El vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, junto a la ministra de Economía, Nadia Calviño
El vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, junto a la ministra de Economía, Nadia Calviño - EFE

España debe afrontar un ajuste de 8.000 millones hasta 2020 para cumplir con Bruselas

Bruselas pedía un ajuste estructural del 0,65% del PIB este año que el Gobierno debe cumplir pese a que no haya Presupuestos

MADRIDActualizado:

La caída de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados convierte el cumplimiento del objetivo de déficit en una misión imposible. Así lo advirtió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la defensa del proyecto de ley hoy fallido y así lo admitió a la salida del Pleno que ha votado el rechazo de sus cuentas: «Sin unos nuevos Presupuestos el déficit oscilará entre el 2,2% y el 2,4%, cifras que están fuera de los parámetros de Bruselas. Ahora tendremos que ver cómo podemos hacer para evitar que el déficit público suba hasta ese nivel», explicó, añadiendo que trabajará para «recomponer la situación y se arbitrará un procedimiento para que la prórroga presupuestaria sirva para atender necesidades urgentes y controlar el déficit».

Una situación que desde la Comisión Europea contemplan con atención. Tanto la Autoridad Fiscal como el Banco de España coinciden con el Gobierno en que, sin Presupuestos y las subidas de impuestos que acarreaban, el déficit engordará con más fuerza. Y ello perjudica a la reducción del déficit estructural, es decir, aquel que no depende del ciclo económico sino de subidas de ingresos o recortes de gastos duraderos. Cuando la economía crece como lo ha hecho en los últimos años, la recaudación sube a rebufo de la actividad y los gastos se reducen frente al PIB, incluso si no se toma ninguna medida. Por eso, Bruselas reclama un ajuste estructural que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

Como España redujo el déficit del 3% del PIB el pasado año, el comisario económico, Pierre Moscovici, ya anunció hace unas semanas que nuestro país saldrá del brazo correctivo de la Comisión Europea en mayo. El llamado Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), en el que España está desde 2009, queda atrás.

Sin embargo, al caer en el brazo preventivo desde mayo, Bruselas pasa de controlar el déficit a hacerlo sobre el ajuste del desequilibrio estructural. Para 2019 reclama una reducción del 0,65% del PIB, unos 8.000 millones de euros -que en un inicio era del 1% y después relajó-. Y si no hay cuentas y este ajuste es nulo, el recorte se retrasará a 2020. Será entonces cuando el Gobierno deberá acometer el recorte. En abril de 2020 será cuando la Comisión constate el incumplimiento y reclame a España medidas.

España tenía un margen de 0,5 puntos del PIB para desviarse de este objetivo del 0,65% del PIB en 2019 y 2020, de forma que lo que consumiera un año lo dejaba de tener el siguiente. Sin embargo, si no hay Presupuestos ni subidas de impuestos y sí incrementos del gasto, la reducción del déficit estructural superará en 0,5 puntos el 0,65% del PIB que fijó Bruselas. Y ello provocaría que en la primavera de 2020, la Comisión Europea pueda abrir un procedimiento de desviación significativa, en el que España contaría con un plazo de entre tres y cinco meses para corregir la desviación, es decir, tendría hasta entonces para presentar un ajuste de estos 8.000 millones que pedía para este año si no lo ha hecho antes.

Si España no hiciera nada tras este plazo podría arriesgarse a un abanico de amonestaciones que llegan hasta las sanciones. Una situación paradójica para un Gobierno capitaneado en lo económico por la que hasta hace unos meses era la directora general de Presupuestos, Nadia Calviño, ahora ministra de Economía.

Hasta ahora, al tener un déficit por encima del 3% del PIB, la Comisión evaluaba a España según los objetivos de déficit que si incumplía, podían encadenar sanciones y generaban un control más estricto

Ahora, aunque pasaría al lado preventivo, España también tendrá obligaciones. Entre ellas asegurar un mínimo de reducción del déficit estructural -sobre el que España no ha actuado en años-, que el gasto no crezca en conjunto más de un 0,6% y que la deuda se reduzca en unos dos puntos al año a partir de 2021, ya que al salir del PDE, España entra en un periodo de transición, el Ajuste Mínimo Lineal Requerido, en el que el requerimiento de la deuda no rige pero sí el del ajuste estructural.

Lo cierto es que la Comisión Europea en su informe sobre el plan presupuestario apuntaba a un riesgo de «desviación significativa», ya que frente al objetivo de reducir el déficit estructural en 0,4 puntos para 2019 que presumía el Gobierno, la impresión de la CE era que el desequilibrio no bajaba nada. Asimismo, la Airef calculó que los Presupuestos de 2019 incumplían la regla de gasto europea en 12.000 millones.

La ausencia de cuentas confirma este escenario. Desde Hacienda aún desconocen qué medidas adoptar. Su predecesor, Cristóbal Montoro, aprobó un decreto para controlar el gasto en la prórroga de 2018 que recortó el techo de gasto previo. El panorama político enturbia el horizonte fiscal de España pero el ajuste no espera.