España ocupa un discreto puesto 26 entre los 140 países analizados en el índice de referencia de la competitividad global
España ocupa un discreto puesto 26 entre los 140 países analizados en el índice de referencia de la competitividad global - FOTOLIA

España, el país de la regulación infinita

La Comisión Europea da otro varapalo a a nuestro país por la fragmentación normativa y constata el «efecto limitado» de la Ley de Unidad de Mercado

Madrid Actualizado: Guardar
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Una maraña legislativa en la que se enreda la competitividad. Trincheras normativas en la era de la globalización y la hiperconexión. De un modo inusualmente contundente, la Comisión Europea volvía a advertir recientemente del impacto que tiene sobre las empresas una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española: la unidad de mercado. «El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España impide a las empresas aprovechar las economías de escala», estrangula su crecimiento y es una de las razones de «la brecha de productividad» frente a otros Estados miembros y de la «menor capacidad de absorción de conocimientos y tecnología». Las recomendaciones para España extraídas de los datos del balance del Semestre Europeo 2019 no podían ser más claras.

El problema no es precisamente nuevo, pero no deja de engordar. En el último Global Economic Competitiveness Report del World Economic Forum, el índice de referencia de la competitividad global, España ocupa un discreto puesto 26 entre los 140 países analizados. Con una notable fortaleza en variables como infraestructuras, salud y tamaño de mercado, el talón de Aquiles de nuestra economía está precisamente en el contexto normativo. No aparecemos hasta el puesto 89 en el apartado «Eficiencia del marco regulatorio» (cayendo desde el puesto 76 de la edición anterior). «Estamos en niveles similares a países como Guinea e Irán y muy alejados de Alemania, que, con un modelo territorial parecido al de nuestro país, ocupa la 7ª posición en esta variable», apunta Alicia Coronil Jónsson, directora de Economía del Círculo de Empresarios. El puesto 81 en el apartado de «Tiempo para empezar un negocio» también es bastante indicativo del enraizado problema de burocratización.

Las recomendaciones de la Comisión subrayan que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, aprobada hace un lustro, ha tenido unos «efectos limitados». Como explica Bernardo Aguilera, director del Área de Asuntos Regulatorios y Europeos de CEOE, esta normativa «trataba de emular de alguna manera la técnica legislativa que se utiliza en la UE con el tema de las directivas para el mercado interior». Pero la norma pronto se enfrentó a varias sentencias del Tribunal Constitucional que venían a anular el principio de «eficacia nacional» sobre el que giraba, y cerraban las puertas a una regulación armonizada. Y aunque la ley «sí conserva principios muy importantes como el de necesidad y proporcionalidad, es cierto que ha perdido fuelle», reconoce Aguilera. El director del Área de Asuntos Regulatorios de CEOE cree que las actuaciones de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (Secum), el supervisor encargado de elaborar informes a partir de las denuncias sobre obstáculos o barreras relacionadas con la aplicación de la ley en las comunidades autonómas, «no se han acabado de materializar, lo que ha provocado un cierto cansancio». No pasa igual, apunta, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, «que es la gran valedora de la ley, y ya ha presentando 50 recursos desde que se aprobó».

España ocupa el puesto 89 en el ranking mundial de «Eficiencia del merado regulatorio»

Javier Millán-Astray, director general de Anged, la patronal de la gran distribución, coincide en el diagnóstico: «La Secum, en base a lo que dice la ley, debería haber sido mucho más activa. Prácticamente se ha convertido en un intermediario que recibe las quejas de los agentes privados y se limita a trasladarlas a la administración autonómica correspondiente, pero no va más alla. Creemos que la Secum debería hacer informes más rigurosos y detallados e incluso advertir a las comunidades de los incumplimientos y promover las correspondientes acciones judiciales. Pero su papel se ha quedado muy corto». Millán-Astray considera que el otro gran problema que ha frenado la ley es que «no ha ha habido voluntad política por parte de las comunidades para promover esa unidad de mercado. No se ha cumplido con el espíritu de cooperación administrativa que latía en la ley. La norma viene a decir que cuando una administración establece una regulación que suponga una barrera o una restriccion debía justificarlo por una razón de interés general y obedeciendo al principio de proporcionalidad, pero eso no ha ocurrido en la mayoría de los casos».

«Vemos que falta una cierta voluntad de avanzar en el marco de las conferencias sectoriales, las reuniones del ministro de un determinado ramo con los consejeros autonómicos. Es ahí donde pensamos que se debería escuchar al sector privado para intentar frenar las distorsiones del mercado español», apunta además Aguilera.

Y mientras, el nudo regulatorio se hace más fuerte. «En 2018, las comunidades aprobaron 271 nuevas normas, un 7,1% más que en 2017, hasta un total de 1.695 desde 2012. Así, se ha desarrollado un marco regulatorio con elementos claramente diferenciadores entre sí, que exige una estrategia decidida y consensuada por parte de los partidos políticos para impulsar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado», explica Coronil Jónsson. Sin embargo, la directora de Economía del Círculo de Empresarios subraya que «este escenario es complicado dada la fragmentación política y las últimas decisiones del Gobierno Central, transfiriendo la toma de decisiones a las comunidades y ayuntamientos en cuestiones referidas a nuevos modelos de negocio, que requieren una regulación a nivel nacional».

Diecisiete intrepretaciones distintas de cada norma, sin contar con las crecientes variantes muncipales, que complican la actividad empresarial en general, aunque la Comisión subraya que la situación es especialmente compleja para el comercio. En 2017 ya señaló a España como la segunda economía europea con más restricciones operativas para esta actividad. Y ha vuelto a poner el dedo en la llaga en su reciente informe: «Las restricciones en los servicios minoristas siguen siendo elevadas», asegura. «La normativa que regula el comercio está hecha en los años 90 y no tiene en cuenta que lo que se está desarrollando ahora, y a velocidad de vértigo, es el comercio electrónico. Nosotros tenemos barreras de entrada en muchas comunidades, y en la mayoría las grandes superficies solo pueden abrir diez domingos y festivos... Y también está la barrera fiscal. Las plataformas digitales están sometidas a un gravamen del 9% y el comercio físico a una media del 23%. Es una situación insostenible. No pedimos que aumenten las barreras para el comercio electrónico, pero sí que podamos competir en igualdad», concluye Millán-Astray. Pero, de momento, todas las llamadas a la unidad de mercado son perdidas.