La flexibilidad de las empresas se blinda en una reforma que pone coto a la temporalidad

La negociación se está convirtiendo así en un juego de equilibrios necesario para que todas las partes vean satisfechas sus demandas y firmen un acuerdo que, en principio, mantendrá intacto el artículo 41 de Estatuto, el que permite a las empresas hacer del despido el último recurso, la esencia de la reforma laboral de 2012 y un ‘dogma’ para las empresas. Esta ha sido la verdadera línea roja de la negociación para los empresarios y mantener estas herramientas clave para que la patronal termine poniendo su firma en un acuerdo.

Con un acuerdo de estas características el Gobierno dará cumplimiento a los requerimientos de Bruselas, que reclama a España medidas para combatir tasas de temporalidad que rondan el 25% . La última propuesta sobre la mesa fija en seis meses, ampliable a un año, el contrato temporal por circunstancias de la producción y en 90 días la duración de los contratos temporales por aumento de trabajo ocasional. Y para el caso de campañas que se repiten cada año se acuerda el uso del contrato fijo discontinuo , la fórmula por la que apuesta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para el nuevo marco laboral.

El paquete de medidas para luchar contra el abuso de la temporalidad incluye la eliminación del contrato de obra y servicio , la estrella de la contratación eventual en España, y las partes ultiman la creación de un contrato de obra específico para el sector de la construcción que, este caso, sería estable y con una indemnización de 20 días en lugar de los 12 del contrato de obra por despido.

En paralelo a la mesa técnica, las negociaciones también se han acelerado en el terreno político. Se trata de atar los apoyos de la norma y asegurar un paso por el Parlamento sin sobresaltos ni modificaciones de última hora que puedan echar por tierra el trabajo de ajuste fino del diálogo social, a los que les va a comunicar el estado de la negociación y los aspectos más destacados de las propuestas que se encuentran sobre la mesa. Fuentes de las negociaciones aseguran que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de atraer a partidos nacionalistas como ERC y PNV con cambios en la negociación colectiva, que darían un mayor protagonismo en determinadas materias al convenio autonómico .

Desde el ministerio de Trabajo se asegura que este es una cuestión que no está solventada y recuerdan que no está incluida dentro de los compromisos con Bruselas en el famoso componente 23. Tampoco gusta esta opción entre los empresarios, que consideran que esto sería una traba más para el ya de por sí complejo escenario legislativo territorial al que a día de hoy se enfrentan las empresas españolas.