Ferran Font
Cada desahucio, un fracaso de todos; cada okupación, también
Todos los estamentos de la sociedad deben proteger el derecho a una vivienda digna, que deber estar en el foco de cualquier legislación, por lo que las actuaciones en materia de vivienda deberían ser consensuadas y estar lejos de estrategias electorales cortoplacistas
Uno de los principales objetivos de la industria inmobiliaria y de todas las partes que la integran es el de velar por el acceso de todos al mercado de la vivienda. Partir de esta base es fundamental para vertebrar cualquier análisis o debate económico, político ... o incluso ético sobre las decisiones tomadas por el poder político. Todos los estamentos de la sociedad deben proteger el derecho a una vivienda digna, que deber estar en el foco de cualquier legislación, por lo que las actuaciones en materia de vivienda deberían ser consensuadas y estar lejos de estrategias electorales cortoplacistas.
La regulación y la gestión de las administraciones públicas determinan el funcionamiento de un sector que necesita estabilidad. El impacto de los cambios de legislación a veces es inmediato y no siempre es sencillo o posible revertir. Y es por este motivo las políticas de vivienda son cruciales para gestionar el mercado de una manera eficiente, sostenible y que otorgue seguridad y garantías a todas sus partes. Desde Pisos.com hemos alertado de los perjuicios que puede ocasionar el intervencionismo excesivo en el mercado.
En este contexto, la futura ley de vivienda genera hoy tanta expectación como polémica, especialmente en la sección relativa a los desahucios, una problemática social avivada tanto por la situación pandémica como por la anterior crisis económica. De hecho, más del 53% de las ejecuciones hipotecarias que se registran aún son de hipotecas concedidas entre los años 2005 y 2008.
Si bien el impacto de la crisis a la que nos enfrentamos es demoledor, habrá que prestar atención al contenido exacto de la ley en el apartado sobre desahucios. El difícil equilibrio entre ofrecer soluciones al drama social que sufren colectivos vulnerables y el perjuicio a los propietarios que se sienten indefensos ante las últimas modificaciones, obliga a un mayor consenso. Esta coparticipación no sólo debe darse desde el punto de vista político y social, sino también con un sector inmobiliario que, una vez más, ve como las decisiones se toman sin su aportación y se sitúan lejos de sus propósitos.
Si cada desahucio es un fracaso para el mercado de la vivienda, también lo es cada okupación. La mayoría de los propietarios son particulares que también sufren las consecuencias de la pandemia y que no deberían verse desprovistos del uso de su vivienda. Proteger el derecho de unos a una vivienda digna no debe lograrse en contraposición al derecho de otros a la propiedad privada, sino con políticas eficaces de vivienda social, una fluida relación público-privada e incentivando fiscalmente al sector privado para ampliar así la oferta de nuestro país.