Así están los sistemas de pensiones en los principales países de la Unión Europea

«Es evidente que los sistemas de protección social existentes en Portugal, sobre todo las pensiones de jubilación, no serán suficientes para cumplir el objetivo de vivir con un nivel similar al que se tenía durante la vida activa», reconoce a este diario el Ministerio de Hacienda del país vecino.

Hace poco más de dos años que se reformó por última vez el denominado factor de sostenibilidad , que penaliza las jubilaciones anticipadas. Si se opta por esta fórmula, el recorte en el valor total de la jubilación sería del 14,5%, más un 6% adicional por cada año de anticipación. En el caso contrario, el trabajador tiene derecho a una bonificación si retrasa la edad de jubilación que oficialmente le corresponde, una medida que ahora España pondrá en marcha. Un ciudadano luso puede únicamente solicitar una pensión a los 66 años y cinco meses, de acuerdo con los baremos vigentes, pero siempre que haya cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social.

Según un informe encargado por las instituciones, «el sistema actual de pensiones no es sostenible en Portugal», una conclusión que inquieta a los ciudadanos de a pie. La consecuencia es que ha de darse una voluntad política para acometer las reformas necesarias, una condición que hoy no se produce en el contexto actual. De hecho, ni siquiera se ha vuelto a abordar el asunto desde el año 2018.

Un reciente informe del Consejo Científico Asesor del Ministerio de Economía alemán calcula que las pensiones de jubilación supondrán en 2060 el 55% de los presupuestos anuales del país, nivel que considera insostenible, y concluye que la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida es «inevitable». Aconseja elevar la edad de jubilación a los 68 años a partir de 2042 y propone varias reformas para apuntalar un sistema que será sometido a grandes presiones.

Este informe, que pide medidas urgentes, ha devuelto el problema de las pensiones a la agenda política . Critica el mecanismo introducido en 2018, que asegura que las pensiones no caigan por debajo del 48% del salario medio de cada jubilado , al menos hasta 2014, y la jubilación con pensión completa a partir de los 63 años que ha legislado la actual gran coalición en el Gobierno. En precampaña electoral, ya en dirección a las generales del 26 de septiembre, ninguno de los partidos políticos entra al trapo de este informe, que augura las primeras tensiones del sistema en 2026, cuando se aplique el factor de sostenibilidad introducido en 2005 para equilibrar la caja de las pensiones. «La tasa de cotización subirá con fuerza y el nivel de las pensiones caerá notablemente, por lo que la decepción será significativa para las expectativas de muchos contribuyentes», advierte el Consejo.

Emmanuel Macron ha declarado que la gran reforma prometida del sistema nacional de pensiones debiera realizarse antes de la próxima elección presidencial, dentro de diez meses. Esa reforma fue la promesa matriz de todas las promesas electorales del candidato Macron en 2017. Tras tres años de negociaciones y protestas, quedó aplazada ‘sine die’ el mes de marzo pasado. La revuelta popular de los ‘chalecos amarillos’ , el rechazo sindical, la inexistencia de consenso político y las tensiones entre la Asamblea Nacional y el Senado paralizaron la reforma. La pandemia fue la puntilla.

Macron piensa que la reforma no realizada durante los últimos cuatro años podrá realizarse durante los próximos diez meses. El presidente está muy solo en esa convicción aparente.

Historiadores, sociólogos y analistas coinciden en un diagnóstico: la reforma prometida por Macron corre el riesgo de ser otro fracaso histórico a repetición. La presidencia Chirac se hundió víctima de la retirada de otro proyecto de reforma. Sarkozy y Hollande se estrellaron o abandonaron toda tentativa de reforma. Macron prometió realizar una reforma «histórica» , sustituyendo los 42 modelos de sistemas de pensiones por un solo modelo «único y universal». Quedan diez meses para realizar unos cambios que llevan treinta años pendientes.

Italia está empeñada en una reforma de la pensiones, aún en fase de estudio, para responder a las exigencias de Bruselas con el objetivo de garantizar la solidez y sostenibilidad del sistema de Seguridad Social a medio plazo. Actualmente hay 16 millones de pensionistas, el 26,5% de la población italiana. Las pensiones representan el 16,8% del PIB y el 34,2% del gasto público, con un valor aproximado de 301.000 millones de euros. Se considera que el sistema es insostenible con el creciente envejecimiento de la población. De momento, el primer ministro Mario Draghi ha decidido poner fin el próximo 31 de diciembre 2021 a la reforma introducida hace casi tres años por el Gobierno de Giuseppe Conte. La impuso la Liga de Matteo Salvini. Era su bandera electoral. Se conocía como ‘Cuota 100’: permite la salida anticipada del mundo laboral a todos aquellos que tengan al menos 38 años de cotización con una edad mínima de 62 años. La nueva reforma en estudio para que entre en vigor en el 2022 se pretende que sea estructural, inspirándose en buena medida en la llamada ‘reforma Fornero’, introducida por el Gobierno de Mario Monti cuando Italia estaba al borde de la bancarrota en el año 2011. La tendencia que parece imponerse en los estudios que se realizan es esta: jubilación a los 67 años, otorgando beneficios a quienes la retrasen y con una penalización a quien la anticipe.