La espiral inflacionista y su impacto en los sueldos acechan al rebote económico

Argumenta este economista que las subidas que se pacten en los convenios colectivos deberán tener en cuenta «el comportamiento desfavorable de la productividad del trabajo y la reducción de los márgenes para el conjunto de la economía respecto a los niveles anteriores a la pandemia». Desde diversos frentes ya se viene destacando la idea de que el alza del empleo está llevando aparejado una fuerte pérdida de productividad. Cepyme ha sido la última patronal en apuntarlo y en avisar de que las empresas están asumiendo continuos incrementos de costes sin verse acompañados de una recuperación de la actividad, mientras se mantiene o crea empleo, lo que, apunta, se traduce en una pérdida de productividad. La patronal que dirige Gerardo Cuerva sostiene que «el buen comportamiento del mercado laboral refleja la responsabilidad de las empresas para mantener las plantillas en momentos en los que la actividad económica aún no se ha recuperado plenamente, tal como refleja la revisión a la baja del PIB y el empeoramiento de las expectativas de nuestro país en el que coinciden todos los organismos, que retrasan a 2023 la recuperación de la actividad productiva a niveles precrisis».

Como ya informó ABC, el encarecimiento del coste de la vida que ha traído consigo la vuelta a la actividad tras el parón impuesto por la pandemia no solo ha agujereado la cesta de la compra de las familias, también impacta en partidas vinculadas al IPC , como las pensiones, y añade presión en otras, como los sueldos, dibujando un escenario perfecto para la conflictividad laboral.

Los sindicatos ya han avisado de que darán la batalla por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que asegura un choque con los empresarios, que piden prudencia en un momento de máxima incertidumbre. Lo cierto es que el avance del IPC adelantado de diciembre reflejó una tasa anual de los precios del 6,7%, el dato más alto desde marzo de 1992 y muy alejado del 1,49% de media en los salarios pactados en la negociación colectiva hasta noviembre.

Junto a los salarios, la primera parte de la reforma de las pensiones emprendida por el Gobierno es motivo de intranquilidad para los economistas por su apuesta por ligar la nómina de los jubilados a la evolución de los precios, entre otras medidas. «Se ha optado por la revalorizacíón con el IPC , trasladando al Estado el déficit de las pensiones y rompiendo el principio de separación de fuentes», avisa Doménech. Para este economista, medidas como el alza del 0,6% en las cotizaciones que contiene la reforma enviada a Bruselas para pagar las pensiones, la demora de ajustes hasta 2033 o los incentivos que se han puesto en marcha para retrasar la edad de retiro «irán aumentando gradualmente el déficit previsto y lo trasladarán al Estado».

Asegura también el economista de BBVA Research que las medidas por las que ha apostado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, «incrementan las cotizaciones, encareciendo la creación de empleo y reducen la equidad intergeracional, a cambio de una mayor carga impositiva sobre las generaciones más jóvenes». Añade Rafael Doménech que el déficit existente en las pensiones y su aumento previsto en las próximas décadas, en unos 3 puntos del PIB adicionales, se traducirán en un importante aumento de la presión fiscal, tanto para empresas como para trabajadores».