«Europa aplica la ley, al margen de la bandera de las empresas»

—¿Qué suponen casos como el de Google para su departamento, le deja tiempo para el resto de temas?

—Trabajamos en tres áreas principales, aunque lo que nos da más titulares es la investigación de los cárteles y los abusos de posición dominante, como ha sido el reciente caso de Google. Iniciamos los expedientes tras las correspondientes investigaciones que confirmaron nuestras sospechas y las quejas de los afectados, que fueron muchas en los dos casos iniciados contra la multinacional norteamericana. En el caso del último la investigación empezó hace un año, y en base a los indicios encontrados hemos abierto ahora la correspondiente investigación. En algunos casos hacemos inspecciones físicas coordinadas con otras jurisdicciones, como las autoridades nacionales de Competencia, las autoridades norteamericanas, japonesas, etc... con el objetivo de llamar a la puerta de los prosibles infractores al mismo tiempo, de tal modo que evitemos que se borren pruebas de los ordenadores o simplemente que se roben pruebas.

La segunda área que vigilamos son las fusiones, aunque no todas, por supuesto, porque en el mundo de los negocios este tipo de operaciones son normales. Controlamos aquellas que reducen la competencia en un determinado mercado llegando incluso al monopolio o al duopolio. En estos años hemos visto un aumento de las fusiones, lo que nos ha llevado a simplificar los procedimientos de análisis. En general aprobamos el 90% de los casos que nos llegan sin ningún tipo de objeción, otro 9% recibe vía libre a cambio de una serie de lo que llamamos «remedios», que pueden ser desinversiones, etc.. porque de lo contrario subirían los precios para el consumidor o bajaría la calidad de los productos. Si la empresa en cuestión no accede a cumplir con los remedios que le hemos impuesto bloqueamos la fusión pero, ojo, las compañías afectadas siempre pueden ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Estados Unidos el sistema es dfierente porque las autoridades tienen que llevar el caso ante la Justicia directamente, ya que no son ellas las que toman la decisión. Pese a los diferentes sistemas trabajamos estrechamente con jurisdicciones de otros países como las de Estados Unidos, Canadá, Japón y otras muchas. La operación coordinada más grande que hemos hecho se notificó a 28 jurisdicciones.

Y la tercera pata de nuestro trabajo es controlar las ayudas de Estado, algo que está prohibido expresamente por los Tratados y que vigilamos nada menos que desde 1957. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido muy claro en sus múltiples sentencias sobre el tema, ya que hay que actuar correctamente con el dinero de los contribuyentes. El caso más importante que nos ocupa ahora es el de las ayudas de Estado ilegales por la vía de la reducción de impuestos selectiva, que es una de las claves, ya que si hay unas empresas que pagan muy por debajo de los impuestos que están establecidos está habiendo una selección, como han sido los casos de Fiat en Luxemburgo, Staples en Holanda o la reducción de impuestos para algunas empresas en Bélgica. Y esto no puede ser, porque son ayudas de estado ilegales que tienen que ser recuperadas. En el caso de las multas por cárteles o abusos de posición de dominio en el mercado las multas pueden llegar hasta el 10% de sus ventas.

—¿Y algún Estado se ha negado a recuperar las ayudas?

—Es muy raro. En los últimos quince años ha habido 150 decisiones negativas, muchas de ellas por parte de compañías norteamericanas. La base de todas estas medidas es que queremos una competencia justa. No podemos permitir que un Estado, si por ejemplo es rico o simplemente porque quiere, ayude a sus propias empresas, porque estás tendrían ventajas a la hora de competir con las de otros países. La idea es conseguir que todas las empresas jueguen con las mismas condiciones y que haya innovación y variedad de precios.

—¿Cómo valora la recapitalización que se ha hecho de muchos bancos europeos con dinero de los contribuyentes?

—Los bancos han sido los protagonistas de la crisis financiera y muchos de ellos han necesitado ayudas públicas, por lo menos 500, y en todos los casos han tenido que recibir nuestra autorización, ya que estas entidades no pueden utilizar el dinero público para competir deslealmente con otras entidades. Solo se puede ayudar a los bancos en los casos en que éstos sean viables y si no es el caso hay que liquidarlos. Es, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Portugal, donde el Gobierno está intentando diseñar un plan de rescate de algunas entidades.

En todo caso, desde el pasado 1 de enero las reglas han cambiado porque los contribuyentes se han cansado de que se usen sus impuestos para rescatar a los bancos, ya que se han empleado nada menos que 691.000 millones de euros desde que estalló la crisis, tanto en capitalizaciones directas como en garantías de activos. Hay un cierto consenso sobre el hecho de que no se puede seguir apoyando a los bancos con dinero de los contribuyentes, y de ahí que se haya aprobado nueva legislación que solo protege a los clientes de los bancos por debajo de los 100.000 euros depositados.

Otra cuestión es que algunos bancos, además, han vendido productos financieros a personas que no tenían capacidad para comprender lo que estaban comprando e, incluso, hay personas que han puesto el dinero de sus fondos de pensiones en este tipo de productos buscando la máxima rentabilidad. La legislación también ha cambiado en este asunto y los bancos ya no podrán vender lo que quieran, sino lo que el cliente desee.

—Volviendo al asunto de Google. ¿Qué opina de la reacción de Estados Unidos a la decisión de la Comisión Europea?

—He leído unas declaraciones de Barack Obama en las que decía que las decisiones de la Unión Europea tenían motivaciones comerciales y que no trabajábamos de una manera muy cualificada a la hora de analizar las empresas. La realidad es que Google ha vuelto a hacer las cosas mal y en la Unión Europea tratamos a todo el mundo por igual y, en todo caso, si alguien no está de acuerdo con una decisión nuestra siempre puede acudir al Tribunal de Justicia y, desde luego, allí nunca se habla de emociones ni de relaciones políticas, sino que analizan los hechos y las evidencias. Nosotros aplicamos la ley, al margen de la bandera del país al que pertenezca la empresa. Las multinacionales tienen mucho margen de maniobra para trabajar y muchos recursos para destinar personal a muchas cosas, y no siempre en la mejor dirección, como es el caso de la optimización fiscal a que se dedican muchas de ellas, como se ha comprobado, y que les suponen ahorros de millones de euros en impuestos, como se ha visto en muchos casos recientes.

«Las revelaciones de los conocidos como papeles de Panamá han provocado que todo el mundo esté muy enfadado porque la gente normal pagamos impuestos. Lo que vamos a hacer es aprovechar este "momentum" para aumentar el grado de transparencia y para obligar al intercambio de información fiscal entre países, incluso entre aquellos que están en la lista negra de la OCDE. Hay que perseguir el origen de los fondos que están en paraísos fiscales».