Euro: soberanía versus supervivencia

Este «vacío» de poder, que no ha sido ni mucho menos suplido por el presidente del Eurogrupo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, no es casual sino deliberado ya que ninguno de los dos grandes de la Eurozona, Alemania y Francia, han querido ponerse de acuerdo para hacer una cesión de poder real a una institución alejada de ellas y en principio independiente en la que, para más inri, hay otros quince socios más.

Una de las voces más autorizadas en el terreno económico europeo, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, aseguró que era «absolutamente imperioso» reforzar la vigilancia económica de la Eurozona. Esta petición se produce después se que se haya llegado a la conclusión de que las desviaciones presupuestarias de algunos países europeos (Grecia, Irlanda y Portugal entre otros) están en el origen de la crisis actual.

La cuestión es que, fruto del «vacío» de poder real en la Eurozona, los países llegan a acuerdos muy ampulosos para comprometerse a controlar más las desviaciones presupuestarias y reducir los desequilibrios macroeconómicos y, posteriormente, por diferentes razones, no cumplen lo pactado.

Hasta tal punto se ha dado esta situación de desconcierto que el ministro holandés de Finanzas, Jan Kees de Jager, dijo el jueves que aquellos países que en el futuro no deseen respetar las exigencias del Pacto de Estabilidad deben abandonar de manera voluntaria el euro.

La situación de desgobierno y de falta de disciplina han sido más evidentes tras la salida precipitada de la «troika» formada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea de Atenas, hace poco más de una semana, tras comprobar de manera fehaciente que el Gobierno griego no había cumplido buena parte de los compromisos adquiridos para poder recibir el sexto plazo, de 8.000 millones de euros, del rescate de 110.000 millones de euros aprobado por la UE y el FMI en mayo de 2010. Ni que decir tiene que Atenas quebraría si no recibe los mencionados fondos.

De este modo, y con fórceps, se está abriendo paso en Europa la idea de avanzar hacia el federalismo económico en una especie de huida hacia delante para salvar el euro, aunque sin pasar por los eurobonos, fruto del rechazo frontal de Alemania y Francia. Y una prueba de ello han sido las recientes declaraciones de próximo presidente del BCE, el italiano Mario Draghi, que ha apostado por una «amplia» revisión del Tratado de la Unión Europea ya que la crisis actual tiene su origen en una «construcción europea inacabada». El reto es o avanzar hacia una mayor integración económica y presupuestaria o asumir el riesgo de explosionar.

El presidente del Commerzbank, Martin Blessing, declaró esta semana al rotativo Handelsblatt que «o los países de la Unión Monetaria toman el camino de una unión política, incluida la cuestión presupuestaria, o sólo nos quedará decir que el euro fue una experiencia interesante que no salió bien».

Alemania, país tradicionalmente reticente a cualquier propuesta que suponga mayor integración europea, ha dado un giro exigiendo que los países europeos tengan más rigor presupuestario aunque ello pase por aumentar la transferencia de poder, o por lo menos de control, a una institución europea. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaüble, ha dicho mostrarse dispuesto a ceder soberanía a cambio de garantizar la supervivencia del euro.

Como casi siempre en Europa ahora la clave es la actuación que tomará el eje franco-alemán aunque a mediados de agosto ya dio algunas pistas cuando, tras una reunión de urgencia entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ambos apostaron por la creación de un Gobierno económico de la Eurozona a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno.

Este formato, un Ejecutivo del euro a nivel de Jefes de Estado, sería sin embargo poco operativo ya que es muy farragoso a nivel organizativo que haya que convocar reuniones a ese nivel para tratar el día a día de los avatares de la moneda única y de los eventuales problemas de los respectivos mercados de deuda.

Una de las posibilidades que están sobre la mesa en Bruselas es que el actual presidente permanente del Consejo de la Unión Europea, el belga Herman Van Rompuy, se encargara además de dirigir el Eurogrupo a nivel de ministros de Economía, lo que supondría la salida de su presidente actual, Juncker, cuya actuación ha sido muy cuestionada durante toda la crisis.

Otra de las opciones sería nombrar un nuevo presidente del Eurogrupo con nuevos poderes y mayor respaldo de todos los países, sobre todo de Francia y Alemania.

Pero en todo este lento proceso de construcción de una unión política para la moneda única existe el inconveniente, más allá del reto en sí mismo de poner a 17 gobiernos de acuerdo, de la opinión pública europea, que ya echó un jarro de agua fría sobre los políticos al rechazar hace unos años la propuesta para crear una Constitución europea, y que en esta ocasión podrían actuar de la misma manera.

En este contexto Van Rompuy tiene previsto presentar nuevas propuestas para mejorar la coordinación presupuestaria de los países de la Eurozona, y por extensión de toda la Unión Europea, a mediados de octubre, en el marco de la tradicional cumbre de otoño de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

En relación con los mencionados eurobonos ha habido esta semana declaraciones explícitas de apoyo a este formato para mutualizar la deuda de los países de la Eurozona. Entre ellas destaca la declaración realizada por el «Consejo para el futuro de Europa», foro en el que se agrupan desde antiguos ministros como Tony Blair o Felipe González hasta economistas como Nouriel Roubini o Joseph Stiglitz, en la que se apuesta porque la solución de la crisis del euro pase necesariamente por un avance hacia una mayor integración económica de los países del euro.

La idea de los eurobonos o eurobligaciones ha sido promovida históricamente por los países más federalistas de la Unión Europea, la Comisión Europea y algunos países del sur de Europa, como España e Italia pero, al mismo tiempo, se ha encontrado ahora con la firme y lógica oposición de Alemania, que se financia a unos tipos extremadamente bajos en el mercado de deuda (a un tipo de alrededor del 1,8%), y no quiere empezar a pagar por los otros países que, fruto de sus desequilibrios presupuestarios, están siendo penalizados en el mercado de deuda con unos diferenciales con el bono alemán de referencia que superan en muchos casos los 300 puntos básicos, como es el caso de España.

Los mencionados expertos del «Consejo para el futuro de Europa» creen que una de las ventajas de los eurobonos es que «suponen la puesta en marcha de controles eficaces para evitar déficits abultados de manera sistemática y aseguran a la larga la disciplina presupuestaria que protege a los ciudadanos de medidas políticas irresponsables».

En materia de disciplina presupuestaria, no obstante, ha habido avances ya que los líderes de la Unión Europea refrendaron hace unos meses el acuerdo alcanzado previamente por el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) para que la Comisión Europea tenga más poder para controlar las cuentas públicas de los países europeos, ya que hará una vigilancia reforzada, y no sólo a posteriori, como ha sucedido casi hasta ahora, sino antes de que se aprueben los presupuestos de cada uno de los países. Para lograr este fin se ha creado el denominado «semestre europeo» por el que los Gobiernos tendrán que enviar a Bruselas sus cuentas públicas del ejercicio siguiente para recibir el visto bueno.

Además, las sanciones para los países que no cumplan los topes de déficit y deuda públicos, un 3 y un 60% del PIB respectivamente, se podrán enfrentar a sanciones más fuertes, entre las que destaca hasta la obligación de realizar un depósito económico bloqueado hasta que se corrija la desviación. Entre las novedades figura también que los países podrán ser sancionados antes incluso de que se llegue al 3% de déficit. A petición de Francia, Alemania aceptó que estas sanciones no fueran automáticas, tal y como quería la Comisión Europea, y el propio Presidente del BCE, que no ha dudado en criticar el acuerdo final para la reforma del Pacto de Estabilidad al considerarlo demasiado blanco.