Fomento condena «los actos vandálicos y de sabotaje» en los puertos por la crisis de los estibadores

Como ya avanzó ABC la semana pasada, las autoridades portuarias están denunciando una reducción drástica de la productividad, de más del 40% en los principales puertos , una situación que días después también fue denunciada por la propia patronal del sector, la asociación nacional de empresas estibadoras y consignatarias de buques (Anesco), que dijo registrar «huelgas ilegales encubiertas y selectivas». Los estibadores, por su parte, niegan la mayor: aseguran, en declaraciones recogidas por Efe, que «en absoluto» llevan a cabo este tipo de movilizaciones ilegales. Asimismo, en una entrevista con el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, publicada en este periódico el pasado sábado , el principal sindicato del colectivo rechazaba también este extremo, aunque reconocía que es comprensible que, en un conflicto de estas características, los empleados no acudan a su puesto de trabajo con «el mismo ánimo».

Fomento, además, hace un llamamiento en el texto a que «desde el respeto al derecho de huelga [...] se cumplan los servicios mínimos establecidos ante la convocatoria de huelga de los días 20, 22 y 24 de febrero». Los estibadores han convocado paros únicamente durante las horas impares con el fin de evitar los servicios mínimos , una posibilidad que, según expertos jurídicos consultados por el diario, quedaría amparada por el derecho de huelga, siempre y cuando el Gobierno no determine que se trata de un servicio público indispensable por su relevancia para el tránsito de mercancías y el abastecimiento de la población. En cualquier caso, la Coordinadora Estatal de Trabajadores ha amenazado con ampliar los paros si el Ejecutivo rechaza el planteamiento de huelga anunciado el pasado miércoles .

Este martes Gobierno, patronal y sindicatos estibadores volverán a reunirse en la sede del Ministerio. El Ejecutivo ha recordado que los «límites de la negociación son los que marca la propia Comisión Europea, quien ya ha mostrado su negativa a que se cree un registro nacional de trabajadores (una organización cerrada que determina las plantillas asignadas a cada buque y que impide el acceso libre a la profesión), tal y como proponen los sindicatos».

En este sentido Fomento recuerda que la Comisión Europea, en una carta remitida por la directora general de Transporte y Movilidad de la Comisión, respondió al Gobierno español que dicho registro no se podía crear. La UE ya ha impuesto sanciones: se espera que en primavera se dicte una nueva sentencia que p odría conllevar 134.000 euros cada día por incumplimiento, que se suman a los 21,5 millones de multa que ya afrontan las arcas públicas españolas por esta misma cuestión.