El Fogasa asumirá hasta cinco meses de salarios de empleados de Nueva Rumasa y se convertirá en acreedor

Así se ha acordado en una reunión celebrada entre responsables del Fogasa y dirigentes sindicales a fin de tratar la «difícil situación» que atraviesan los trabajadores de Nueva Rumasa, que en muchos casos tienen pendientes de cobro varios meses de sus nóminas y otros conceptos salariales. «Los responsables del Fogasa se han ofrecido para colaborar de forma inmediata con los sindicatos y con las autoridades judiciales para agilizar los expedientes y solventar lo más rápidamente posible la situación de impago de salarios de trabajadores», destacó la Federación Agroalimentaria de CC.OO.

La organización sindical confió en que «impere el sentido común» en la familia Ruiz-Mateos y que «se puedan facilitar las conciliaciones oportunas para que las deudas salariales pasen al Fogasa en lugar de a los trabajadores».

CC.OO. emplazó a los empleados a presentar ante la oficina de conciliación de cada comunidad autónoma la reclamación de salarios adeudados e incidió en la necesidad de agilizar al máximo el pago de las deudas salariales por parte del Fogasa a los trabajadores, previo reconocimiento de la misma por parte de la empresa. Por otro lado, está prevista una «reunión multilateral» el martes 22 de marzo en el Ministerio de Trabajo para «encauzar soluciones globales que permitan a los trabajadores acceder a las prestaciones salariales vía expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales».

CC.OO. informó de que también se ha celebrado un encuentro con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para «buscar soluciones compartidas, consensuadas y de futuro» a las empresas alimentarias propiedad de la familia Ruiz-Mateos, en las que «están en juego» casi 4.000 puestos de trabajo directos.

El sindicato dijo coincidir con la titular del ramo en la apuesta por reforzar «aún más» la coordinación entre los departamentos de Trabajo y Medio Ambiente y otras instancias de la Administración y las comunidades autónomas, al objeto de garantizar «el futuro del máximo posible de empresas y puestos de trabajo».

Asimismo, se ha establecido la necesidad de poner en marcha un protocolo de actuación que establezca una metodología de trabajo donde se definan las gestiones y trabajos a desarrollar por cada uno de los actores que deben intervenir en una solución, cuyo objetivo final sea la preservación del mayor tejido industrial posible, «buscando operadores sólidos y solventes del sector».

En su opinión, sindicatos, administraciones, organizaciones agrarias y empresas alimentarias y de distribución deben implicarse en la preservación de marcas «con prestigio» y en impedir que Nueva Rumasa «siga dañando nacional e internacionalmente al sector».