Exclusión financiera y despoblación

Amparados bajo el techo de la crisis financiera que explotó en 2008, las entidades bancarias optan, como otros sectores económicos, por desmantelar las oficinas locales e incluso por eliminar hasta los cajeros automáticos, despoblando así servicios tan comunes y cotidianos en las zonas urbanas como la retirada de efectivo o los depósitos, ignorando curiosamente el hecho de que el medio rural ha soportado en mejores condiciones la crisis económica y en él se localizan ahorros familiares y cuentas empresariales con alto grado de fidelización a sus entidades financieras.

A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han llegado las alertas y también las demandas referidas a la «exclusión financiera», de mano de las diputaciones provinciales y de los propios ayuntamientos sufridores de esta deslocalización bancaria, frente a la que se han ejercido iniciativas dignas de ser consideradas por otras administraciones. En este sentido, destacan aquellas que han supuesto una intervención directa como, por ejemplo, la puesta a disposición de espacios públicos para la ubicación de cajeros automáticos e incluso la asignación de recursos económicos para el mantenimiento de los mismos, previa contratación administrativa.

En un mundo digitalizado y actuado telemáticamente a través de un simple teléfono móvil que gestiona nuestros hechos más simples -como pueda ser la consulta de la cuenta corriente- pudiera pensarse que la digitalización y la banca electrónica serían (son) la solución a la exclusión financiera. Sin embargo, se da la paradoja de que ni siquiera este camino llega a las regiones atacadas por la despoblación, pues la brecha digital (en algunos casos «apagón» completo) afecta a nada menos que el 65% del territorio nacional.

Apelar a la responsabilidad social corporativa exhibida por las grandes entidades bancarias también parece que ha tenido escaso éxito, más interesadas en practicar dicha responsabilidad en lugares poblados, urbanos y en los que se domicilian las grandes empresas.

A las entidades financieras no les interesa nuestro medio rural, ya saben que está despoblado, y consideran que sin población no hay valor empresarial; desconocen que es en la España despoblada en la que se están generando iniciativas extraordinarias tanto públicas como privadas, y en ocasiones compartidas por ambas, de las que surgen innovación tecnológica, alta especialización en el sector agroalimentario o experiencias novedosas en la gestión de recursos naturales y que también generan actividad económica, empleo y sostenibilidad del territorio.

Resulta obligado, necesario y urgente atender a este reto demográfico con una estrategia integral inclusiva de todos los actuantes sobre el territorio, comenzando por las Administraciones Públicas y contando con los territorios y su población; aplicando la buena gobernanza que empieza desde abajo y excluyendo aquella que se impone desde las grandes concentraciones urbanas, donde algunos centros de decisión disponen quiénes son los ciudadanos y ciudadanas que gocen de servicios accesibles y cercanos o quiénes deben recorrer 80 kilómetros para consultar su saldo en la cuenta corriente.