España no encuentra el norte en la lucha contra el paro

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tocó la tecla adecuada la semana pasada al elaborar un informe que desmontaba el funcionamiento y eficacia de estos programas. Y fue contundente: las políticas activas de empleo están descontroladas. El estudio explica que hay «claras deficiencias» en el sistema que ponen en cuestión la calidad del gasto de estas partidas y habla, específicamente, de falta de trazabilidad a la hora de conocer qué se hace con los fondos y qué efectos reales tienen. Incluso, destaca la dificultad que hay para determinar la cantidad exacta de recursos económicos que se dedican a ello. La Autoridad Fiscal valora el gasto entre 6.100 y 6.500 millones anuales, de los cuales, en el periodo analizado, más de 1.400 millones tenían como destino el Plan Prepara; ese plan, para la Airef, resulta ser un fracaso por su tan baja empleabilidad de los que lo disfrutan y porque quienes reciben durante el tiempo estipulado la prestación incluida en el programa optan en muchas ocasiones por no buscar trabajo al mismo tiempo.

La Comisión Europea dio la segunda voz de alarma este mes. Cargó contra el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) y, en general, contra cómo España está gestionando el problema del paro. Apunta directamente a la escasa eficiencia del sistema de formación y orientación, así como a la empleabilidad de los servicios públicos de empleo. Otro golpe, pero no aislado. Los agentes sociales tienen mucho que decir; especialmente cuando el paro juvenil -hasta 25 años- y de larga duración -12 meses o más- se sitúan en el 34,3% y el 41,7%, respectivamente. Dos problemas estructurales de esta España.

«Las políticas siempre han estado más orientadas a los trabajadores que a las necesidades de las empresas. Para lograr conjugar oferta y demanda habría que determinar lo que necesitan las empresas y, en función de ello, llevar a cabo una actividad de formación y orientación», explican fuentes del departamento de laboral de CEOE. Y añaden: «Hay que potenciar la colaboración público-privada y dar entrada dentro del sistema a las compañías». Como ejemplo de éxito sitúan a las agencias de colocación, que visitan los centros de las empresas para conocer de primera mano los puestos que ha de cubrir el empleador.

Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras (CC.OO.), explica que en el centro de todo tienen que estar los parados, sin olvidar las empresas. «Proponemos un itinerario individualizado desde el principio. Hay que marcar acciones para el desempleado en función de las necesidades de esa persona y las posibilidades de las ofertas de empleo. La clave está en la detección de necesidades», asegura. Desde Unión General de Trabajadores (UGT), por su parte, no atendieron la petición de entrevista de este periódico, aunque en su último comunicado al respecto sostienen que «las políticas no están regidas ni enfocadas por el principio general de que el centro de las mismas son las necesidades de los desempleados y las demandas del mercado de trabajo».

Al mismo tiempo, desde el sindicado CC.OO. inciden en la política de recortes durante los años de la crisis. «No solo se dejó de invertir, sino que se recortó el prespuesto cuando más se necesitaba porque estaba aumentando el paro . Principalmente se recortó en recursos humanos», defiende Santillana. Lo cierto es que los datos muestran que de 2011 a 2012 se pasó de 7.329 millones presupuestados para políticas activas de empleo a 5.765 millones. El suelo llegó en 2013 con 3.772 millones; la reducción de la partida fue de un 54% en cuestión de dos años. Y esos niveles nunca se han vuelto a recuperar, pese al vigoroso crecimiento económico de nuestro país estos años, superior al 3% en algunos ejercicios.

Desde CC.OO., sin embargo, sí valoran positivamente las medidas del Plan de Choque por el Empleo Joven. Concretamente, la contratación de 3.000 orientadores para las oficinas de empleo para lograr una mejor reinserción de los parados.

Un punto en el que patronal y sindicatos coinciden, pero otros muchos en los que difieren. Es el caso de cómo encuentran las empresas a nuevo personal. A juicio de CEOE, «los datos ponen de manifiesto que ni las compañías ni los trabajadores utilizan como primera medida los servicios públicos de empleo. Habría que mejorar la puesta en contacto y tener una mayor coordinación entre los ámbitos nacional, autonómico y local». En cambio, desde Comisiones Obreras hablan de que «es necesaria la conexión con las empresas», pero en un sentido distinto: «Tienen que usar el servicio público para tramitar las ofertas. aunque la mayoría lo que quieren es hacer sus propios procesos de selección; la posición de la patronal es echar la culpa a que no encuentran perfiles en las oficinas, pero es que prefieren hacer sus procesos de selección».

Las bonificaciones a la contratación son otro de los grandes puntos de encuentro entre los agentes sociales. La Airef constata que el 40% del presupuesto se destina a este epígrafe -otro 25% a formación, otro 15% a orientación y el 20% restante a otras iniciativas, como el apoyo a emprendedores-. Otro aspecto ineficaz para la Autoridad Fiscal que no favorece la empleabilidad. La CEOE explica que «el empresario, si lo necesita, contrata. Las bonificaciones no son un aliciente, sino que lo que se necesita es una reactivación del mercado laboral que determine que las empresas tengan una estabilidad y un marco jurídico estable que les permita llevar a cabo su actividad para poder continuar contratando».

UGT se mostró en su última nota de prensa favorable a reducir los incentivos. Y CC.OO. detalla a este diario que estas medidas «no funcionan». Y concretan que «las empresas que se ven bonificadas suelen dejar al trabajador que contratan el tiempo que marca la norma para que no le quiten la ayuda». Llegados a este punto, patronal y sindicatos unen posturas y ambos estiman que los sucesivos gobiernos han creado una maraña de incentivos que no hace más que complicar la situación; fomentar la contratación de absolutamente todo no es la solución, dicen.

Todo ello también criticado por la Airef, que parece haber sumado las posiciones de los agentes sociales. Un varapalo a los diferentes gobiernos y coincidencia con patronal y sindicatos. Aunque UGT y CC.OO. desgranan que el informe de la institución se deja aspectos fuera -como que se recortó el presupuesto en la crisis-, se unen a su petición de que es fundamental contar con un control estricto de qué fondos se dedican a políticas activas, a qué partidas y con qué efectividad. En suma, que no basta con destinar dinero sino que hay que fiscalizarlo.

«Se reclaman incentivos para que las oficinas de empleo y los programas de las comunidades autónomas sean eficaces», dice José Luis Álvarez, profesor de Economía de la Universidad de Navarra. Y prosigue con una propuesta a futuro, en línea con la postura de la Airef: «Si eres eficiente y logras resultados, te vamos dando más recursos; pero si no lo eres, te exigiré que cambies las políticas con los recursos que tienes». Una especie de pago por resultados o pago por cada desempleado colocado en el mercado laboral .

Pese a todo, España arrastra otro lastre que va más allá de los servicios públicos de empleo: la formación. En nuestro país había 1.575.579 estudiantes de universidad en el curso 2017/2018 y apenas 791.385 alumnos de formación profesional en el 2016/2017 -último con datos en esta rama-. «Tiene que haber mayor conexión entre la FP y la formación para el empleo . El mundo ha cambiado mucho y la formación ya no es un carril de una única dirección. Ahora es una red de vías que se entrecruzan y conectan, y ahí la FP puede ayudar mucho a abrir perspectivas laborales», detalla Álvarez.

El problema, explica este experto, radica en el modelo español. Hay algo imbuído en la cultura de que no estudiar en la universidad es sinónimo de fracaso. Y no pueden estar más equivocados: «Hay un elemento cultural de que tienes que formarte para estudiar una carrera; de esta manera, la formación profesional se convierte en un itinerario marginal y creas un exceso de graduados que no tienen salida porque el mercado no lo demanda».

Un cúmulo de asuntos por resolver en los que España no se ha puesto seria. Casi un 15% de paro muestra que las políticas han fracasado. Lo dice la Airef, la patronal y los sindicatos, además de las cifras. Los agentes sociales inciden en tomar nuevas medidas, reducir la complejidad y establecer mecanismos de fiscalización de las decisiones. Especialmente para que el SEPE -antiguo INEM- sea llamado por fin Servicio Estatal Público de Empleo y no «El Paro». Porque, tal como recuerda el experto de la Universidad de Navarra, la realidad es que las personas no van a las oficinas ilusionadas por encontrar trabajo, sino que van «al Paro», a tramitarlo, a cobrarlo, para suplir las carencias de las políticas activas de empleo. Y eso ya -las políticas pasivas- son otra historia.