El BCE impone la ley del silencio al inspector clave del Popular y este no aclara por qué quebró el banco

Había y hay dos grandes incógnitas por resolver. ¿Sabían el Banco de España y el BCE que el Popular tenía un grave problema de morosidad? De ser así, ¿por qué los supervisores no le exigieron tomar medidas? Pardo, que fue inspector del Popular entre 2008 y 2011 y entre 2014 y 2017 y pese a acogerse a la versión oficial de que el Popular fue resuelto únicamente por una crisis de liquidez, ha admitido que la entidad tenía "problemas estructurales basados en sus elevados niveles de activos improductivos y baja cobertura de los mismos que ponía en peligro los niveles de solvencia futuros", que superó todos los test de estrés con algunas de las peores ratios del sistema y que alcanzó una elevada y preocupante concentración al sector promotor e inmobiliario.

El inspector negó que sus conclusiones fuesen silenciadas y no fueran transmitidas a la cúpula del Banco de España. Entonces, ¿por qué no se actuó? "No puedo asumir explicaciones que no corresponden a mi papel y mis funciones y explicar decisiones que no corresponden a un inspector" , ha despejado, insistiendo en que efectivamente hizo informes sobre ajustes pendientes en la entidad. "Pero como inspectores no podemos requerir nada a un banco, es la comisión ejecutiva del Banco de España a propuesta de la dirección general quien debe hacerlo", ha reiterado. "Eso no me corresponde. Existe una línea jerárquica en la toma de decisiones. Mi función es la que era y no puedo asumir otro papel", ha dicho, no dejando claro en todo caso si el supervisor requirieron al banco, entonces presidido por Ángel Ron, tomar medidas.

La comparecencia de Pardo no ha gustado a ningún grupo parlamentario, que uno a uno han reprochado al inspector sus vagas explicaciones. "No sabemos nada más del Popular que cuando entramos en esta ocasión ni si podemos estar tranquilos de que no vuelva a ocurrir", ha lamentado el diputado popular Jaime de Olano. "No tenemos ni una idea clara más sobre lo que ocurrió con el banco", ha dicho el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre. "Siento no haber cumplido sus expectativas, pero no puedo asumir explicaciones que no me corresponden", se ha disculpado Pardo

El inspector ha llegado al Congreso con un escrito dirigido del Banco de España en el que el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos levanta cualquier restricción del secreto profesional y permitía a Pardo referirse a cualquier asunto sobre su trabajo en la institución. En cambio, el Banco Central Europeo (BCE), que desde noviembre de 2014 ejerce de supervisor bancario de las entidades más significativas a través del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) que dirige Danièle Nouy, ha decidido no permitir al compareciente contestar a las preguntas sobre su actividad en el organismo. En su lugar, el banco central insta a los diputados a formularle por escrito al propio organismo cualquier pregunta al respecto. Posteriormente, el BCE valorará si cabe darles respuesta .

Esta decisión ha causado también malestar entre parte de los grupos parlamentarios, pues Pardo forma parte de los equipos de supervisión del BCE a finales de 2016 y podría arrojar información clave sobre la visión que había en Fráncfort del Popular. "Es inadmisible que no pueda dar todas las explicaciones", ha denunciado el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero. Francisco de la Torre, parlamentario por Ciudadanos, ha criticado también el veto del BCE y ha recordado que es un caso que ha afectado a ms de 300.000 inversores de la entidad y que está costando recursos públicos porque la venta al Santander del Popular está permitiendo a la entidad presidida por Ana Botín usar los créditos fiscales del que fue sexto banco del país.

El veto del BCE a Pardo no es el primer gesto de las autoridades comunitarias que molesta a los parlamentarios españoles. Cabe recordar que a finales del año pasado la presidenta de la comisión de la crisis, Ana Oramas, abroncó a la presidenta de la JUR, Elke König, que compareció ante el Congreso de los Diputados sin apenas responder a las preguntas de los diputados sobre la resolución del Popular y censurando parte de la información sobre el caso.