El entonces ministro Soria y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal
El entonces ministro Soria y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal - ISABEL PERMUY

España pierde otro arbitraje internacional por el recorte a la renovables del PP

La Cámara de Comercio de Estocolmo condena a nuestro país a indemnizar con 53 millones de euros a una empresa luxemburguesa

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España ha perdido su segundo arbitraje internacional por los recortes retroactivos que impuso la reforma del ministro José Manuel Soria al tejido renovable en suelo español en 2013. La Cámara de Comercio de Estocolmo ha dictado un laudo contra el Reino de España que le obliga a pagar 53 millones de euros a una entidad de Luxemburgo.

El denunciante fue Novenergía, un inversor que tiene varias instalaciones fotovoltaicas en Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia, y que consideró que los recortes impuestos por el Gobierno eran muy lesivos para sus intereses.

Hay que recordar que aquella reforma fue elaborada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Este es actualmente secretario de Estado de Presupuestos y hermano gemelo del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Esta es la segunda condena a España después de que en mayo de 2017 perdiera en el Ciadi (dependiente del Banco Mundial) otra demanda que había puesto Eiser, otro inversor luxemburgués.

Desde la primera demanda presentada en 2011 contra la reforma del sector llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero hasta hoy, solo se han resuelto cuatro arbitrajes de los 32 presentados contra el Reino de España: tres en Estocolmo, dos favorables a nuestro país y este último en contra, y uno en el Ciadi, también favorable a los demandantes. Este tribunal condenó a España en mayo pasado a una multa de 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de primas provocó a tres plantas termosolares del fondo británico Eiser Infrastructure.

De los 32 arbitrajes incoados contra nuestro país en distintos organismos internacionales por las demandas presentadas por inversores extranjeros en España, uno está en Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas); tres en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo -ya resueltos-, y 28 ante el Ciadi (Banco Mundial). La suma de las indemnizaciones que solicitan los denunciantes supera los 7.000 millones de euros.

Para Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) «el quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaica es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que, por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y abandone a sus nacionales». Y recurda que Anpier ha venido denunciando durante los últimos años «el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarías».