Estalla la guerra del taxi en Lisboa

Arrancó la jornada con duros enfrentamientos entre policías y manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto, lo que ha hecho que cientos de turistas hayan tenido que optar por el Metro para trasladarse a sus respectivos hoteles.

Además, numerosas calles de la capital se encuentran bajo los efectos de las obras de remodelación, por lo que el caos de los últimos días se multiplica en estas circunstancias. Así, por ejemplo, llegar a la zona de Belém (una de las más transitadas por la belleza del Monasterio de los Jerónimos y otros rincones) se ha convertido en una verdadera pesadilla, como recogen las quejas de los visitantes.

El tono ha ido subiendo en las últimas semanas, pues la Federación Portuguesa del Taxi ha optado por una actitud beligerante para defender sus intereses. Su presidente, Carlos Ramos, ha declarado que “los mayores ladrones que operan en el aeropuerto se han apuntado a trabajar ahora en Über”.

Unas declaraciones polémicas que se unen a las frases apuntadas en la cuenta de la asociación en Facebook, donde hablan de “tácticas aceptables” para engañar a los clientes y no dudan en apelar a la violencia para defender sus puestos de trabajo frente a la irrupción de estas plataformas por internet.

“El dinero que ganaréis si se permite vuestra actividad os quemará en las manos para siempre”, afirman de manera claramente intimidatoria.

Por si este clima de agresividad fuera poco, el secretario de Estado de Medio Ambiente, José Mendes, se ha visto obligado a reforzar su seguridad y recurrir a agentes privados después de haber recibido amenazas de muerte por su predisposición a aceptar Uber y Cabify en Portugal.

De momento, los taxistas ya han conseguido que el Gobierno recapacite y, si no dar marcha atrás del todo, al menos modifique algunas de las cláusulas de la normativa que regirá las tareas de ambas plataformas.

Mientras tanto, el Ejecutivo estudia incentivar el uso de los transportes públicos ofreciendo deducciones fiscales por los billetes y abonos que se presenten a Hacienda. Una medida que, en todo caso, se pondría en marcha a partir de 2017 y que ya provoca calificaciones de “populista” entre la clase política conservadora.