La falta de personal en la Seguridad Social retrasa hasta en cuatro meses el cobro de la pensión desde la solicitud

Esta es la principal queja que tienen los trabajadores de la Seguridad Social: la dilatación de procesos por falta de manos. «En los últimos meses, con motivo de la crisis, las listas de espera para ser atendido se sitúan en los tres meses y el cobro de prestaciones se retrasa una media de 3-4 meses desde que se realiza la solicitud «, denuncian desde el sindicato CSIF.

Fuentes de la organización apuntan, más allá, a una falta de atención por parte del Ministerio de Seguridad Social, que es el responsable de trasladar las necesidades de su plantilla para poder actuar desde el Gobierno a través de una oferta pública de empleo extraordinaria, que sería el modo más rápido de cubrir con interinos a parte de los 7.468 puestos de trabajo necesarios para cubrir las jubilaciones que han mermado en un 20% el volumen de personal en los últimos diez años.

Pero más aún, según denuncia también el sindicato CC.OO. sobre este punto, más del 60% de trabajadores de la Seguridad Social se retirará en la próxima década, y hasta un 80% lo hará en un plazo de 15 años . Es en este punto donde desde las organizaciones afean la falta de empatía del Gobierno. Explican fuentes sindicales que esperan una respuesta concreta el próximo día 20 de abril, cuando será la reunión con el ministro José Luis Escrivá.

Las fuentes consultadas por ABC advierten que sería necesario incorporar «urgentemente» a personal interino, tal y como abordó el Ministerio de Trabajo tras las protestas en el mismo tono de los inspectores de trabajo, y que se ha sustanciado con una propuesta de contratación de hasta 300 efectivos y una suma de hasta seis millones de euros para mejoras e incentivos salariales.

Por su parte, fuentes del Ejecutivo reconocen que armar una oferta pública de empleo ordinaria «lleva su tiempo», si bien asumen que se trata de un problema real, aunque lamentan que «no depende» directa y únicamente del Ministerio de Seguridad Social. De hecho, si bien los sindicatos apuntan al gabinete de Escrivá como el responsable de «alzar la voz» también advierten de que será el Ministerio de Función Pública y el Ministerio de Hacienda los que autoricen el eventual incremento de la plantilla.