El Estado sale al rescate de autónomos y pymes avalándoles el 80% del crédito

El parón de la actividad económica derivado del confinamiento para tratar de contener la propagación del virus ha obligado a muchas empresas, pymes y autónomos a cerrar la persiana. Sin ingresos entrando en su caja, muchos tendrá serias dificultades para afrontar sus pagos, los más inminentes los de nóminas, facturas, impuestos y posibles créditos a final de este mismo mes. Por eso les urge liquidez que podrán conseguir a través de créditos bancarios en los que el Estado asumirá la mayor parte de los posibles impagos de esos préstamos.

El ICO, dependiente del Ministerio de Economía, desplegará inicialmente avales por esos 20.000 millones , cuantía de la cual los bancos tendrán que usar obligatoriamente la mitad para pymes y autónomos, según los detalles de la línea de garantías aprobados ayer por el Consejo de Ministros. En caso de que esas garantías públicas por 20.000 millones se consuman, se activarán automáticamente los 80.000 millones restantes.

La financiación concedida con ese respaldo del ICO se podrá destinar al pago de nóminas, facturas, necesidades de circulante y otras necesidades de liquidez como el pago de deudas financieras y tributarias. De esta forma, los avales se destinarán básicamente a financiar las urgencias de liquidez que van a afrontar las empresas del país en la actual situación de parón de la actividad.

Con estas condiciones, España sigue los pasos de Alemania y Francia , que desplegaron avales públicos por 500.000 y 300.000 millones de euros respectivamente para crédito a empresas y avalando hasta el 90%, lo máximo permitido por la Comisión Europea. El sector financiero y empresarial venía reclamando al Gobierno, cuyo planteamiento inicial era avalar de media entre el 50% y el 66%, que elevase esas garantías también al entorno del 80% tanto para créditos nuevos como para refinanciaciones para que la medida sea realmente eficaz. De lo contrario, sin ese aval público, los bancos podrían cerrar el grifo del crédito a las empresas. «Con este nivel de avales habrá más facilidad para que los comités de riesgos de los bancos concedan esos créditos», ha dicho Montero.

Las empresas que podrán solicitar estos avales, que tendrán una duración igual a la del plazo del préstamo garantizado pero con un máximo de cinco años , son aquelas afectadas por los efectos económicos del coronavirus. Y tendrán que pedirlos a través de los bancos, que serán los que comercialicen esta línea de financiación. Las entidades tendrán que pagar al ICO por esas garantías una comisión de entre el 0,2% y el 1,2% en función del plazo del préstamo y si el destinatario es una pyme o autónomo o una gran empresa. Además, y para evitar que las entidades y empresas usen esta línea para refinanciar créditos morosos antiguos , las empresas que se acojan a esta línea no pueden tener préstamos impagados a 31 de diciembre de 2019 ni estar en situación de concurso de acreedpres a 17 de marzo de 2020.

Desde el colectivo de autónomos, uno de los grandes beneficiados, la mayoritaria Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha lamentado que el Gobierno siga sin atender «el clamor» para suspender la cuota . Como han recordado desde ATA, «muchos autónomos, que han cerrado su actividad o sus ventas han caído el 75%, no podrán pagar su cuota sin ingresos ni liquidez». En este sentido, han recordado que esto generará «recargos y morosidad» que hará difícil el cobro de la prestación.

En otro orden, desde ATA han valorado positivamente que las líneas ICO puestas en marcha vayan a contar con un aval estatal del 80% y agradecen «agradecen la gestión de la CEOE» . A su juicio, esta medida va a facilitar el crédito. Desde ATA también han pedido que «el Gobierno no cree más confusión con los autónomos» y augurado que finalmente volverán a pagar la cuota el 31 de diciembre a pesar de la complicada situación.