La expropiacion de pisos que quiere Podemos arranca en Baleares con el PSOE

El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas será considerablemente inferior a los precios de alquiler que tiene registrados (como índice de referencia de precios) para la comunidad autónoma de las Illes Balears el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana . Este índice fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales .

Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos, una vez que hayan sido incorporadas al parque público, pagarán un alquiler que se adaptará a sus posibilidades económicas y nunca poderá superar el 30% de sus ingresos. El Govern asumirá con recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor , en caso de que se dé este desfase.

Gastará en total 1,8 millones para controlar 27 viviendas en Mallorca , 23 en Menorca y seis en Ibiza que, hasta ahora, eran propiedad de sociedades inmobiliarias y entidades bancarias. El ejecutivo balear pretende ofrecer estas residencias como alquiler sociales a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Aunque todavía falta un largo proceso burocrático para confirmar estas expropiaciones, la peligrosa semilla de la incertidumbre ya está plantada. Una vez que se publique la resolución en el Boletín Oficial de la comunidad (BOIB) , se notificará a los afectados y se abrirá un proceso de presentación de alegaciones. Pero los expertos consultados aseguran que el efecto que puede tener este anuncio en el mercado inmobiliario balear y, por extensión, español es devastador.

La situación de partida es de por sí muy compleja. El mercado inmobiliario del alquiler ha sido especialmente afectado por la pandemia y, en concreto, Palma de Mallorca ha sido, junto a Madrid y Barcelona , una de las capitales que más ha sufrido. Baleares ha tenido que capear, de hecho, una suerte de tormenta perfecta sobre su mercado inmobiliario: a la menor demanda de alquiler por el colapso total del turismo, se suma el incremento de la oferta, ya que gran parte de la vivienda antes destinada a un uso vacacional ha entrado en el mercado de alquiler residencial tradicional.

A ello puede sumarse el hecho de que los propietarios decidan recurrir ante los tribunales. El director general de Vivienda , Eduardo Robsy , ha afirmado que, según entiende el Govern, la tramitación de un recurso por la vía judicial no paraliza ‘per se’ la expropiación, a menos que un Juzgado dicte medidas cautelares. Como fuere, esto generaría una enorme incertidumbre jurídica, que amenaza además con acentuarse si el debate comienza a plantearse a nivel nacional.

Cuca Gamarra , portavoz del PP en el Congreso, apunta en esta dirección en declaraciones a ABC: «La inseguridad jurídica que supone esta medida no contribuye a generar la confianza necesaria para que se produzca una recuperación económica más bien al contrario, supone un lastre para la economía porque, además de distorsionar el mercado de la vivienda, conllevará una ralentización de las inversiones».

En el Gobierno de coalición los socios optan por el silencio alegando lo reciente de la medida, pero lo cierto es que el anuncio llega en un momento de fuertes tiranteces entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta del mercado de la vivienda. «Los gobiernos socialistas y comunistas no pueden tapar su fracaso en la política pública de vivienda social en alquiler con un ataque a la propiedad privada, que es un derecho fundamental, a través de la expropiacion», incide Gamarra.

Para Jorge Campos, líder de Vox en Baleares, la tendencia es muy preocupante: «En un estado democrático no se puede estigmatizar al que ahorra y compra una casa, es suya y puede hacer con ella lo que quiera. Eso no es especulación, es inversión. El derecho a la propiedad privada no se toca».

Desde Ciudadanos , tachan la medida de «cosmética del PSOE» para contentar a sus socios. «La intervención de la vivienda no ha funcionado en ningún país europeo. El Govern antes de meterse en los grandes tenedores tendría que gestionar mejor su parque de vivienda social pues en 6 años apenas ha creado vivienda social ». Además, el grupo naranja denuncia que «actualmente hay vivienda social en Baleares ocupada y no las desalojan ni las acondicionan para que las familias necesitadas las puedan usar».

La vía judicial parece una de las más probables en el futuro. «Lo soprendente es que nadie haya recurrido antes esta ley», explica Arantxa Goenaga, socia del despacho de abogados Círculo Legal Barcelona , que recuerda el precedente de la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Decreto-ley de la Generalitat Catalana, que obligaba a grandes propietarios a ofrecer alquiler social a inquilinos morosos y a okupas vulnerables.

También desde el sector inmobiliario la noticia causó ayer una gran conmoción. «Es una medida intervencionista que busca desestabilizar el mercado y crear inseguridad jurídica. Es un ataque directo a la vivienda privada», señala a ABC el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler , José Ramón Zurdo .

El precio de la compensación es una de los elementos más polémicos. Para los pisos de Mallorca , la media del precio que el Govern pagará es de 408 euros al mes (926.000 euros en compensación por el traspaso); en Menorca , el precio medio por estos siete años será de 336 euros mensuales (un total de 649.000 euros); y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto, 530 euros mensuales (266.00 euros). Además, el Govern podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto futuras ventas.