España, el cuarto país de la UE con menos incentivos fiscales a planes de pensiones

Un incentivo que puede ser menor el año que viene, ya que el Ejecutivo baraja eliminarlo o reducirlo. Los planes de pensiones tienen una reducción fiscal en la base del IRPF sobre el límite de 8.000 euros anuales , una exención que, como constata la Autoriad Fiscal en su informe evaluando las bonificaciones fiscales, existe en casi todos los países analizados.

Este beneficio fiscal a los planes de pensiones supone un coste fiscal de 1.643 millones de euros, pero la cantidad cae a 450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento, es decir, lo tributado una vez que se han rescatado las aportaciones hechas. La Airef señala que tiene un carácter regresivo desde el punto de vista de que su uso se da, con mayor intensidad , entre las rentas altas, si bien la propia institución recoge que precisamente el diseño de la reducción beneficia, sobre todo, a las rentas bajas.

Ello es así porque puede suponer un ahorro fiscal mayor, ya que al rescatar lo ahorrado estas rentas suelen pagar un marginal de IRPF menor que en el momento de hacer la aportación: es decir, en su caso sí hay una reducción de la factura fiscal , algo que no ocurre con tanta claridad entre las rentas altas, que simplemente aplazan el pago del impuesto. El IEE señala que la regresividad de la bonificación en la aportación desaparece en el rescate de lo ahorrado en la jubilación por esto. Como fuere, la Airef propone revisar el incentivo pero no eliminarlo.

Ahora el Ejecutivo estudia reducir aún más el límite de aportación que se beneficie de la reducción fiscal o suprimir el beneficio fiscal. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá , ha defendido en numerosas ocasiones esta fórmula, para potenciar los planes de ahorro de empresa, con aportaciones adicionales de Estado y empleador por cada una del trabajador. Sin embargo, el IEE señala que ambas medidas son complementarias. Máxime cuando España tiene una tasa de ahorro por debajo de la media : frente al 7,4% de la renta de los hogares, las familias europeas dedican de media un 12,27%.

Otro de los frentes abiertos en el departamento que lidera Escrivá es el de la cotización de los autónomos. El Gobierno está actualmente negociando con las asociaciones de autónomos para encontrar la manera en la que acabar con el sistema de bases de cotización por el que se rigen actualmente los autónomos e implantar un nuevo sistema de tramos para que coticen por sus ingresos reales. Sin embargo, fuentes cercanas al ministerio aseguran que « no se esperan novedades a corto plazo» y señalan que actualmente están hablando con las asociaciones para después preparar el borrador.

El propio Escrivá ya avanzó en su última comparecencia en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso que había comenzado a cruzar datos con la Agencia Tributaria para implantar una estrategia por tramos que permita a cercar la cotización de este colectivo a los ingresos reales y que sea «sostenible» en el tiempo. El ministro auguró entonces que un porcentaje elevado de autónomos verá reducidas sus cotizaciones, aunque reconoció que otros muchos tendrían que subirlas.

Las propias asociaciones de autónomos mantienen discrepancias en este sentido. Desde ATA, Lorenzo Amor, su presidente, denunció ayer que, aunque tiene «todo el sentido que quien gane más pague más y quien gane menos pague menos» , no es el momento de hacerlo «en el contexto actual ni parece factible desde un punto de vista operativo y práctico». Este sistema se traduciría, según ATA , en un aumento de las cotizaciones para el 70% de los autónomos y afectaría a más del 90% del colectivos en 2021 si se toman los datos de referencia de 2019. Por su parte, Upta ha sido tradicionalmente la asociación más favorable a esta reforma. Ayer, su presidente Eduardo Abad valoró muy positivamente la iniciativa aunque reclamó diálogo para su puesta en marcha.

La pretensión de esta reforma, sin embargo, viene de lejos. En noviembre de 2018, Pedro Sánchez firmó un acuerdo con las principales asociaciones de trabajadores autónomos en el que, entre otras cuestiones, se comprometía a buscar en el primer semestre de 2019 «un consenso con los distintos actores sociales con el objetivo de establecer un sistema de cotizaciones en el régimen especial de trabajadores autónomos basado en los ingresos reales» . Sin embargo, la disolución de las Cortes y las elecciones celebradas en abril hicieron imposible ni siquiera intentar este consenso.