INÉS BAUCELLS

Las exigencias de Cataluña condicionan la renovación de los trenes de Cercanías

Torra pide ahora dinero que Sánchez le prometió en los presupuestos y que él mismo tumbó

Madrid/Barcelona Actualizado: Guardar
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Renfe anunció el lunes que invertirá casi 3.500 millones de euros en comprar hasta 331 trenes de Cercanías. Una flota que, según el operador ferroviario, se destinarán a los grandes núcleos urbanos: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero, en el caso de la Ciudad Condal, este refuerzo todavía está en el aire.

Y es que el operador ferroviario tiene que firmar con la Generalitat, que tiene las competencias de Cercanías, el contrato-programa que especifique las necesidades de la región en esta materia. Hasta que no se produzca este trámite, no se podrá determinar el número de trenes que se dirigirán a la comunidad, si bien la compañía pública confía en que se produzcan avances en esta materia en breve.

Hay que tener en cuenta que, en base a este documento, la compañía ferroviaria recibe el encargo de explotar los servicios ferroviarios considerados públicos y cobra la correspondiente subvención pública. Por ello, supone una garantía para la compañía, que necesita financiarse para acometer la compra de este material rodante.

La complejidad en la redacción del contrato de servicios entre Renfe y la Generalitat es lo que explica el retraso en la aprobación del mismo, explican fuentes conocedoras de la negociación. Desde que el 1 de enero de 2010 el Gobierno traspasase a la Generalitat la gestión de las Cercanías -desde ese día, Rodalies-, el Ejecutivo catalán siempre se ha quejado de lo que considera una cesión incompleta, al no disponer de capacidad decisora ni inversora sobre las infraestructuras -en manos de Adif- ni capacidad real para rescindir, si se diese el caso, el servicio de la operadora Renfe.

Pese a este clima de desconfianza histórico -las acusaciones de falta de inversión son recurrentes cada vez que hay problemas en el servicio- el pasado mes de noviembre el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, se emplazaron a trabajar en un nuevo contrato de servicios para Rodalies, después que el que se acordó en 2013 no llegara nunca a validarse por el Estado. Casi medio año después de aquella reunión, el contrato sigue sin concretarse, aunque las negociaciones avanzan.

El pasado jueves, según pudo saber ABC, volvió a reunirse el citado órgano mixto de coordinación, y las reuniones técnicas son regulares. «No es una cuestión fácil», explican fuentes conocedoras de las conversaciones, que subrayan que pese a que la Generalitat, obviamente, «aprieta» para asegurarse mejores prestaciones en el servicio -frecuencias, puntualidad, tarifas...- el tono es constructivo.

A diferencia de otras épocas en los que la tensión entre Renfe y el Govern era enorme, el Ejecutivo catalán dejó claro ya en la reunión de noviembre que no se cuestiona la continuidad de la compañía -en realidad tampoco habría un prestador alternativo viable-, sino que de lo que se trata es de pactar condiciones con un plazo suficiente amplio para que Renfe pueda dar garantías de que se prestará el servicio con calidad.

Otras fuentes del sector consultadas por ABC, por otra parte, restan importancia a la no concreción del contrato de servicios a la hora de adjudicar trenes al núcleo de Cercanías de Barcelona y regionales de Cataluña.

Por otra parte, y al margen de la problemática concreta con Renfe, la Generalitat reclamó ayer al Gobierno que haga llegar a Cataluña en forma de anticipo «la parte proporcional» que le corresponde de los 7.000 millones de euros extras que las arcas del Estado han recaudado en forma de impuestos. Cifra que anunció el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez que se vehicularía a través de los Presupuestos Generales del Estado que acabaron siendo tumbados en el Congreso y que precipitó la convocatoria de elecciones generales.