El Estado asume el 60% de la deuda a corto plazo de la Generalitat

Aragonès salió satisfecho de la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Gobierno-Generalitat y anunció tres acuerdos sobre asuntos económicos, que, dejó claro, deben ir acompañados de «la necesaria negociación de los asuntos políticos de fondo», es decir, de la situación de los políticos en prisión preventiva acusados de rebelión por el Tribunal Supremo y la reivindicación del derecho a la autodeterminación.

El representante de la Generalitat informó de que el Gobierno se comprometió a pagar 759 millones de euros a la Generalitat, en base al cálculo a 2008 de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía -inversión del Gobierno en Cataluña en función del PIB catalán respecto al nacional-, y que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2010, dejó sin efecto para el Ejecutivo. Durante los próximos cuatro ejercicios, el Gobierno incluirá en los Presupuestos Generales del Estado una partida para cumplir el acuerdo sellado ayer. Los primeros 200 millones se incluirán en las cuentas de 2019, si finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez consigue aprobar los presupuestos en las Cortes Generales.

El segundo acuerdo hace referencia a la financiación de los Mossos d’Esquadra. El Gobierno transferirá a la Generalitat 700 millones de euros adicionales , también durante los próximos cuatro años y reflejándolo en los presupuestos nacionales. Para el del año próximo, el Gobierno deberá especificar una partida de 159 millones para cumplir el acuerdo entre administraciones. Y en los próximos dos meses se concretará el seguimiento hasta llegar a los 700 millones de euros al que asciende el monto.

Junto a esta seguidilla de inversiones y recursos, el Estado asumirá el primer tramo de 2.773 millones de deuda a corto plazo de la Generalitat, un 60% de los 4.543 que tiene en préstamos a menos de un año, según el Banco de España. Estos 2.773 millones obedecen al pasivo estructural. «No fue una cantidad negociada, sino comunicada desde el Ministerio», apuntó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien señaló que desde la Generalitat querían una reestructuración mayor.

Como fuere, esta medida aliviará la situación financiera del Govern y Aragonés abrió la puerta a que posibilitará futuras mejoras de calificación de las agencias de «rating» a la comunidad. La propia Standard and Poor's abrió la puerta a ello hace unas semanas ante el anuncio de esta medida. Como el FLA solo cubre deuda a largo plazo, este montante a deber con los bancos acuciaba a la Generalitat desde hace un par de años: en 2016 el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, acordaron esta reestructuración, pero el departamento de Hacienda de Cristóbal Montoro se opuso

Si bien el encuentro fue entre Aragonés y las secretarias de Estado del Ministerio de Hacienda, fue la titular de la cartera, María Jesús Montero, la que explicó las conclusiones al acabar la reunión. Montero abrió la puerta a que la propia comunidad busque recursos o se endeude para cubrir los 2.773 millones, sin que el FLA intervenga. Sin embargo, ahora mismo Cataluña depende exclusivamente de la financiación del Estado al tener los mercados cerrados. El propio Aragonés señaló que sería el FLA el que cubriría estos 2.773 millones. La Comisión Mixta Gobierno-Generalitat volverá en un plazo máximo de dos meses.