El BCE exige a la banca un plan de negocio y rentabilidad a cuatro años

El supervisor común, presidido por Danièle Nouy, ha entregado y obligado a cubrir a las entidades una extensa plantilla que detalle el plan de negocio que prevén ejecutar en ese periodo para llegar a los niveles de rentabilidad objetivo. Ese formulario, según fuentes financieras consultadas por ABC, se habría entregado ya al MUS.

El Mecanismo ha hecho un proceso de revisión y evaluación por el cual ha chequeado a los 128 bancos europeos bajo su supervisión en cuanto a liquidez y capital, controles internos y de riesgos, gobernanza y modelo de negocio. Respecto a esto último se ha fijado en la actividad principal, la estrategia y los planes financieros, las principales vulnerabilidades y la viabilidad de los modelos de negocio a un año y su sostenibilidad a más de tres. Y entra las ratios analizadas están la de eficiencia y la de rentabilidad sobre activos.

Con esos formularios el MUS está estandarizando y automatizando la supervisión de los modelos de negocio. De hecho, unos de sus grandes retos es armonizar la metodología de supervisión y establecer criterios iguales para todas las entidades con el objetivo de avanzar en una unión bancaria sin barreras nacionales.

El BCE lanzó a consulta pública el pasado noviembre un proyecto de reglamento para reducir las discrecionalidades que aún mantienen los Estados miembros al adoptar normas europeas sobre capital. En España, una de las discrecionalidades nacionales es el cómputo de los créditos fiscales y la posibilidad de no llevar a resultados las plusvalías y minusvalías de determinados activos disponibles para la venta.

Se espera que estos días el consejo de supervisión del del MUS se reúna para aprobar ese proyecto con el que Nouy quiere reducir al mínimo esos poderes que aún mantienen los bancos centrales y los gobiernos nacionales y que impiden una comparación 100% homogénea entre bancos de la UE. Pero no lo tendrá fácil, y no sólo por las reticencias sectoriales. Hay discrecionalidades en manos de los bancos centrales nacionales que serán fácilmente eliminables por una cuestión de solapamiento de funciones, pero aquellas que los gobiernos aprobaron vía leyes en los Parlamentos serán jurídicamente más difícil de suprimir.