Europa intenta cuadrar el círculo de unos presupuestos sin Reino Unido

La Comisión Europea, que es la encargada de proponer legislación en Europa, trabaja ya desde hace meses en la manera de encontrar fondos que palíen la pérdida que supondrá el hecho de que Reino Unido vaya a abandonar la Unión Europea, lo que se traducirá en que las arcas comunitarias dejarán de ingresar entre 10.000 y 12.000 millones de euros anuales.

A diferencia de lo que ocurre con los presupuestos de cada país, que se destinan sobre todo a prestar servicios públicos y financiar sistemas de seguridad social, el europeo se dedica a inversión y, otra peculiaridad, tiene que estar siempre en equilibrio. Otra de las diferencias con las cuentas públicas de los países es que el dinero europeo ayuda a solucionar una amplia gama de desafíos, tanto dentro de sus fronteras como en el resto del mundo, con el control de la emigración o la política de defensa común como áreas de actuación que cada vez reclaman más atención. En los últimos años, el presupuesto comunitario ha supuesto el 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los ventiocho países de la UE, y solamente el 2% del gasto público total de la Unión Europea, lo que significa que cada ciudadano disfruta de los enormes beneficios que la Unión por menos del precio de un café diario, según argumentan en Bruselas.

A la hora de hablar del presupuesto de la UE es estrictamente necesario echar la vista atrás ya que, históricamente, el porcentaje del gasto en agricultura y cohesión se ha reducido, aunque aún así sigue representando el 70% del total. Desde hace unos años prima la inversión en proyectos de investigación e innovación, en redes transeuropeas de transporte y energía, en programas de movilidad para jóvenes y en actividades relacionadas con la acción exterior europea.

Entre los objetivos prioritarios de las inversiones de la Unión Europea están en lugar destacado el fomento de la convergencia económica para las regiones menos desarrolladas, a través de las políticas de cohesión que refuerzan el mercado único y crea oportunidades para las empresas, los trabajadores y los consumidores en toda la Unión.

En este complejo escenario hay un ciudadano alemán, el comisario europeo de presupuesto, Günter Oettinger , que tiene la difícil tarea de encontrar países «voluntarios» a aportar más a las arcas comunitarias para poder mantener las políticas, para lo que está haciendo una ronda de visitas por todas las capitales. No hay que olvidar que el presupuesto tiene que ser aprobado por unanimidad tanto en el Consejo de la Unión Europea como en el Parlamento Europeo.

Oettinger, que esta semana se ha dejado caer por Madrid, ha encontrado en nuestro país un buen ambiente, en el sentido de que el Gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a aportar más a Bruselas a cambio de seguir recibiendo sus preciados fondos. Aunque no se han concretado las cifras, que se harán públicas el día 2 de mayo en forma de propuesta de la Comisión Europea, Oettinger aseguró que el aumento de la aportación podría estar entre un 10 y un 20% respecto a la actual contribución, aunque siempre y cuando todos los países estén dispuestos a contribuir aunque añadió que, lógicamente, «algunos recortes serán inevitables tanto en la política de cohesión como en la agrícola ya que, como pasa en la vida, cuando un tío rico se muere hay menos regalos en Navidad».

Una vez que la propuesta sea aprobada en la Comisión Europea, pasará al Consejo y al Parlamento y en un segundo momento a los Parlamentos nacionales, con un horizonte máximo de aprobación final en mayo de 2019, cuando están previstas nuevas elecciones a la Eurocámara.

A falta del ajuste final de las cifras, el comisario Oettinger explicó que trabaja en una horquilla entre el 1,1 y el 1,19% de la renta total europea, frente al 1% actual, para poder tapar el agujero financiero que supone la salida de Reino Unido, a lo que se añadirán algunos recortes y posiblemente algún nuevo impuesto europeo, que no concretó.

El Parlamento Europeo, por su parte, ya ha movido ficha y ha aprobado una propuesta para elevar los gastos del marco presupuestario, que deberían elevarse al 1,3% de la renta bruta de la UE. En materia de prioridades, los eurodiputados señalaron que el nuevo marco presupuestario «debería ampliar sustancialmente los programas de investigación y Erasmus+ con el objetivo de garantizar el progreso en la lucha contra el desempleo juvenil y en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas».

La Eurocámara también se ha posicionado en materia de nuevos impuestos al proponer un IVA revisado, una parte de lo que ingresan los países con la base imponible común y consolidada del impuesto de sociedades, un impuesto a los servicios financieros o una proporción de la tasa a las empresas del sector digital e impuestos medioambientales.

Como es lógico la tourné del comisario está teniendo un resultado desigual. En general, los países grandes, entre ellos el suyo, están a favor de aprovechar la coyuntura para fortalecer las políticas europeas mediante un aumento del presupuesto. En la misma línea se han manifestado también Francia e Italia, aunque con algunas condiciones.

En materia de requisitos se ha debatido en las últimas semanas la posibilidad de condicionar la recepción de ayudas comunitarias al respeto de las leyes comunitarias, como es la libertad de expresión, en clara referencia a los problemas que están teniendo en esta materia en Hungría, Polonia o Rumanía.

Al contrario de los «grandes» de Europa Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria se han mostrado ya abiertamente en contra de aportar más fondos a las arcas comunitarias. El principal argumento es que hay que aplicar el principio de realidad y si hay un país miembro que sale del club y deja de aportar se tiene, lógicamente, que reducir el presupuesto europeo. Bélgica, Finlandia y Luxemburgo, también contribuyentes netos, se han mostrado en contra de aportar más fondos a Bruselas.

Al margen de las posiciones concretas, la cuestión es que el reloj ha echado a andar y, como muy tarde, en mayo de 2019 tiene que haber un acuerdo para que pueda arrancar el presupuesto en 2020, y los plazos no son cuestión menor. Según Bruselas hay una serie de proyectos ya iniciados que está previsto que se terminen a partir de 2020, como son el Rail Baltica, un proyecto destinado a construir un enlace ferroviario vital hacia los Estados bálticos, o, algo más cerca de nosotros, la conexión ferroviaria Évora-Mérida que conectará finalmente Lisboa y Madrid. En total, más de 100.000 proyectos financiados por la UE (apoyo a las empresas, eficiencia energética, cuidados sanitarios, educación e inclusión social) no podrían iniciarse a tiempo.

Además, en caso de que no hubiera cuentas públicas europeas en 2020 hast 1 millón de jóvenes no podrían irse de Erasmus+ en 2021 y se perderían 5.000 empleos en investigación cada mes.

Las recientes encuestas sobre las preocupaciones de los ciudadanos en Europa han arrojado importantes cambios. A los dolores de cabeza que provocó la más grave crisis económica que azotó Europa le han tomado el relevo asuntos tan importantes como el terrorismo, la seguridad o la inmigración. Este hecho ha generado la necesidad de nuevas partidas presupuestarias que no estaban consignadas hasta ahora, de modo que el esfuerzo tiene que ser mayor a la hora de asignarles una dotación económica en tanto en cuanto son nuevas, lo que probablemente tenga que suponer recortar otras si no se aumenta el presupueso total. Otra de las consecuencias que han traido estas nuevas preocupaciones es que han invalidado conceptos como el de contribuyente neto, en referencia a los países que aportan más de lo que reciben de las arcas comunitarias.