déficits, no se encuentran todas las convocatorias y licitaciones de ámbito autonómico y local. El informe de la CEOE pone como ejemplo de transparencia la plataforma digital de Portugal de los fondos europeos, ' Recuperar Portugal ', donde se puede consultar la llegada de dinero a los beneficiarios finales con una actualización constante.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , hizo una promesa a la defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly : «Puede estar segura de nuestro compromiso por garantizar la transparencia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que compartimos su idea de que la plena participación de los ciudadanos de la UE es un requisito previo para garantizar su éxito».

Esa promesa se la hizo Von der Leyen a O’Reilly en una carta fechada el 15 de octubre pasado. Conocemos este hecho porque un periodista del proyecto #RecoveryFiles había elevado una queja ante la defensora del Pueblo Europeo por la opacidad y la hostilidad mostrada por la Comisión a la hora de aceptar que está obligada por ley a entregar documentación relativa al plan nacional de Alemania para los fondos Next Generation EU.

O’Reilly actuó rápido, se toma en serio su trabajo como defensora del Pueblo. Como consecuencia, el tono de la Comisión Europea se suavizó y empezó a enviar algunos documentos al periodista alemán.

En lo que respecta a España y sus negociaciones con Bruselas, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó más de 2.200 expedientes que sumaban unos 25.000 folios antes de que la Comisión Europea aprobara en junio pasado el Plan de Recuperación, Transformación. ABC lo sabe gracias a sus comunicaciones con el Grupo de Trabajo para la Recuperación y la Resiliencia (RECOVER) de la Comisión, responsable de coordinar una gran parte de los fondos europeos no reembolsables con España y los Estados miembros de la UE.

Ese órgano de la Comisión trabaja sobre 300 expedientes enviados por el Gobierno español y las comunicaciones intercambiadas entre Madrid y Bruselas para entregárselas próximamente a los reporteros. Eso prometen transcurridos ya más de tres meses de la primera petición de información pública y tras varias negociaciones para delimitar el volumen de la consulta y hacerla más viable. «El proceso de tachado del gran número de documentos ha requerido más tiempo del previsto», señala la Comisión. Por «tachado» se refieren a la eliminación de información potencialmente sensible y a la de carácter personal.

Preguntada también la Comisión Europea sobre cuántos funcionarios y cuántas horas se dedicaron a evaluar la propuesta española que incluía más de 2.200 expedientes, un portavoz indicó de forma un tanto ambigua: «Confirmamos que se dedicó una cantidad significativa de tiempo a esa tarea, que duró varias semanas y que contó con la participación de muchos miembros del personal [de la Comisión]», explica un portavoz.

La Comisión, de forma implícita, también excusa el retraso en enviar la información requerida en los limitados recursos humanos dedicados a las labores de transparencia y acceso a documentos públicos.

Helen Darbishire , experta en transparencia, apunta que, dado el interés público en los fondos europeos de recuperación, la Comisión Europea debería estar preparada para asignar recursos y, de ese modo, facilitar un acceso adecuado a los documentos de acuerdo con los plazos marcados por la ley. En su papel de directora de Access Info Europe , Darbishire asegura: «La confianza en nuestras instituciones está menguando, así que deberían poner un poco de dinero en la recuperación de la confianza también y eso significa necesariamente poner dinero en las políticas de transparencia».

A pesar de la promesa hecha por Ursula von der Leyen a Emily O’Reilly, la experiencia de otros periodistas de #RecoveryFiles en su intercambio de comunicaciones con la Comisión Europea para obtener documentos también incumple las expectativas de transparencia creadas por sus palabras.

Tomemos el caso de Rumanía, que tiene derecho a recibir 30.000 millones de euros de fondos europeos. El 19 de noviembre, un funcionario del Grupo de Trabajo para la Recuperación de la Comisión envió una respuesta a un periodista de Bucarest que había solicitado documentos. La Comisión se negó a ello porque revelarlos amenazaría el «clima de confianza mutua» con las autoridades rumanas y «tensaría las relaciones de trabajo» entre Bruselas y la Bucarest.

En el caso de Dinamarca, también se opuso a la divulgación de un número importante de documentos porque, de lo contrario, «se tensarían las relaciones de trabajo entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales danesas».

Helen Darbishire explica que esgrimir esa idea para denegar el acceso a documentos « resulta ridículo porque no se debería usar el concepto de relaciones internacionales en el seno de la Unión Europea». Añade esta experta en transparencia que esto refleja la vieja concepción de pensar la «Unión Europea como si fuera un club diplomático».

Las cosas siempre pueden ser peores en otros países. La transparencia brilla por total ausencia en países como Hungría y Francia. Las peticiones de información sobre los fondos europeos de las periodistas de esos países a los gobiernos de Victor Orbán y Emmanuel Macron sólo han obtenido el eco del silencio administrativo hasta la fecha. Fueron enviadas en octubre y noviembre, respectivamente.

«Necesitamos tener acceso a la información relacionada con el Fondo de Recuperación porque si no se produce esa rendición de cuentas habrá corrupción y surgirán escándalos porque se gastará mal y, sí, tarde o temprano habrá escándalos», concluye Darbishire.

* #RecoveryFiles es un proyecto periodístico transnacional que investiga la gestión del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Reporteros de 17 países se han unido para colaborar bajo la coordinación del medio neerlandés Follow the Money. Cuentan con una ayuda económica parcial de la organización Investigative Journalism for Europe . Entre otros medios participantes están ABC, Le Monde (Francia), Die Welt (Alemania), Onet (Polonia), IrpiMedia (Italia), Deník (Chequia), Iltalehti (Finlandia), Atlatszo (Hungría), Oštro (Eslovenia/Croacia), Context Investigative Reporting Project (Rumanía), ZackZack (Austria), Deo (Dinamarca) y Bird (Bulgaria).