El supervisor indemnizó a Ordóñez y a su jefe jurídico con 700.000 euros

Alepuz salió del Banco de España en septiembre de 2011 tras aceptar una oferta de empleo de La Caixa. El reglamento del supervisor fija un periodo de seis meses desde el cese en los que el secretario general no puede trabajar para ninguna entidad sujeta a la vigilancia del organismo. Para compensar esa incompatibilidad, tiene derecho a recibir el 40% de los ingresos totales del ejercicio. Además, los altos cargos que dejen el banco percibirán una indemnización igual a la del despido improcedente con un máximo de dos anualidades. Con todo, Alepuz cobró 364.446 euros.

No obstante, según el reglamento del Banco de España en aquel año, cualquier despido o abandono voluntario de sus altos cargos sería indemnizado de igual manera, con 45 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades. Una normativa que cambió el sucesor de Fernández-Ordóñez, el actual gobernador , ya en 2012 y que se aplica desde 2013. Cualquier despido de directivos generales o secretario general es indemnizado con 20 días por año trabajado y un tope de seis mensualidades, y en el caso de ser un cese voluntario, como en cualquier otra empresa, sin indemnización.

El Tribunal de Cuentas , que ha fiscalizado el cumplimiento de la normativa de indemnizaciones a altos cargos de determinadas entidades del sector público estatal entre 2012 y 2014, «no aprecia tacha de legalidad» en esos pagos, pero critica que se le pagaran seis meses de compensación laboral.

El ente recuerda que esas condiciones contrastaban con las limitaciones que ya había impuesto la reforma laboral. «Incluso contrasta con la indemnización que se satisfizo al gobernador del Banco de España, cesado posteriormente , pese a que sus restricciones para el ejercicio de otra actividad eran mucho mayores», añade el Tribunal en referencia a Fernández Ordóñez, informa Ep.

El exgobernador, que dimitió en mayo de 2012, dos meses antes de finalizar su mandato, recibió 348.751 euros, equivalentes al 80% de su sueldo, complementos y dietas, cuantía que el Tribunal ve «adecuada» porque su régimen le impedía trabajar en el sector durante dos años tras su cese.