Estos son los 475 kilómetros de peajes que desaparecerán en septiembre
Transportes sigue con su plan de no renovar concesiones mientras busca fijar el pago en toda la red de alta capacidad española
Por qué Cataluña es la gran beneficiada de la liberación de tramos de peaje en carreteras
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Iniciar sesiónCerca de 475 kilómetros de autopistas que actualmente se rigen en régimen de concesión de peaje pasarán a formar parte del sector público en menos de una semana. Así, el próximo 31 de agosto caducarán las concesiones de la AP-7 en los tramos que ... van desde La Junquera (Gerona) hasta Salou (Tarragona) , y de Montmeló hasta El Papiol, en Cataluña , además del de la AP-2 que une Zaragoza con el Mediterráneo (hasta El Vendrell, en Tarragona). Adjudicaciones que hasta ahora explotaba Abertis .
Un traspaso de poderes al Estado que, unido al gasto de las autopistas recuperadas por Transportes desde 2018, aumentará las pérdidas en alrededor de 286 millones este año, mientras que en 2022 podría superar los 478 millones, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) .
Así las cosas, el Gobierno tendrá que costear ahora el mantenimiento de estas vías que ya siendo de peaje concentran un potente flujo de tráfico diario en unos trayectos muy transitados por miles de extranjeros y transportistas por su conexión fronteriza con Francia. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , en 2018 el tramo de la AP-7 entre Barcelona y Tarragona tuvo una media de 55.672 vehículos al día y 10.590 camiones, mientras que en el tramo entre Montmeló y El Papiol el número de vehículos que transitaron diariamente llegó a 115.751 y más de 23.000 vehículos pesados. En el caso de la AP-2 se contabilizaron en ese año más de 12.000 turismos y ciclomotores de media al día y 2.541 de alta carga. Unos números que el año pasado se vieron mermados por la pandemia.
El golpe también será a nivel recaudatorio, pues supone para el Gobierno decir adiós a varios millones en concepto de pago de impuestos como el IVA . No son cifras insustanciales. Actualmente, el usuario de un vehículo que hace el trayecto entre la Jonquera y Montmeló paga 14,80 euro por su uso. Una cifra que se dispara por encima de los 30 euros si con el mismo origen llega por la AP-2 hasta Zaragoza.
Además, el fin de la tarificación de estas vías también supondrá un palo al empleo. Abertis ha pactado con los sindicatos 340 despidos, la gran mayoría de ellos vinculados al cobro en las barreras de peaje, según comunicó la compañía la semana pasada. El acuerdo contempla una indemnización legal máxima por despido improcedente como mínimo de 45.000 euros, una compensación lineal de 7.500 euros para los empleados con más de 12 años de antigüedad y un plan de recolocación externa.
Plan de Ábalos
Con el Ministerio de Transportes ahora al mando de la gestión, el Ejecutivo da así continuidad a la política implantada por José Luis Ábalos nada más asumir el cargo de no renovar las concesiones de autopistas de pago, como ocurre en ambos casos. ¿El motivo? Según el ahora extitular de Transportes, el levantamiento de estas privatizaciones servía para «eliminar las diferencias territoriales» que crean estos peajes. Bajo ese prisma, durante los tres años que ocupó la cartera, acabó con los peajes en la AP-1 entre Burgos y Armiñón en 2018 y el 31 de diciembre de 2019 los tramos en la AP-4 Sevilla-Cádiz y en la AP-7 entre Alicante y Tarragona.
De manera contradictoria, con el fin de estos peajes el Ejecutivo también buscaba abrir el melón para instaurar el pago en la red de carreteras de alta capacidad para soltar lastre de un déficit que alcanza los 6.000 millones por su mantenimiento.
Lo cierto es que el Gobierno ya ha comprometido a Bruselas como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la instauración del pago por uso en autovía a partir de 2024 a cambio de los 140.000 millones. Aunque Ábalos continuó insistiendo hasta su destitución de que esta implantación «no se puede llevar a efecto sin consenso entre los grupos políticos», además de que tenía que contar con la aprobación del sector del transporte, al ser «el más afectado».
«Si se establece un pago específico en ciertas vías habría que ver también cómo reestructurar toda la carga impositiva de combustible y de otro tipo de tasas para compensarlo», explica el director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramon Valdivia . Desde la patronal de los transportistas también celebran que el plan de Transportes de no renovar las concesiones siga en curso a pesar del cambio de titular -en julio Raquel Sánchez sustituyó a Ábalos en el cargo- y añaden que la liberación de costes por la eliminación de las tarifas por uso de autopistas «nos hace más competitivos».
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