Los españoles necesitan siete años de ingresos para comprar una vivienda

El estudio, que toma como base los datos del Banco de España, recuerda que en el preludio de la anterior crisis económica, motivada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, el esfuerzo para comprar una vivienda alcanzó los 9 años de renta bruta. Cuando estalló la recesión este indicador cayó de forma brusca. Y desde comienzos de 2015 mantiene un incremento continuo, que lo ha dejado en los 6,99 años actuales.

Un recorrido similar mantiene el esfuerzo económico de los hogares para pagar su vivienda. Es decir, el porcentaje de ingresos que destinan al pago del alquiler o la hipoteca . El indicador publicado por el Ministerio de Transportes, que excluye las deducciones fiscales, se mantuvo durante 2016 y 2017 cercano al 29%. Durante los dos siguientes años se incrementó paulatinamente, hasta alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2019, cuando alcanzó el 31%. Desde entonces ha caído ligeramente, situándose en el 30,4% durante los tres primeros meses de 2020.

La previsión es que este porcentaje crezca con fuerza en los próximos meses. Si bien es cierto que el precio de la vivienda está cayendo en determinadas zonas, tiene mayor impacto en el indicador la destrucción de empleo generada por la pandemia . Según los estudios del sector inmobiliario, el esfuerzo económico para pagar una vivienda no debería superar el 30%.

El informe de Transportes también pone de manifiesto que el porcentaje de créditos dudosos para la adquisición de vivienda se situó en el 3,43% en el primer trimestre. El porcentaje es similar al registrado el trimestre anterior, pero también supone el primer incremento de e sta tasa desde finales de 2017 . Entonces, el porcentaje de créditos dudosos de este segmento se situaba en el 4,69%.

El departamento dirigido por José Luis Ábalos presentó el jueves el último número del «Observatorio de Vivienda y Suelo», mientras que ayer abrió a consulta pública la futura Ley Estatal de Vivienda. Una norma que nace con el objetivo de «blindar la función social de la vivienda» y en la que Unidas Podemos pretende incluir un mecanismo para que los ayuntamientos y las comunidades puedan limitar los precios del alquiler.